Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 04 de mayo de 2010. Ante este escollo, los PDUC contrataron a distinguidos profesionales para que “solucionaran” los problemas y así fue como en los inicios de este año el mismo gobierno regional “autorizó” tres nuevas resoluciones aprobatorias de dichos proyectos. Pero para ello fue indispensable que previamente el Ministerio de Vivienda promoviera una nueva modificación al PRMS, ahora respecto de la vialidad metropolitana allí consignada: sólo así estos PDUC serían viables. En líneas generales, los instrumentos de planificación territorial (planes reguladores comunales e intercomunales) contemplan una clara división en el uso del suelo, a saber: (1) sectores aptos para el desarrollo urbano, incluidas las zonas de expansión, con un trazo que define su límite y (2) todo el resto considerado rural o agrícola que, por razones obvias, se encuentra excluido de las actividades inmobiliarias, aunque debido a una mal concebida modificación del artículo 55 de la ley respectiva, desde hace seis años se pueden ejecutar conjuntos de viviendas de hasta mil UF en los sectores rurales de Chile. Por los problemas ambientales que tenemos en la Región Metropolitana, a partir de mayo de 1998 está vigente el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), el que desgraciadamente ha sufrido diversos cambios que lo han ido desnaturalizando. Uno de ellos tiene relación con la derogación en 2001 de la medida que prohibía seguir expandiendo horizontalmente la ciudad hacia los territorios rurales definidos como de interés silvoagropecuario, áreas de valor natural y otras de preservación, como las áreas verdes proyectadas y consolidadas. Como correlato de ese cambio normativo, en 2003 se introdujo una modificación en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) mediante la cual en los sectores rurales de las comunas periféricas de esta saturada megalópolis se permitirían los denominados Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), figura que haría posible la actividad inmobiliaria sí y sólo sí, como proclamaba el discurso oficial, cada titular del proyecto asumía íntegramente las externalidades negativas generadas por su intervención, conforme con lo que ordenaba el introducido artículo 8.3.2.4 a ese PRMS. De paso, esta prebenda casualmente no se hacía extensiva a los territorios rurales fuera de Santiago. (¿Demostración de centralismo?). Así, en 2005 se presentaron a tramitación tres PDUC en 2 mil 500 hectáreas en la comuna de Pudahuel, cuyos nombres de fantasía son Urbanya, Enea y Ciudad Lo Aguirre, pertenecientes a los conglomerados económicos Santa Cruz-Yaconi, Endesa y Hurtado-Vicuña, respectivamente. Para impresionar a la opinión pública, sus voceros informaban que sus inversiones eran del orden de los 3 mil millones de dólares. Como era de esperarse, sus proyectos ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) vía simples “declaraciones”, las que fueron aprobadas en 2007 sin mayores objeciones por la disciplinada Corema. Por su parte, el gobierno regional metropolitano, suponemos ignorante de la regulación específica de estos tres proyectos, los autorizó sin más en 2008. Ello nos obligó a denunciar ante la Contraloría General de la República el mal actuar de ese organismo público colegiado, debido a todas las ilegalidades pasadas por alto por ese incompetente ente administrativo. El 27 de marzo de 2009 el servicio contralor, vía dictamen Nº 16026, acogió nuestra acusación y las de otros y rechazó los tres proyectos por diversas razones, siendo la más grave la referida a que en las “aprobaciones” no existían los planes de inversiones privadas necesarios para mitigar los impactos negativos, ni las forzosas expropiaciones para las extensas vialidades requeridas, todo lo cual importaba cuantiosas sumas de dinero que los particulares pretendían ahorrarse: ¿colusión público privada o negligencia? Ante este escollo, los PDUC contrataron a distinguidos profesionales para que “solucionaran” los problemas y así fue como en los inicios de este año el mismo gobierno regional “autorizó” tres nuevas resoluciones aprobatorias de dichos proyectos. Pero para ello fue indispensable que previamente el Ministerio de Vivienda promoviera una nueva modificación al PRMS, ahora respecto de la vialidad metropolitana allí consignada: sólo así estos PDUC serían viables. El traje a la medida se llamó Resolución Nº 12, emitida el 9 de febrero de 2010, en las postrimerías del gobierno anterior, acto administrativo del que ¡oh sorpresa! por sus incoherencias la Contraloría tomó razón de ella “con alcances”. Luego de esta acrobacia normativa, el gobierno regional envió a la Contraloría los tres fatigados PDUC para su toma de razón, pero este agudo servicio detectó nuevas y serias irregularidades. Por ello, mediante los dictámenes 21.511, 21.512 y 21.513, del 26 de abril de 2010, devolvió sin aprobar, a su díscolo remitente las resoluciones de estos tres negocios. Si los lectores desean conocer sus contenidos pueden acceder a la página web de la Contraloría. Nuestra fundación está consciente de que la capacidad de carga de la cuenca de Santiago no acepta mayores intervenciones, sobre todo por los impactos ambientales: entre otros, mala calidad del aire, ausencia de buenos vertederos, creciente congestión vehicular y déficit de agua en los acuíferos. A pesar de lo anterior, los reseñados tres PDUC, quienes ya han invertido sus dineros para posibilitar sus intrusiones, contratarán a otros asesores para que, con nuevas resoluciones administrativas, finalmente la Contraloría les dé el visto bueno y así se amplíen los límites urbanos de esta región que concentra 43% de la población del país. Así las cosas, ¿las nuevas autoridades del Ministerio de Vivienda estarán dispuestas a exigir que los privados, en el ámbito de ciudad, asuman los costos sociales y ambientales que generan? Ésta es la cuestión de fondo.