Defendamos la ciudad

Columna de opinión de José Piga arquitecto y magister en desarrollo urbano y regional. El plebiscito en Vitacura ha generado un inusitado interés en las cuestiones urbanas, o, si intentamos precisar, sobre la responsabilidad de autoridades y de habitantes –ciudadanos- en los asuntos de la ciudad. Pero, claro, hay un contexto donde esto ocurre, del que presentamos algunos trazos tratando de comprender los impulsos originales del debate. El balance de este ámbito –ciudades, ciudadanía y responsabilidades- es en apariencia contradictorio. Por una parte, se ha remontado buena parte de los déficits básicos, los que resuelven necesidades fundamentales de los habitantes, tanto urbanos como rurales. La cobertura de agua potable y de alcantarillado es cercana al 100% en las áreas urbanas, más del 80% de las aguas servidas son tratadas y los avances en electrificación y pavimentación son también notables. Del mismo modo, otros servicios también han evolucionado positivamente: accesibilidad a la salud y la educación, conectividad vial, disminución del déficit habitacional, conexión a internet, entre otros. Todos estos indicadores son favorables, lo que refleja la transformación económica del país y la capacidad del sistema de programación y ejecución de la inversión. El crecimiento del PIB está asociado a incrementos de la población urbana, lo cual debiera implicar mejor calidad de vida, pues en las ciudades se concentra gran parte de los beneficios del crecimiento. Pero esto no asegura dicha calidad de vida. Las cosas son más complicadas. Hoy Chile es más urbano, el 86,6% de la población vive en ciudades . Han crecido el parque automotor y el número de viajes, hay autopistas urbanas (al menos en Santiago), mayor superficie habitacional construida y más centros comerciales. Crece la demanda por suelo urbanizable, más en las ciudades intermedias que en las áreas metropolitanas , lo que es una novedad. Esta transformación ha tenido un tropismo hacia los negocios privados y la desregulación, con escasa intervención del Estado en acceso a bienes públicos que aseguren calidad de vida para todos, más allá de los servicios básicos que mencionamos. Por ejemplo, la tendencia a la segregación espacial, con muy desiguales niveles de inversión por habitante, es un fenómeno instalado en la sociedad chilena, que se expresa en la concentración de la riqueza y de la pobreza en territorios desintegrados entre sí, sin oportunidades de encuentro. La pobreza es agrupada en extensos extramuros , nuevos ghettos donde la población -dueña de su vivienda subsidiada y de baja calidad- queda excluida de los beneficios del crecimiento económico y las oportunidades . La vida urbana en Chile es inequitativa, privatizada y mercantilizada, insustentable, desigual y segregada, como lo es donde ha primado el dogma neoliberal. Si bien somos menos pobres de lo que éramos hace 20 años y los indicadores básicos positivos, es más fácil que retrocedamos a la pobreza, en un medio social fragilizado y de vulnerabilidad. Por otra parte hoy la calidad de vida se mide de acuerdo a nuevas necesidades y requerimientos. Inclusión, participación e igualdad en el acceso a los beneficios del mundo global son parte de la demanda que no ha tenido respuesta en el período. Es posible afirmar que sufrimos una ausencia de política pública que explícitamente resguarde, fomente y desarrolle expresiones de interés público en el territorio, en las regiones y en las ciudades. Esto es así porque el mundo se tornó neoliberal. Y nosotros con él, obviamente. Esta transformación –económica, social, cultural, urbana- ha sido posible pues se ha instalado el neoliberalismo como orden ‘natural’ de las cosas. El ciudadano es transformado en ‘cliente’ y consumidor del gobierno, quedando la oferta de servicios, transportes, suelo o vivienda, supeditada a capacidades de pago y a intereses especulativos. El espacio público ha dejado de ser un lugar de diversidad y de interacción, efectivamente libre y democrático, sino que se ha privatizado y se controla. Este es el contexto en que se produce el plebiscito de Vitacura. La ley orgánica constitucional de municipalidades establece que los plebiscitos comunales pueden ser realizados por vía de un acuerdo o solicitud de dos tercios del concejo o bien por requerimiento de la ciudadanía, con la firma ante notario de al menos un 10% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral de la comuna, como fue en el caso de Vitacura. Esto significa que, con la actual ley, cada concejo podría impulsar las consultas y plebiscitos que estimara necesarios. Y si no hubiera