Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 11 de febrero de 2010. En nuestro país es de muy buen gusto hablar de áreas verdes públicas y es más, muchos encumbrados en las esferas de la administración y desde los poderes fácticos critican el déficit que tenemos de las mismas, no sólo en las comunas metropolitanas más pobres, sino en casi todo el país. También fustigan con sesgo autocrítico la ausencia de políticas orientadas a proyectarlas y materializarlas en plazos prudentes. Con voces grandilocuentes y fingidas formas seudoacadémicas dictan cátedra sobre los beneficios sociales y ambientales de las áreas verdes, destacando la captura del dióxido de carbono y la entrega de oxígeno, pero cuando las anteriores desaparecen por decisiones de los que mandan, todos ellos enmudecen para no aparecer como “conflictivos”. Así son los que conforman la élite del establishment. Algunos ejemplos de estas prácticas: Hace poco desapareció, por arte de magia, el Parque Metropolitano Laguna Carén, magnífico territorio de mil 11 hectáreas verdes localizado en Pudahuel. Para que se evaporara esa área verde, el Ministerio de Vivienda “interpretó” la ley según la solicitud que había formulado Patricio Rojas, ex ministro de Defensa y presidente entonces de la Fundación Valle Lo Aguirre. El artículo 59 de la Ley de Urbanismo y Construcciones estableció hace seis años la caducidad de las declaratorias de utilidad pública para las vialidades y parques localizados en las zonas rurales y urbanas del país y en base a ello ese parque ya no es tal. Esta gran área verde era del Estado y en 1994 se la transfirió gratuitamente a la Universidad de Chile para que la aludida fundación dispusiera de ella a su antojo. No nos referiremos mayormente a lo que sucedió con el Estadio Santa Rosa de Las Condes, área verde de cinco hectáreas donada en 1970 por el Estado a la Pontificia Universidad Católica: sus ocupantes la vendieron en 35 millones de dólares a una inmobiliaria para que construya edificios de veintitantos pisos. Un área verde que forma parte del Parque Intercomunal de La Reina fue entregada en comodato a una congregación religiosa para que construya instalaciones habitacionales. En parte de la franja del canal Las Perdices, definida como área verde, también en La Reina, se otorgaron permisos de edificación para construir viviendas sociales. Hace unos años una universidad privada, merced a la autorización del Ministerio de Vivienda, obtuvo un permiso de edificación para construir su sede central en el cerro del Medio, también área verde, situado en La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea. Esta actuación ilegal la tuvimos que denunciar en la Contraloría y el caso llegó a la Corte Suprema, donde se hizo imperar el marco regulatorio, invalidando el permiso. A través de ciertos malabares se cambió el uso de suelo del Parque Lo Gallo, en Vitacura, para dar paso a torres habitacionales, y el cerro isla Alvarado, área verde, en esa comuna, es un tierral que envuelve a varias altas edificaciones habitacionales. Podríamos seguir contando casos de escamoteos de áreas verdes, pero ahora nos referiremos sólo a lo que sucedió en Estación Central, escindida en 1985 de la comuna de Santiago. El 30 de noviembre de 2009 le manifestamos por escrito a Igor Garafulic, intendente metropolitano y presidente de la Corema, es decir, autoridad que debe velar por preservar las áreas verdes, que en la comuna de Estación Central se había desafectado irregularmente un área verde consolidada de cuatro hectáreas, terreno donde vecinos practicaban deportes. Le expresamos que se modificó el uso de suelo por una fórmula no contemplada en la normativa ambiental-urbana y que en el terreno, ahora subdividido en siete lotes con aptitudes inmobiliarias, se están construyendo torres de veintitantos pisos. Dicho terreno fue vendido en 2006 por esa municipalidad a una empresa de seguros, la cual la revendió a diversas empresas constructoras con las correspondientes y rápidas ganancias económicas. También señalamos que los proyectos, con las artimañas que los actores privados conocen, y los agentes públicos toleran, no se habían sometido a las evaluaciones de impacto ambiental ni a los estudios de impacto vial; además le indicamos que la irregularidad del cambio de uso de suelo se lo hicimos notar al Ministerio de Vivienda el 26 de julio de 2005, sin que éste nos contestara. Garafulic olvidó responder nuestra formal nota, razón que nos obligará a recurrir a la Contraloría. ¿Creerán los lectores que estas situaciones cambiarán en el gobierno de Piñera? Yo, por lo menos, creo que no, siendo posible que se acrecienten.