Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 23 de septiembre de 2009. En la zona adyacente al lugar donde se localiza la patrimonial Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, proyectada por el reconocido arquitecto Juan Martínez, entre las calles Pío Nono, Santa María y Bellavista, en la confluencia de las comunas de Providencia y Recoleta, se están levantando construcciones de las universidades Andrés Bello y San Sebastián con la idea de establecer allí una zona de estudiantes. Estas dos universidades privadas, controladas por consorcios extranjeros y/o grupos económicos emergentes, debido a que manejan cuantiosos recursos monetarios han invertido muchos millones de dólares en sus edificios, porque saben que la recuperación del capital es rápida y muy segura, y si el lector tiene alguna duda, entonces que lea el libro ad hoc de la Premio Nacional de Periodismo María Olivia Mönckeberg. Sobre la calle Bellavista, colindante con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hace poco se terminó de edificar una instalación de la Universidad Andrés Bello, que inició sus obras sin contar con el respectivo permiso, supeditando los estudios viales y urbanos a lo que suceda más adelante, en cuanto al crecimiento de alumnos, profesores y administrativos (sic). En la prensa se informaba que allí se emplazaría la Escuela de Derecho de esa universidad y como el uso de suelo lo prohibía, después de las denuncias de rigor, se transformó el edificio en el Instituto Profesional AIEP, lo que sí estaba autorizado en la normativa. En la manzana donde estaba el hoy demolido Liceo Alemán, entre calles Pío Nono, Dardignac, Ernesto Pinto y Bellavista, se otorgaron permisos a la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. para construir un denominado Conjunto Armónico consistente en tres torres habitacionales de 19 pisos c/u, con más de mil departamentos, la propia Universidad San Sebastián, con capacidad para 3 mil 900 alumnos, un centro de extensión y un cine, con un total de mil 100 estacionamientos bajo nivel. A pesar de lo grandioso e impactante del proyecto, aprovechándose de las facilidades que otorga la institucionalidad ambiental, éste no se evaluó como “estudio”, sino como una simple “declaración”, la que -como sabemos- no evalúa nada, sino que es un mero trámite administrativo. Pero a los dueños de la Universidad San Sebastián, decidiendo por sí porque se consideran superiores al resto, se les ocurrió hacerle un homenaje al Papa polaco Juan Pablo II y no encontraron nada mejor que levantar una desmesurada estatua fundida en bronce de casi 13 metros de altura, incluyendo su plataforma, en el área verde pública que enfrenta, por el sur, su casa de estudios, lo que ha sido criticado por escultores serios, urbanistas, personas del mundo cultural y por el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), porque el titular del proyecto no ha solicitado la aprobación correspondiente, tal como está establecido en la Ley 17.288. Dicen que esta efigie sería la más grande del mundo erigida para este recordado Pontífice y su emplazamiento está previsto para abril-mayo de 2010, teniéndose en cuenta que el Concejo Municipal de Recoleta de la administración anterior ya la aprobó, sin saber posiblemente que este tipo de intervenciones en el espacio público deben ser aprobadas en primera instancia por el CMN. La alcaldesa de Recoleta, con cierta ingenuidad, ha dicho que esta mega estatua se va a ver bien en el lugar elegido por los propietarios de la universidad, agregando que “en el Vaticano estaban muy contentos con la idea”, lo que significaría que ella ya trató el asunto con los colaboradores inmediatos del actual Papa alemán Benedicto XVI. Los promotores de la escultura, para validarla ante la opinión pública, han dicho que la monumental estatua hermoseará el acceso sur de Recoleta, ante lo cual compartimos lo manifestado por Óscar Acuña, del CMN, en orden a que en un Estado de Derecho se deben respetar los procedimientos porque, en sentido contrario, y si cada uno hace lo que quiere, llegaríamos a la anarquía, porque los que dispongan de capacidad económica se les podría ocurrir levantar monolitos de distintos materiales para realzar la memoria de sus seres queridos, emplazándolos discrecionalmente en los bienes públicos. Es decir, estaríamos regidos por el libertinaje y desorden absoluto. El arquitecto Cristián Boza de esa universidad respondió que, por estar financiada la estatua con recursos privados, el CMN no tiene injerencia alguna, demostrando con sus dichos ignorancia y desprecio por la institucionalidad. Como el escultor ya está trabajando en su gigantesca obra, es probable que estaremos ante un nuevo hecho consumado, salvo que el CMN ejerza en plenitud su rol.