Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad publicada en diario La Nación el 03 de febrero de 2010. Describimos cuatro situaciones que de una u otra forma influyeron de forma negativa sobre la Concertación en la elección presidencial. La empresa de energía AES Gener obtuvo de la Corema de la Quinta Región una autorización ambiental viciada para construir la termoeléctrica Campiche en Puchuncaví, zona declarada saturada de contaminación desde 1993. El permiso era ilegal porque 67% del terreno donde se emplaza la construcción es área verde, según establecen el Plan Regulador Comunal y el Plan Intercomunal de Valparaíso, tipología que, obviamente, no admite actividades productivas o de infraestructura, algo sabido por los funcionarios que le dieron luz verde al proyecto. Los vecinos afectados por el mal proceder de la administración presentaron acciones ante la Contraloría y los tribunales. Tanto la primera como finalmente la Corte Suprema declararon ilegal la planta por razones de uso del suelo; esto significó la paralización de las faenas. Sin embargo, a continuación se movilizaron los lobbystas de los sectores energético y urbanístico para “solucionar la traba burocrática”, eufemismo que se usa en Chile cuando se detectan ilegalidades. El 31 de diciembre de 2009 el solícito Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó un decreto supremo en el Diario Oficial que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), instrumento normativo de alcance nacional y de mayor rango que los mencionados planes reguladores, estableciendo que cuando un terreno tiene dos usos de suelo distintos y uno se refiere a infraestructura, si éste corresponde a 30% de la superficie, todo el terreno admitirá esa actividad (sic). Y así se arregló el entuerto. Esta misma práctica se usó para legalizar la planta de respaldo de gas propano de Metrogas construida en un sector rural de protección ecológica en la parte alta de Peñalolén. El terreno elegido por la empresa no permitía el emplazamiento de esa infraestructura, lo que fue dictaminado oportunamente por la Contraloría, pero ese ministerio “solucionador de problemas” cambió la OGUC con otro decreto supremo publicado en el Diario Oficial el 13 de abril de 2009, fijando que en el área rural las instalaciones de esas plantas siempre estarán admitidas. Como el megaproyecto Costanera Center tiene una altísima carga de ocupación, necesariamente debía enfrentar una vialidad expresa, lo que representamos formalmente al seremi de Vivienda y Urbanismo, en atención a que la construcción enfrentaba sólo una vía troncal. Este “detalle” lo hacía inviable según el mandato de la regulación urbana. La reacción rápida del ministerio fue modificar nuevamente la OGUC a través de un decreto supremo publicado el 23 de mayo de 2009 en el Diario Oficial. Ahora los equipamientos mayores, como Costanera Center, pueden estar en predios que enfrenten vías expresas como troncales. Desde hace un año existe la Zona Típica del Barrio Yungay, cautelada por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Pese a ello ya se han incendiado o demolido varios inmuebles, algo denunciado en distintas instancias públicas por los dirigentes vecinales que promovieron la protección patrimonial. En ese sector de la comuna de Santiago, en calle Almirante Barroso 76, está la tristemente famosa Clínica London, lugar clandestino de torturas de la DINA en aquella oscura época de nuestro país. Hoy su dueño es la empresa educacional Inacap, sede Santiago Centro, que decidió demolerla para aprovechar más eficientemente su terreno, algo aceptado por el secretario ejecutivo del CMN. Esta decisión fue confirmada por la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, atentándose así contra la memoria histórica y la lucha por la verdad y la justicia que ha llevado la sociedad chilena. Sabemos que Rosario Carvajal, ícono protector del patrimonio, acompañada de otros ciudadanos probos, se reunió el viernes con Nivia Palma, directora de Bibliotecas, Archivos y Museos y vicepresidenta del CMN, a quien hizo notar, con ejemplos, el desinterés de la institucionalidad para preservar el patrimonio y el peligro latente de la demolición de la ex Clínica London, ya que la materialidad del lugar es un ejemplo vivo de que las nuevas generaciones no permitan la repetición de las violaciones de los derechos humanos. Por fortuna la liviana autorización del CMN para arrasar con ese inmueble se puede dejar sin efecto aplicándose la Ley 19.880 del procedimiento administrativo.