Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 18 de febrero de 2010. Hace alrededor de seis meses publicamos la columna “Los legionarios también destruyen”, donde describíamos pormenorizadamente una serie de malos comportamientos de la congregación religiosa los Legionarios de Cristo, dueña del Cerro Isla del Medio, localizado en el sector de La Dehesa de la comuna de Lo Barnechea. Con lujo de detalles dábamos a conocer a la opinión pública los destrozos que estaba ocasionando esa institución católica en su predio calificado por la regulación urbana como área verde intercomunal, protegida además por diversos cuerpos normativos. Sus directivos hicieron caso omiso de las denuncias formuladas por los vecinos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Contraloría General de la República, en la Municipalidad de Lo Barnechea y en la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP. Esos servicios públicos se conformaron con emitir resoluciones e informes muy bien escritos, pero no actuaron con rigor en contra de quien vulneraba la legislación vigente. Suponíamos que las jefaturas de la administración no se atrevían a exigirle el acatamiento de la ley a esos influyentes señores y por ello, molestos con la abulia institucional, y basándonos en el artículo 51 de la Ley de Bases del Medio Ambiente que dice “todo el que culposa o dolosamente causa daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley”, acompañando a los vecinos perjudicados recurrimos a la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado (CDE). En esa columna, por la gravedad de los hechos, afirmábamos que el consejo tendría que interponer las acciones judiciales respectivas contra aquellos por la configuración del daño ambiental que voluntariamente causaron. Y no nos equivocamos, porque los profesionales del CDE visitaron en más de una ocasión el lugar, constatando la depredación de la naturaleza, solicitaron informes a la Conama, Conaf, la DGA y otros servicios competentes y finalmente sus consejeros resolvieron demandar en juicio sumario de reparación por el daño ambiental a los díscolos legionarios. La acción judicial se presentó el 25 de enero de 2010 en la Corte de Apelaciones de Santiago, quedando radicada en el 13 Juzgado Civil con rol 0-00212. Aunque los lectores no lo crean, estos devotos educadores, dueños de colegios cota mil, procedieron a trasladar y depositar escombros, tierra, piedras y basura en el mencionado cerro sin contar con alguna autorización. Con ese imprudente actuar rellenaron artificialmente la Quebrada El Culén, afectaron cursos de agua tributarios del estero Las Hualtatas, sepultando bosque y abundante vegetación nativa. Los infractores compactaron una superficie del cerro para construir una terraza que sepultó flora y fauna del lugar y para llegar a ella construyeron un camino, para variar, sin aprobación de nadie. Por esta vía ilegal transitaban camiones que llevaban mugre a la terraza levantada en los faldeos del área verde. La Quebrada El Culén hoy presenta agrietamiento en sus bordes, lo que puede generar deslizamientos en la zona. Por el tipo del material utilizado en las intervenciones existe el riesgo de remociones en masa. Es de esperar que en el corto plazo no tengamos muchas lluvias, porque con el embancamiento de la quebrada y la modificación de la sección transversal del estero Las Hualtatas, podrían causar inundaciones en caso de crecida y los perjudicados directos serían justamente los vecinos que han estado reclamando. Según el escrito del CDE, los legionarios quebrantaron la Ley de Vivienda y Urbanismo, la Ley 19.300 del Medio Ambiente, el Decreto Ley 701 sobre Fomento Forestal, el Código de Aguas, la Ley 19.473 de Caza, diversos reglamentos del Ministerio de Agricultura, el Decreto Supremo 4363, la Ley de Bosques, el Decreto Supremo 366 del Ministerio de Tierras y Colonización, que protege diversas especies arbóreas nativas, la regulación fijada en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y otros instrumentos normativos. Esperamos que los nuevos gobernantes del cambio, socios naturales de los legionarios, no empiecen a tratar de influir con sus redes para que el CDE se desista de su acción judicial. Estaremos atentos para que ello no ocurra.