Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad publicada en El Mostrador el 31 de marzo de 2009. La carga subjetiva contenida en el concepto "calidad de vida" es muy alta y por ello repetimos la respuesta que le dio Pedro Urdemales a un petimetre que quería dárselas de gracioso: "Me costaría mucho definir una manzana, pero la reconozco enseguida cuando veo una". Hemos llegado a entender la viejísima práctica humana de asignar valor no monetario al lugar en que cada ser humano vive o frecuenta: su vivienda, su calle, su plazoleta, su barrio, su ciudad y que es la forma en que la humanidad ha expresado su necesidad de apropiarse del territorio que ocupa. No obstante y sin pretender definir "calidad de vida", podemos sin embargo afirmar que no constituyen calidad de vida: -Los desaciertos arquitectónicos como el pretencioso y colapsado Sanhattan, -La privatización de áreas verdes que fueron concebidas para el goce de los vecinos. -La pérdida de vistas y asoleamiento por el surgimiento de intrusivos edificios en altura, -El deterioro urbano de vastos sectores de la ciudad que no son negocio para las inmobiliarias, -El abusivo uso del cursi concepto "conectividad" para esconder distancias cada vez más extenuantes, -La avariciosa ocupación del 100 % del suelo (Costanera Center), -La abundancia de edificios en altura de dudoso gusto que exhiben muros ciegos, -La insensibilidad para abordar la insultante carencia de plazoletas, plazas o parques en la metrópoli, -La aberrante congestión vehicular y sus impactos sonoros, empeorando la calidad del aire. Reaccionado ante tales carencias y atentados contra la calidad de vida, nuestro colectivo ciudadano surgió y existe porque sus integrantes, informados de cómo se tratan y resuelven los recurrentes conflictos de intereses, no aceptan el comportamiento laxo, incluso ilegal, que se permiten ciertos funcionarios, encaramados en las cúpulas del Estado, (central y municipal), en materias de Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con la honrosa excepción de los funcionarios encargados del Patrimonio Histórico, y sobre los cuales ejercemos una labor de fiscalización ciudadana ad honorem. Hemos constatado que, tanto los ministerios como las municipalidades, en sus comportamientos y tomas de decisión, invariablemente privilegian los intereses de una cofradía de privados, pasando por alto los derechos urbanos adquiridos por distintas comunidades y haciendo tabla rasa con la libre competencia. Los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales, cuerpos normativos que debieran definir con claridad, entre otros, los usos de suelo, vialidades y normas de edificación, son recurrentemente violados por las propias autoridades para congraciarse con los titulares de los distintos proyectos de inversión. Por ello, no es casualidad el sorprendente resultado del reciente plebiscito en Vitacura, cuyos bien documentados electores le propinaron una fuerte derrota al alcalde pro-inmobiliario de esa comuna. A la fecha, a petición de los afectados, nos hemos involucrado en más de 300 situaciones irregulares, muchas de ellas francamente ilegales, incluyendo conductas que lindan con la prevaricación administrativa. A raíz de esta abundante y rica experiencia podemos asegurar que la probidad y transparencia en el aparato del Estado brillan por su ausencia y que la participación ciudadana es sólo un burdo slogan publicitario. Hemos llegado a la conclusión que los políticos, con escasas excepciones, se aprovechan del desconocimiento generalizado en este tipo de materias y, es más, sostenemos que la ausencia de educación pública de calidad es una decisión tácita de quienes se sitúan en las esferas del poder para mantenerlo y consolidarlo, evitando el ejercicio de una democracia plena con un sistema económico de libre mercado en el que compitan muchos actores en igualdad de condiciones. Es verdaderamente risible lo que sucede en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en la generalidad de las Direcciones de Obras Municipales, organismos que permanentemente proceden favoreciendo al sector inmobiliario, aunque ello signifique vulnerar la ley, perjudicando a las comunidades y la competencia. Los funcionarios que se desempeñan en cargos directivos utilizan con fruición una serie de vocablos técnicos incomprensibles para la gran mayoría de los ciudadanos, amparándose en ellos, por un lado, y negando la documentación de carácter pública que se les solicita, por otro, configurando abusos y tratos preferentes que nos hemos visto en la obligación de denunciar en miles de cartas, columnas de prensa, entrevistas en radios y TV, etc. Los funcionarios del Estado y los grupos de poder, habilidosamente, han optado por no responder a nuestras fundadas y detalladas interpelaciones públicas, con la seguridad de que el tiempo todo lo borra, sin embargo gracias a nuestra independencia y autonomía, con el agregado de contar con una cierta dosis de porfía, persistimos en nuestra labor en pro del apego a los marcos regulatorios que el país se ha dado y cuyas autoridades, por los menos en los sectores en donde nos desenvolvemos, tienden a vulnerar. En este sentido, y dado que los tiempos están cambiando para mejor, con una ciudadanía más informada, consciente de sus derechos, comprometida y crítica, esperamos que el futuro gobierno contará con colaboradores probos que tengan la decisión de extirpar las nocivas prácticas de los gobiernos anteriores, implementando políticas públicas que tengan como norte el bien común y regulando sin tapujos al mercado para que todos sus actores respeten las reglas del juego, y así asegurar la correcta asignación de recursos y garantizar la necesaria sana convivencia. Para terminar, le formulamos a cada uno de los candidatos presidenciales las siguientes preguntas: 1. ¿Está dispuesto a modificar la Constitución Política del Estado para que los plebiscitos sean la herramienta idónea que resuelva los conflictos de trascendencia nacional? ¿Se compromete, como futuro primer mandatario, a cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para que las adecuaciones en los Planes Reguladores Comunales sean plebiscitados cada 4 años, conjuntamente con las elecciones de alcalde y concejales, con lo cual se terminarán los "trajes a la medida" existentes hoy en día a cada rato en materia urbanística? 2. ¿En la certeza de que Ud. promoverá una real participación ciudadana, considera necesario que en todos los ministerios existan Consejos Consultivos, conformados por el sector privado, agentes públicos y representantes de la sociedad civil? 3. Ya que la Región Metropolitana tiene 15.500 km2, siendo esta superficie la menor de todas las regiones y de acuerdo a cifras actualizadas del INE, su población es de 6.700.000 habitantes, con lo cual, su densidad de 432 hab/km2, es la más alta del país comparada con la densidad promedio del resto de la nación que es del orden de los 20 hab/km2. ¿Estima Ud. que, estando la cuenca de Santiago ya saturada ambientalmente y ante la crisis de disponibilidad de agua que visualizamos para esta ciudad, el creciente aumento del parque automotor y considerando que el 43% de la población del país reside en esta región, se deberían poner en marcha políticas de descentralización para desarrollar el resto de las regiones? ¿Y en esta línea, está dispuesto a congelar la antojadiza expansión urbana en las comunas periféricas que favorece sólo a aquellos que han comprado terrenos rurales baratos y que buscan plusvalías con el cambio de uso de suelo? ¿Es razonable que se pierdan las mejores tierras agrícolas del país, tal como lo manifestó en su oportunidad Jaime Campos en su condición de ministro de Agricultura y que el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), vigente desde mayo de 1998, haya sido desmantelado en enero de 2004, en circunstancias que una de sus medidas normaba claramente este congelamiento? ¿Las cifras anteriores justificarían la adopción de decisiones geopolíticas en favor del desarrollo armónico y crecimiento con equidad?