Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario Estrategia el 28 de julio de 2009. Tiempo atrás la Contraloría General de la República había declarado ilegal la construcción de la planta de respaldo de Metrogas en la comuna de Peñalolén, porque se situaba en un área de preservación ecológica del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Con posterioridad el Minvu cambió la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para que así fuera legal, lo que publicamos en columna “Detectada la diablura, hecha la ley” del 25/05/09 en este medio. Con ocasión del fallo unánime de la Corte Suprema que dejó sin efecto un permiso ambiental otorgado por la Corema de la V Región a la empresa AES Gener para que construyera su planta termoeléctrica en el sector Campiche, localizado en un terreno definido como área verde en la contaminada comuna de Puchuncaví, Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior, instruyó a la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, para que esta inicie los trámites que modificarían las reglas del juego contenidas en el Plan Intercomunal de Valparaíso y en el Plan Regulador Comunal de Puchuncaví. El proceso es largo, pero la decisión del Gobierno es hacer lo mismo que lo señalado en el primer párrafo. El paralizado megaproyecto Costanera Center cuenta con un completo Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) que considera la ejecución, por cuenta del titular del proyecto, de una serie de obras civiles, todas medidas necesarias para mitigar los efectos que generarán sus 4 torres y el Mall en la colapsada zona de Sanhattan. Pero Cencosud le ha pedido al MOP que tales obras viales sean compartidas con el Estado porque son muy caras : estamos hablando de US$40 millones y el ministro Sergio Bitar, muy suelto de cuerpo, ha dicho por la prensa que está gestionando con el Ministerio de Hacienda para que, con fondos públicos, se aporten unos cuantos millones de dólares a ese emprendimiento privado. Está claro que, en los 3 casos, estamos ante situaciones irregulares que no garantizan el correcto y equilibrado funcionamiento del mercado, teniéndose en cuenta que los particulares favorecidos con estas ayudas estatales son empresas grandes. Estos malos ejemplos son mirados con lupa por la OCDE.