Defendamos la ciudad

Columa de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad publicada el 24 de abril de 2009 en revista El Periodista. Cuando los irritados discípulos de Aristóteles le recriminaron agriamente que se mofara sin misericordia de las ideas del ya anciano Platón, de inmediato y sin dudar, aquel les retrucó que, por muy amigo que fuera de su gran maestro, siempre sería más amigo de la verdad. Pues bien, el martes pasado, en nuestra sede, con los dirigentes de la Fundación “Chile Ciudadano”, el Movimiento “Acción Ecológica” y con un grupo de ex funcionarios de la Contraloría General de la República, le hicimos un reconocimiento público al ex Contralor Gustavo Gustavo Sciolla, por haber firmado él en octubre de 2004, un esclarecedor dictamen sobre la ilegalidad de una infinidad de resoluciones que establecían el secretismo en diversas dependencias del Estado. Esas resoluciones truchas se acogieron al artículo 9º del Decreto Nº 26, publicado en el Diario Oficial del 7 de mayo de 2001, cuando Álvaro García era ministro Secretario General de la Presidencia. Tal Decreto reglamentaba el secreto o la reserva de los actos y documentos de la Administración del Estado, el que fue derogado en enero de 2006, después que se hubo modificado en agosto de 2005 el artículo 8º de la Constitución Política del Estado. En su análisis, la Contraloría llegó a detectar que en innumerables resoluciones se fijaban materias sujetas al secreto en términos de tal amplitud que no resultaba admisible entenderlas amparadas por la regulación que debía servirles de fundamento. Entre otras, se encontraba la resolución exenta 1888/2003 de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, que declaró secretos los informes y los estudios técnicos referidos a las serias deformaciones detectadas en abril de 2003 en el puente Loncomilla, el que finalmente se derrumbó la noche del 18 de noviembre de 2004. Sabemos que la Ley Nº 20.285, de Probidad, que empezó a operar el lunes pasado, es producto de una moción (enero de 2005) de los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri y así se ha informado oficialmente, pero no podemos perder de vista que ese dictamen de la Contraloría fue determinante para que el gobierno de Ricardo Lagos tomara muy en serio la materia en cuestión, ya que el libre acceso que deben tener los ciudadanos a la información de carácter pública es vital en un régimen democrático y por ello el título de esta columna. El establishment ha desconocido el aporte de la Contraloría, pero no nosotros y por ello ese reconocimiento a su ex titular. En 1999 se había publicado una Ley de Transparencia, la que no produjo ningún efecto práctico, porque los funcionarios sabían que nadie los iba a obligar a actuar con probidad. Pero ahora la cosa es distinta, ya que la presidenta Bachelet hizo la diferencia. Tomó cartas en el asunto instruyendo a sus colaboradores para que se conformara el Consejo para la Transparencia, cuyos integrantes son 4 abogados que sabrán aplicar con rigor la ley. Así vamos a estar en mejores condiciones para reducir los preocupantes niveles de corrupción que se conocen porque, entre otras razones, el Consejo para la Transparencia suspenderá en el cargo por un cierto período de tiempo a los funcionarios que no se atengan a las actuales reglas del juego. Esperamos que nadie se expondrá a la vergüenza, ya que los castigados figurarán en las páginas web correspondientes.