Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la CIudad, publicada en diario La Nación el 04 de diciembre de 2009. Las constructoras que hacen edificios en esta comuna dicen a sus potenciales compradores que el precio de venta de los departamentos se reduce en UF 250, porque su proyecto califica para tal beneficio económico y en ese entendido se firman las escrituras de compraventa. Luego el adquirente se dirige al Serviu, cuyos solícitos funcionarios tramitan los certificados, que son entregados finalmente a las inmobiliarias. Dentro del sector de la construcción, y como efecto de lo intrincado del marco regulatorio, ciertos actores inmobiliarios, aprovechándose del desconocimiento generalizado de la ciudadanía sobre esta materia y con la tolerancia de las asociaciones empresariales, que han optado por no autorregular su mercado, cometen infinidad de irregularidades que nadie detecta y generan rentas adicionales a los que se aprovechan de su utilización. Al azar, algunos ejemplos: Caso uno: en la comuna de Santiago existe un subsidio habitacional de 250 UF por vivienda para todos los que construyen en Zonas de Conservación Histórica, beneficio tramitado y autorizado por el Serviu Metropolitano, que emite un certificado que firma el ministro de Vivienda y Urbanismo. Las constructoras que hacen edificios en esta comuna dicen a sus potenciales compradores que el precio de venta de los departamentos se reduce en UF 250, porque su proyecto califica para tal beneficio económico y en ese entendido se firman las escrituras de compraventa. Luego el adquirente se dirige al Serviu, cuyos solícitos funcionarios tramitan los certificados, que son entregados finalmente a las inmobiliarias. Pero en muchos casos se cometen equivocaciones, porque los edificios construidos no están localizados en las Zonas de Conservación Histórica, sino en Zonas Típicas y Pintorescas, declaradas como tales por el Consejo de Monumentos Nacionales. En tal caso no aplica el subsidio y así la inmobiliaria se ve en la necesidad de cobrarle la suma (alrededor de 5 millones 300 mil pesos) al incauto comprador. Es decir, con esa zanahoria se le induce a éste a firmar una transacción comercial de la cual no se puede desistir, configurándose un pingüe negocio para la inmobiliaria. Caso dos: desde hace años existía en la comuna de Estación Central un amplio terreno de cuatro hectáreas, tipificado como área verde recreacional y deportiva, utilizado por el Club Deportivo El Titán y por la Corporación de Deportes General José Velásquez. Pero a fines de 2005 se aprobó un cambio de uso de suelo para permitir la construcción de torres en altura, aplicándose erróneamente el artículo 65º del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de la Región Metropolitana. Este artículo, trasladado a la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), permite que las áreas verdes no materializadas pueden modificar su uso de suelo sólo hasta 20% de su superficie, contemplándose una serie de compensaciones para evitar la reducción de esas tipologías en esta región tan deficitaria de ellas. Para dar credibilidad a la operación mercantil, se incorporaron como áreas verdes en el PRMS terrenos de un par de cementerios de la comuna de San Bernardo. Aplicándose mal la reglamentación, porque sólo era posible desafectar 20% del área verde, la que estaba consolidada, ahora en ese amplio terreno se levantarán diez torres de entre 15 y 20 pisos de altura. Caso tres: en el cerro Lo Curro, comuna de Vitacura, en un terreno en un sector de remoción en masa (de alto riesgo para los asentamientos humanos) se pretende aplicar el pícaro artículo 6.1.8. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que permite sobrepasar las normas de edificación de los distintos planes reguladores comunales. Por arte de magia, se levantó la afectación que tenía ese terreno y un privado desea hacer edificios de cuatro pisos, en circunstancias que la máxima admitida es de dos pisos, con una reducida ocupación del suelo. Con esta traviesa e imaginativa fórmula, el privado que compró barato el terreno, porque estaba gravado por la inestabilidad de su suelo, podrá elevar de modo drástico la densidad habitacional de ese sector y de paso lograr mayor rentabilidad por la inversión. Aunque el lector no lo crea, se hace pese a que el director de Obras de Vitacura se opuso con sólidos argumentos urbanísticos y ambientales, documentos oficiales debidamente guardados en alguna gaveta ministerial.