Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en revista El Periodista el 30 de abril de 2010. Vimos el lunes pasado en la TV a los valientes profesionales que se atrevieron a denunciar públicamente al sacerdote Karadima y nos impresionaron los términos de sus concretos cargos que datan, en algunos casos, desde el 2003. La jerarquía eclesiástica chilena pretendió silenciar el comportamiento impropio de uno de sus más conocidos clérigos, pero se encontró con la tozudez de estos ex miembros de la Acción Católica de El Bosque quienes, en su juventud, quedaron obnubilados con las prédicas del hoy delatado. A raíz del revuelo mediático causado, recién ahora la Iglesia Católica está asumiendo su responsabilidad y los tribunales de justicia tendrán que dilucidar la conflictiva situación, lo que es demostrativo de la importancia que tiene la prensa en esclarecer hechos que los diferentes grupos de poder tratan de ocultar. Los abogados defensores de Karadima sostendrán que los hechos se produjeron cuando los acusadores eran mayores de edad y que esas prácticas eran demostrativas del afecto que él les prodigaba a sus discípulos, las cuales fueron mal interpretadas por satánicas influencias de terceros que desean ocasionarle problemas a la Santa Iglesia. Aprovechando la ocasión, sucintamente deseamos dar un par de ejemplos que grafican comportamientos abusivos por parte de instituciones católicas, las cuales sacaron provecho económico a través de sus amistosas relaciones con quienes ejercen el poder político. El Opus Dei demolió ilegalmente 2 inmuebles situados en la Av. Presidente Errázuriz, comuna de Las Condes, porque necesita construir un edificio para albergar a sus principales numerarios y para ello contó con la ayuda solidaria de los mandamases de esa municipalidad, quienes se hicieron los lesos al permitir la demolición de esas 2 casas tipificadas en el Plan Regulador como de Conservación Histórica. Pero para ello contaron con el auxilio administrativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, servicio público que se prestó para que se violara la disposición reglamentaria. El caso fue denunciado en la Contraloría General de la República, entidad fiscalizadora que emitió un contundente dictamen haciéndoles cargos a la Municipalidad de Las Condes y a ese ministerio, organismos del Estado que optaron por quedarse callados y ahora observamos hechos consumados. El ex Estadio Santa Rosa de Las Condes, área verde que es parte integrante del Parque Metropolitano Río Mapocho, fue utilizado por mucho tiempo por el Club Deportivo de la UC. En 1970 le fue donado por el Estado de Chile a la Pontificia Universidad Católica, con la expresa condición de que su utilización era para propósitos deportivos. Pero en años recientes, los directivos de ese Club sacaron cálculos económicos y concluyeron que había que rentabilizar ese patrimonio obtenido gratuitamente y así fue como se contactaron con 2 arquitectos de la Concertación para que éstos influyeran en el Minvu a objeto de posibilitar el negocio. Este ministerio cambió las reglas del juego sobre los usos de suelo en los territorios urbanos y los avispados dirigentes deportivos de la UC vendieron el paño en 35 millones de dólares a un particular quien ahora legalmente podrá levantar unas edificaciones en esa ex área verde. No sabemos qué sucederá con el juicio de Karadima, pero nos gustaría que la Iglesia Católica no siga amparando abusivas prácticas por parte de los suyos. Es urgente que cambie su forma de actuar para que así siga viviendo otros 2.000 años más. Diálogo de Café Ayer martes en las dependencias del ex Congreso Nacional se reunieron diversos dirigentes sociales, consejeros regionales, académicos y concejales de la región metropolitana para debatir sobre las consecuencias de una nueva expansión urbana en Santiago. Como hubo unanimidad en la conclusión, en el transcurso de la próxima semana le entregarán un documento a Magdalena Matte, Ministra de Vivienda, con copia a los presidentes de todos los partidos políticos, en donde dejarán de manifiesto que este plan -PRMS 100- no busca el bien común de la ciudad.