Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 15 de diciembre de 2009. Hemos sabido que este polémico megaproyecto inmobiliario reiniciará sus obras el próximo jueves 17 de diciembre, con lo cual se termina la crisis económica en Chile, repitiendo lo que dicen aquellos que exudan optimismo. Ciertos medios han asegurado que la presidenta Bachelet estará presente en tal galana ceremonia. Según Horst Paulmann, dueño de Cencosud, esta noticia es fantástica para el país y, suponemos, también lo será para él mismo, ya que estamos ante una inversión millonaria que le significará acrecentar su poderío económico y por ende, su influencia ante quienes detentan el poder político. Este complejo comercial se paralizó en enero de este año y según los analistas de los mercados, este hecho se asoció directamente a la crisis financiera planetaria. Algunos agentes públicos y la mayoría de los actores privados que se mueven en el mundo de los negocios relacionan esta decisión empresarial a la recuperación de nuestra economía, lo que es un exceso pero, para seguir la corriente, aceptémoslo porque el congelamiento de ese gigante del retail indudablemente que no era bueno para nadie. Estamos hablando de una inversión del orden de los 600 millones de dólares y con su nueva puesta en marcha muchos trabajadores recuperarán sus labores, lo que celebramos. porque sería la primera vez que el Estado financie las obras de mitigación vial de un proyecto privado, será propicia la ocasión para que, tanto Eduardo Frei como Sebastián Piñera, emitan sus juicios políticos al respecto. Para que pueda funcionar eficientemente este gran centro comercial necesita que exista un túnel por la Av. Costanera, obra vial que tiene un costo superior a los 30 millones de dólares, importe que tiene que ser asumido exclusivamente por quien se verá beneficiado con su próxima ejecución, pero Cencosud, a través de Paulmann, ha estado insistiendo majaderamente para que el Estado lo ayude a financiarla. Hasta ahora, el MOP ha desembolsado 3 millones de dólares para los estudios correspondientes, teniéndose en cuenta que el impacto vial que generará ese megaproyecto es de grandes proporciones. Recordemos que Carlos Estévez, Seremi de Vivienda y Urbanismo, autoridad de superior jerarquía, que tiene el deber de fiscalizar a los Directores de Obras Municipales, resolvió acoger las denuncias de ilegalidades en la tramitación del permiso, formuladas por nuestra organización y por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Providencia, cuya presidenta Josefa Errázuriz, sí sabe representar a los vecinos de esa comuna. Por ello y ante la evidencia, aquél le solicitó a la Contraloría General de la República la instrucción de un sumario administrativo en contra del Director de Obras de Providencia, aunque se le olvidó instruir al anterior que debía anular el permiso mal otorgado, conminándolo a emitir uno nuevo acorde a la ley. Como el poderoso y simpático Paulmann sabe relacionarse muy bien con las autoridades del más alto nivel de la administración y dado que es especialista en marketing, ya colocó en la parte alta de sus torres una inmensa bandera chilena con un destacado aviso con grandes letras que dice ¡Arriba Chile!, relacionando así su negocio con los intereses del país, lo que ha sido muy bien recibido por la industria de la construcción. El 11 de noviembre pasado, quien firma y Jorge Cisternas, nos reunimos con la directiva del Colegio de Arquitectos de Chile, a quien le entregamos los documentos probatorios de las ilegalidades cometidas en el proceso administrativo del proyecto, solicitándole a esa directiva que, tal como lo hiciera con la estatua de Juan Pablo II, públicamente expresara su parecer ante la ciudadanía. Su presidente Patricio Gross, su past president Alberto Montealegre y el presidente del Comité de Desarrollo Urbano, Julio Alegría, se mostraron muy interesados en la materia, la que le fue traspasada al Comité liderado por el arquitecto Alegría, quien debía analizarla. En los próximos días esperamos conocer la declaración pública de esa orden profesional al respecto. En todo caso, la nota descriptiva de hechos que le entregamos al Colegio de Arquitectos, también se la entregamos al ministro Sergio Bitar, al ministro Andrés Velasco y a la ministra Patricia Poblete, de Obras Públicas, Hacienda y Vivienda, respectivamente, con el propósito de que, como las más altas autoridades competentes, estuvieran debidamente informados de todo lo acontecido. De acuerdo a los cálculos que manejamos, el volumen del proyecto debería reducirse en un 15% aproximadamente y la torre más alta, calculándose correctamente la rasante, sólo podría llegar a los 240 m. en lugar de los 300 m. anunciados. Respecto a la ayuda pública para la ejecución del túnel conectado a Costanera Center, el ministro Bitar ha dicho que el próximo gobierno tendrá que decidir sobre este novedoso escenario, con lo cual se evitó decirle que no al célebre empresario. Es decir, y porque sería la primera vez que el Estado financie las obras de mitigación vial de un proyecto privado, será propicia la ocasión para que, tanto Eduardo Frei como Sebastián Piñera, emitan sus juicios políticos al respecto. Para Piñera será dificultoso expresar su posición porque él, a través de sus diversas sociedades, es accionista de Cencosud y también accionista de la constructora Salfacorp, empresa que levanta las torres de la discordia. Pero, a pesar de ello, es posible que se atreva a formular una opinión haciendo una apología del sistema económico de libre mercado, enfatizando que éste funciona bien sólo cuando todos los privados productivos respetan las reglas imperantes y con un Estado que exija el cumplimiento de las leyes. Y respondiendo al alcalde Labbé de Providencia, quien promueve el socorro estatal para las mitigaciones viales de Costanera Center, le sugerimos que, con los abundantes fondos monetarios que maneja su municipio, lleve a cabo esa misión de caridad con la cual el dueño del proyecto quedará plenamente satisfecho. Mal que mal, por concepto de pago de derechos por el permiso de edificación, ya recibió una suculenta suma de dinero y por los futuros pagos de patentes comerciales, como por las contribuciones de bienes raíces, recogerá varios millones de dólares cada semestre por tiempo perpetuo. Por último, dado que Frei nos ha dicho que quiere más Estado para controlar mejor a los actores privados que se desenvuelven en el mercado, esperamos que coherentemente le pida a la ministra de Vivienda y Urbanismo, su camarada DC, que las dichosas torres y el Mall, se encuadren en las normas de edificación vigentes.