Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 20 de abril de 2009. A los funcionarios renuentes se les aplicará la suspensión en el cargo por un cierto tiempo, razón por la cual esperamos que nadie se exponga al escarnio. Hoy entra en vigencia la Ley 20.285, referida a la transparencia de la gestión pública y el libre acceso que tenemos todos los habitantes de este país para conocer la información que maneja la administración del Estado. Quien más se ha destacado en la promoción de la transparencia en Chile ha sido la Fundación Pro Acceso, encabezada desde siempre por el abogado Juan Pablo Olmedo, quien por sus merecimientos profesionales fue invitado por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet a conformar el Consejo para la Transparencia, eligiéndolo sus pares como primer titular del mismo. En mayo de 2003, cinco organizaciones ciudadanas objetaron en la Contraloría una cincuentena de resoluciones que establecían el secretismo de ciertos documentos, haciendo valer el artículo 9 del "Reglamento sobre el secreto o reserva de los actos y documentos de la administración del Estado", publicado como decreto 26, en el Diario Oficial del 7 de mayo de 2001. El ente fiscalizador, en octubre de 2004, estableció la ilegalidad de todas ellas porque la función pública se debe ejercer con absoluta transparencia, de tal modo que se permita y promueva el conocimiento pleno de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en su ejercicio, tal como lo manda de manera expresa la Ley Orgánica Constitucional de Administración del Estado. En su análisis, la Contraloría llegó a detectar que en innumerables resoluciones se fijaban materias sujetas al secreto en términos de tal amplitud que no resultaba admisible entenderlas amparadas por la regulación que debía servirles de fundamento. Entre otras, se encontraba la resolución exenta 1888/2003 de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, que declaró secretos los informes y los estudios técnicos referidos a las serias deformaciones detectadas en abril de 2003 en el puente Loncomilla, el que finalmente se derrumbó la noche del 18 de noviembre de 2004. Por ello, el entonces contralor Gustavo Sciolla le expresó al Gobierno que se "reexaminen a la brevedad" todas esas resoluciones con el propósito de no afectar el principio de publicidad que deben tener los actos de la administración. Como una de las organizaciones civiles que denunciaron el secretismo fue la nuestra, con cierta bulla dimos a conocer a los medios de prensa el contenido del dictamen, lo que produjo un revuelo en la opinión pública. A raíz de ello ese Gobierno, bajo la tutela del ministro Eduardo Dockendorff, reaccionó en la senda del bien y los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri actuaron sobre la marcha, porque en enero de 2005 presentaron una moción para darle vida a esta nueva legislación. El 26 de agosto de 2005, se reformó la Constitución Política introduciéndose en ella un nuevo artículo 8 que dispone en su inciso segundo que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional". Y como consecuencia natural de lo anterior, el 5 de enero de 2006, se derogó el travieso decreto 26 que "reglamentaba" la oscuridad al interior de la administración. A partir de esta fecha, cualquier persona podrá reclamar ante el Consejo de Transparencia por malas prácticas de funcionarios apegados al pasado. Los consejeros, que son cuatro abogados, aseguran la correcta aplicación de esta ley que busca la efectiva apertura en los asuntos públicos. Este cuerpo colegiado es un ente autónomo que tiene que fiscalizar a la administración, aplicando sanciones y multas a los díscolos, las que llegan a 50% de sus sueldos. A los funcionarios renuentes se les aplicará la suspensión en el cargo por un cierto tiempo, razón por la cual esperamos que nadie se exponga al escarnio. Esperamos que en el seminario internacional "Desafíos en la implementación de la Ley de Transparencia en Chile", que se realizará hoy lunes a las 17:30 horas en el Salón O’Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores, se rinda un homenaje al ex contralor Sciolla, por haber sido quien puso el dedo en la llaga para terminar con la mala práctica del secretismo en Chile.