acuerdo, como ha sido en todos los casos, ese 10% de los electores lo puede exigir, movilizándose y pagando la vista del notario. En Vitacura fueron más de 6.000 firmas. En Ñuñoa, donde hemos estado trabajando en ello desde hace ya un par de años, necesitamos 12.000. Hemos logrado reunir más de 8.000 firmas a un costo que hemos financiado con aportes de las vecinas y vecinos, no sólo en dinero sino en tiempo para difundir la propuesta y para recoger concretamente las firmas de los conciudadanos. Entonces los concejos debieran escuchar más y mejor a sus electores, para ahorrarnos el esfuerzo de reunir las firmas y pagar a los notarios. Por su parte, los legisladores podrían modificar la ley, facilitándonos acceder al derecho a decidir sobre nuestras casas y calles, nuestros barrios y ciudades. Los alcaldes tendrían que liderar procesos adecuados de transformación de los territorios, con eficiencia y calidad, lo que hoy implica participación ciudadana real, vinculante y efectiva. Nosotros, la ciudadanía genérica, podríamos intentar ser más conscientes, informados y más exigentes con nuestras autoridades. Y por supuesto que debiéramos participar más y mejor. Es evidente que mientras más recursos tenga una comuna, más cerca se está de "participar" o, mejor dicho, de hacer el largo periplo para aproximarse a la posibilidad de que lo que cada uno piensa sobre lugares, áreas o flujos específicos; o bien sobre enfoques, valores y afectos, entre otras cosas que se expresan en nuestros barrios, se concrete en la realidad. La reflexión tendría que abarcar también al rol político de alcaldes y concejales, junto a los profesionales municipales, en sus relaciones con la ciudadanía y con los poderes fácticos en busca de plusvalía. Y así sucesivamente. Creo que es posible que en nuestros barrios conviva lo viejo con lo nuevo. El concepto existe y es aplicado, con mucha participación, no sólo en Europa sino también en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Colombia. La puesta en valor del patrimonio es parte integrante de cualquier idea de progreso. El problema no es que esto se haga sino el cómo se hace y hasta ahora en nuestras ciudades ha primado el modo más salvaje. Podríamos seguir enumerando todas las desventajas que la ciudadanía suma para poder efectivamente participar de verdad. Sólo quiero anotar que las posibilidades de plebiscitar asuntos de interés comunal hoy existe y depende de los concejales: se puede convocar a plebiscito con el acuerdo de 7 en las comunas que eligen 10, 6 en las 8 y 4 en las de 6 concejales. También se puede hacer como en Vitacura y como lo estamos intentando en Ñuñoa, con vecinos juntando firmas ante notario, pagando de nuestros bolsillos y usando nuestro tiempo libre. ¿Qué hacer entonces? Parte de esta discusión es la legislación municipal, por supuesto, como también lo es la ley de gobiernos regionales, la posibilidad de tener alcaldes mayores para las áreas metropolitanas o de formar asociaciones público-privadas para el desarrollo de territorios específicos o en la carencia de una política explícita para las ciudades y de una adecuada y contemporánea ley de urbanismo, entre muchos aspectos pendientes y controvertidos en este ámbito. El asunto es que las comunidades seguiremos organizándonos para manifestar nuestras ideas sobre la ciudad en la que queremos vivir. Los poderes del Estado, creemos, acercarán paulatinamente sus posiciones para agregarse a esta búsqueda de identidad, de pertinencia y de ciudadanía en definitiva, que se ha manifestado primero en Vitacura pero que nada impide que ocurra en Pedro Aguirre Cerda, en Tocopilla o en Valdivia. Solo los recursos, hasta ahora, permitieron con mayor facilidad que unos se expresaran primero que otros. Avanzaremos a que sea una responsabilidad pública el financiamiento de las iniciativas ciudadanas, de modo de terminar con la actual asimetría de organizaciones precarias versus poderosos aparatos empresariales o administraciones refractarias a los intereses de los vecinos. Pues las diferencias no necesariamente se producen entre urbanistas y habitantes, sino entre ciudadanos (lo que incluye a los expertos) y financistas y especuladores. No podemos ser ingenuos tampoco: además de la obra pública, nuestras ciudades han sido siempre construidas por los negocios inmobiliarios pero siempre sobre un orden debatido y regulaciones más o menos estrictas, donde deben articularse públicos, privados y la llamada sociedad civil. Generar esa base de consenso es una responsabilidad pública y hacia allá es que corresponde que avancemos. Los plebiscitos son parte del camino.