Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en revista El Periodista el 27 de marzo de 2009. La opinión pública ya tiene una opinión formada sobre el resultado del plebiscito en Vitacura, cuyos ciudadanos, sobreponiéndose a las trabas impuestas por la autoridad local, supieron ejercer su derecho a decidir mediante el voto y le propinaron una contundente derrota a la industria inmobiliaria y al propio Concejo Municipal que deseaba modificar las reglas del juego para favorecer a la anterior. Este hecho inédito tiene un importante significado para las futuras políticas públicas en materia de urbanismo y de desarrollo sustentable de la ciudad. Recordemos que este ejemplo de democracia participativa es consecuencia directa de la voluntad ciudadana que no aceptó la posición expresada por el alcalde Raúl Torrealba quien, cuando los vecinos le entregaron las firmas del 10% de los inscritos en los registros electorales de esa comuna, rechazó de plano la convocatoria a elecciones con distintas razones. Pero los dirigentes vecinales no se amilanaron y conscientes que tenían la razón recurrieron a la Contraloría General de la República para que ésta hiciera valer el Título IV “De la Participación Ciudadana” establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y el Contralor Ramiro Mendoza, como corresponde, dictaminó en derecho validando la legítima posición de los vecinos. Ahora bien, han aparecido algunas aisladas voces interesadas criticando el concepto de participación ciudadana en las decisiones que tienen que ver con los cambios de usos de suelo, vialidades y normas de edificación porque, según ellos, estos asuntos sólo deben ser decididos por los llamados “expertos”. Convengamos que los especialistas son necesarios, pero no son determinantes y como conocemos de estas cosas afirmamos que muchos de ellos se han transformado, a través del tiempo y del secretismo atávico chileno, en meros enlaces entre los inversionistas y las municipalidades. Entendemos que esos profesionales, después de este ejemplar plebiscito, han acusado el golpe y por ello han puesto el grito en el cielo, a sabiendas que muchos de sus colegas están por la vía de la participación ciudadana de verdad. Otros actores han dicho que los plebiscitos son excesivamente caros y que, ante tal situación, sólo en unas pocas comunas se podrían llevar a cabo, con lo cual también se muestran contrarios al ejercicio de la democracia. Recordemos que los Planes Reguladores Comunales (PRC) son de vigencia indefinida y que, hasta antes del efecto Vitacura, sus modificaciones se han hecho a cada rato entre 4 paredes para satisfacer los intereses de la industria inmobiliaria. Por lo anterior, está claro que el gobierno de Michelle Bachelet, en una muestra de franca apertura hacia el pueblo soberano, deberá hacer las modificaciones legales conducentes para que los cambios que se propongan en los PRC, en la medida de que no haya un consenso previo entre toda la comunidad, sean resueltos en plebiscitos que se realizarán cada 4 años, en las mismas fechas de las elecciones de alcalde y concejales, con lo cual tendrán costo cero y les permitirá a todos los candidatos expresar en sus campañas proselitistas sus preferencias ante las distintas posiciones en juego. Así nos veremos las caras de frente y terminaremos con el mentiroso doble discurso tal habitual en nuestro país.