Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 09 de septiembre de 2009. Muchos sabemos lo que aconteció, entre diciembre de 2003 y fines de 2005, en la Municipalidad de Las Condes con el otorgamiento de innumerables permisos de edificación acogidos a normas urbanísticas muy permisivas y, por lo tanto, derogadas a través de la modificación de su Plan Regulador. Se aplicaba una maniobra muy bien montada que detectó la Contraloría debido a nuestra denuncia. Menos gente sabe que en esa municipalidad se ha aplicado en forma incorrecta la norma de los Conjuntos Armónicos, de modo que el sector inmobiliario obtenga mayores coeficientes de constructibilidad y altura en sus torres, y también muy pocos saben de la trampa urdida en la Dirección de Obras para que los solicitantes de permisos de edificación paguen menos dinero por los derechos sobre la calidad de la construcción de sus proyectos, perjudicándose así a la propia tesorería municipal. Aprovechando la reunión que sostuvimos el 14 de julio con Sebastián Piñera en sus oficinas para dialogar sobre los asuntos de nuestra competencia, le entregamos bastante documentación sobre lo descrito en el primer párrafo, porque el alcalde de esa municipalidad se ha negado sistemáticamente a entregarnos un listado con los nombres de todas las empresas que han violado el marco regulatorio, pese a que hemos utilizado para ello la Ley 20.285 de Transparencia. Como el Ministerio de Vivienda ha tenido una curiosa y zigzagueante conducta en este episodio, desde hace un tiempo estamos solicitando a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados que se inicie una investigación parlamentaria para determinar las responsabilidades políticas de varios funcionarios de la administración del Estado en torno a esas malas prácticas. Sabemos que la comisión ya le ha pedido antecedentes al contralor, al propio alcalde Francisco de la Maza y al juez del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y, como es obvio, no conocemos las respuestas de los anteriores. Pero sí conocemos un informe criminalístico de la Policía de Investigaciones, donde la directora de Obras Municipales declaró que ella “habría recibido una orden verbal para cambiar el Cuestionario de Atributos para la Construcción, no acordándose de quién se la dio” (sic). Interpretamos su amnesia temporal como una fórmula para no comprometer a nadie, pero en el mundo real podemos asegurar que esas cosas no se olvidan y por ello es indispensable que esa profesional diga lo que sabe respecto del fraude. Sebastián Piñera desea ser Presidente de la República y tiene posibilidades. El candidato ha fustigado con fuerza al gobierno y en particular a los políticos de la Concertación, achacándoles todos los males imaginables. Los ha tratado de corruptos, faltos de transparencia y de un cuantohay, manifestando que ha llegado la hora del cambio. Los políticos afines al gobierno se han defendido y le han replicado con otros tantos fuertes argumentos: podemos afirmar que en esta confrontación de ideas ambos conglomerados están empatados. La tercera fuerza en competencia no se ha quedado corta y con igual desfachatez verbal es la única que sube en apoyo popular, con lo cual queda claro que nada está escrito para el 13 de diciembre. Pero el propósito de esta columna no es hacer un comentario político, porque no somos especialistas en esas lides. Lo que buscamos con este sucinto relato es que Piñera ordene a su imperturbable soldado de la Coalición por el Cambio, regente de Las Condes, para que decida entregar al conocimiento público el abultado listado de empresas inmobiliarias que, coludidas con funcionarios municipales, obtuvieron al margen de la ley millonarias sobreutilidades en sus negocios. A pesar de que han transcurrido casi dos meses, el candidato no ha hecho nada en favor de la transparencia en ese municipio. Si Piñera mantiene su silencio, no ejerciendo su liderazgo político, la ciudadanía nunca sabrá quiénes se vieron favorecidos económicamente por aquellas trampas y su mudez significará que él aplica la insana práctica del doble estándar. En todo caso, y como esta interpelación pública se debe entender como una ayuda memoria, será interesante conocer el resultado de la misma, porque tenemos la percepción de que la Cámara de Diputados llegará a un acuerdo táctico para no investigar las travesuras desarrollas en esa municipalidad. Recordemos que el Minvu, de una u otra forma, ha sido su ayudista en los artificios cometidos.