Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 24 de febrero 2010. El lunes 22 la Corema de la Región de Valparaíso aprobó el permiso de Campiche, pese a que se había publicado el decreto alcaldicio que prohíbe su emplazamiento. Ante una reciente y extraña aprobación ambiental, una vez más repetiremos lo que dice el numeral 2.2. de la modificación del artículo 2.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC): “Agrégase el siguiente inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto: si del predio afecto a dos o más zonas o subzonas con distintos usos de suelo, al menos 30% de su superficie permite los usos de suelo de actividades productivas y/o infraestructura, se admitirá en todo el terreno dicho uso de suelo, debiendo observarse lo señalado en el inciso precedente en lo relativo a los accesos a cada destino. Con todo, el instrumento de planificación territorial que corresponda podrá prohibir la aplicación de este inciso dentro de su territorio”. Ahora bien, estando presente el alcalde titular (que disfrutaba de sus merecidas vacaciones) en la sesión respectiva, el jueves 18 de febrero el concejo municipal de Puchuncaví acordó por la unanimidad de sus miembros acogerse a la opción reglamentaria antes reproducida y subrayada. Recordemos que el cambio normativo en cursiva se originó por un decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) del 31 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial. Este servicio público le manifestó formalmente a esa municipalidad que en su territorio jurisdiccional era posible que no se aplicara la modificación del uso de suelo y, es más, todas las municipalidades del país tienen la misma prerrogativa. La paralizada planta de AES Gener Campiche, por fallo de la Corte Suprema, contemplaba una inversión total del orden de los 500 millones de dólares y de ejecutarse, si se hubiera enmarcado en la ley, incorporaría 270 MW al Sistema Interconectado Central (SIC). Los directivos de la empresa termoeléctrica cometieron el error de iniciar su construcción a sabiendas de que el uso de suelo de 67% del terreno donde se emplaza no admite ese tipo de infraestructura y por ello hoy están pagando con malos ratos su irresponsable comportamiento. A la fecha ya han invertido unos 200 millones de dólares. Después que se conoció el soberano acuerdo del concejo municipal de Puchuncaví han aparecido varios comentaristas, unos interesados y otros desubicados, que dicen que si la Corema de la Región de Valparaíso califica favorablemente el proyecto en cuestión, dado que con el cambio del artículo 2.1.21. de la OGUC la totalidad del terreno de AES Gener admite las actividades de infraestructura, las obras pueden reanudarse. Pero esos opinólogos olvidaron que en la especie no se está modificando el Plan Regulador Comunal, sino aplicando la opción restrictiva establecida en el mismo artículo de la OGUC. Cuando se conoció el aludido decreto supremo publicado en el Diario Oficial el último día del año pasado, se pensó que era un exclusivo “traje a la medida” de esa empresa generadora. Y por ello arreciaron las fuertes críticas contra la ministra Patricia Poblete y el ministro Edmundo Pérez Yoma, porque no se leyó con detenimiento el texto completo. Así las cosas, suponemos que esto les sucedió a los concejales, al alcalde de Puchuncaví y a muchos otros, incluyéndonos a nosotros mismos. Craso error cometimos todos y por ello el acuerdo vinculante del concejo municipal de Puchuncaví ha sido tan tardío. Debieron haber procedido de la manera que ya conocemos tan pronto hubieran conocido en los primeros días de enero tal decreto supremo. Pero nunca es tarde para acogerse a sus disposiciones reglamentarias y esto es lo que han hecho hace poco. Pero curiosamente el lunes 22 la Corema de la Quinta Región aprobó el permiso ambiental de la cuestionada termoeléctrica, pese a que ese día se había publicado en el Diario Oficial el decreto alcaldicio de Puchuncaví que prohíbe el emplazamiento de esa industria riesgosa para la salud de sus habitantes. Es posible que ni el intendente ni ninguno de sus distinguidos miembros haya leído el Diario Oficial y por ello aprobaron algo que ya está impedido de ejecutarse. Sabemos que lo adoptado por esa díscola Corema porteña no produce ningún efecto, pero pese a ello nos gustaría conocer la posición del Minvu, ya que el célebre artículo 2.1.21. de la OGUC es de su propia y exclusiva autoría. No podemos perder de vista que las interpretaciones de la ley y su ordenanza le competen a ese ministerio a través de su División de Desarrollo Urbano.