Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en revista El Periodista el 11 de septiembre de 2009. Ha sido el proyecto inmobiliario más comentado en la historia de Chile y no solamente porque se trata de una inversión prevista de 600 millones de dólares, con 700 mil m2 proyectados a construirse. La prensa, además, decía que en el Mall y en las 4 torres circularían 50 mil personas, suma similar a la de una comuna entera. Las obras se iniciaron clandestinamente en marzo de 2006, días antes que Ricardo Lagos dejara la presidencia. Éste fue quien puso la primera piedra de ese complejo comercial, ícono de la modernidad de nuestro país. Meses después se hicieron las denuncias porque no existía un permiso de edificación, el cual apareció por arte de magia a fines de marzo de 2007, es decir, un año después de los abrazos de rigor en la fiesta que juntó al saliente Lagos, con un eufórico Cristián Labbé y con un simpático y canoso Horst Paulmann, con relucientes cascos blancos de fibra, posando para las cámaras de TV. Todo se empezó a resquebrajar el 17 de marzo de 2009, cuando el Seremi de Vivienda, acogiendo nuestras objeciones al proyecto, determinó que el atrasado permiso de edificación estaba mal otorgado y por ello, haciendo valer sus potestades, instruyó al director de obras de Providencia para que “conformara el proyecto a la normativa vigente”, lo que en lenguaje simple significa otorgar un nuevo permiso apegado a la ley. Pero el funcionario municipal no le hizo caso, creyendo que era autónomo. La autoridad central, de superior rango, insistió en su labor de fiscalización y el 4 de mayo pasado envió todos los antecedentes a la Contraloría para que se hiciera un sumario en contra del vivaz funcionario. Recordemos que los seremis de Vivienda son quienes deben interpretar las normas en el ámbito urbanístico y son quienes, ante consultas o dudas, deben impartir los procedimientos para que los directores de obras municipales desarrollen correctamente su trabajo. Y por si fuera poco, con la idea de posibilitar una elevadísima altura de 300 metros y 70 pisos de la torre símbolo del poder, no se calculó la rasante tal como se establece en la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. No sabemos qué se inventó, pero el hecho es que no se midió desde el eje de la Avenida Andrés Bello, por el norte, y tenemos dudas que se haya calculado desde el deslinde del terreno con la faja de protección del canal San Carlos, por el oriente. Y por ello, dicho Seremi, también cuestionó la fórmula empleada por el director de obras. Y aunque el lector no lo crea, Costanera Center pretende que el gobierno, con recursos de todos los chilenos, lo ayude a solventar los costos de las obras de mitigación vial consideradas en el Estudio elaborado por el Seremi de Transportes. Es más, el mismo alcalde Labbé considera que es “justo” y necesario pasarle plata del Estado a esa empresa privada para que ejecute las obras exigidas por la legislación. Si en un momento dado nos pusiéramos surrealistas, por no decir locos, y las autoridades consintieran en regalarle fondos públicos a Paulmann, sus competidores tendrían legítimos derechos a pedir lo mismo y hasta aquí llegaría la aplicación del sistema de libre mercado. En todo caso, esperamos que pronto volvamos a la normalidad y con un nuevo permiso 100 por ciento apegado a la ley, este polémico proyecto se pueda reiniciar.