Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 31 de diciembre de 2009. La campaña del candidato de la Concertación no solamente asegura lo que dice el título de esta columna, sino que nos ofrece mayor descentralización en la toma de decisiones, muy necesaria, sea para la democracia como para el desarrollo del país. En materia de urbanismo, las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) prevalecen sobre las que tienen los planes reguladores, sean intercomunales o comunales, excepto las que expresamente son atribución de esos instrumentos: la determinación de los porcentajes de ocupación de suelo, coeficientes de constructibilidad, alturas máximas o mínimas de edificación y otras similares. En estas específicas materias quien decide es cada uno de los 345 municipios del país, lo que ha sido refrendado en una circular de agosto de 2001 del ministerio sectorial. Es claro y nadie se puede equivocar. Pero desde junio de 2001 se ha estado abusando de la buena fe ciudadana con la incorporación en la OGUC del vivaracho articulito 6.1.8., con el que se ha estado violando la normativa de las alturas máximas de los planes reguladores comunales. En aquellos sectores donde se puede sólo construir viviendas unifamiliares de hasta dos pisos, se han estado levantando edificios de cuatro a vista y paciencia de expertos y autoridades. Todos los actores privados y agentes públicos que intervienen saben que es improcedente, pero toleran la “travesura” porque así -dicen los primeros- se promueve una mayor inversión y porque -dicen los segundos- la OGUC prevalece sobre los planes reguladores, olvidando “convenientemente” que las alturas de las construcciones son prerrogativas exclusivas de las municipalidades. Como dijimos en la columna “Pillerías para mejorar los negocios inmobiliarios” (La Nación, 04/12/2009), se han otorgado autorizaciones para construir en Vitacura edificios de cuatro pisos en zonas de riesgo (remoción en masa) establecidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) sin que se haya modificado ese instrumento intercomunal. Aunque el lector no lo crea, quien promueve estas insensatas prácticas es el Ministerio de Vivienda, a través de sus secretarios regionales. El público ya sabe que una inmobiliaria vulneró la Zona Típica del barrio Dalmacia-Emilio Delporte en Providencia, con la solidaria cooperación del director de Obras. Desde hace algún tiempo se está construyendo un edificio de siete pisos en un terreno fusionado, con un permiso de edificación obtenido antes (sic) que hubiera comprado todos los predios que originaron el resultante. El Consejo de Monumentos Nacionales reconoció que esa Zona Típica había sido trasgredida, lo que comunicó por escrito al seremi de Vivienda que antes, acogiendo denuncias de vecinos perjudicados, también constató la ilegalidad, pero suavizándola sólo pidió a la Contraloría iniciar un simple sumario administrativo contra el “autónomo” funcionario municipal. Por motivos absolutamente incomprensibles, no se atrevió a exigir al anterior invalidar el permiso trucho y la comunidad tuvo que contratar un abogado (con lo onerosos que son) para que en los tribunales haga lo que ese servicio público temió: paralizar obras y dejar sin efecto el permiso. Éstos son ejemplos de situaciones urgentes de cambiar “aquí y ahora”, parodiando la famosa expresión del ex Presidente Lagos. Chile ya ha sido aceptado por la conspicua OCDE, cuyos miembros se han comprometido a observar sanas prácticas en la elaboración e implementación de políticas públicas, razón por la cual esperaríamos que se elimine de la OGUC el artículo 6.1.8., por ser eminentemente distorsionador de la ley de urbanismo y construcciones, y nos gustaría que no esperáramos hasta el próximo gobierno para que haya más Estado. La ciudadanía exige que los funcionarios de la administración cumplan hoy con sus cometidos en resguardo de la institucionalidad.