Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Alexander Schubert , economista y politólogo. Hasta hace pocos meses, la economía mundial parecía dirigida hacia el aumento constante de la riqueza y la reducción universal de la pobreza. Hoy se está desplomando el sueño colectivo de una economía capitalista capaz de dar seguridad a quienes dependen de su trabajo diario y de los ahorros formados con él. ¿Qué ha cambiado en tan corto tiempo? No es sólo la economía. Sorpresivamente el propio Estado se está desnudando. Quienes han intoxicado los mercados con sus papeles sucios lo están despojando de sus últimas reservas, no sólo económicas, sino legales y morales. El mercado financiero se ha transformado en una caricatura de lo que fue hasta hace poco. Sin la inyección de recursos públicos, el desplome del sistema bancario mundial ya habría sido completo. Y muy posiblemente lo sea en el futuro, porque no hay recursos públicos como para cubrir los cientos de trillones de apuestas securitizadas en circulación. El empleo está en descenso en todos los países, y los niveles de ingreso se están igualando no hacia arriba, sino hacia abajo. Años de ahorros de los hogares simplemente han desaparecido. El comercio mundial, en torno al cual se articuló el sistema de empresas transnacionales y, con ello, la división internacional de trabajo actual, está cayendo con tasas alarmantes para su sostenibilidad. La utilización de la capacidad productiva mundial se está contrayendo rápidamente, haciendo imposible las inversiones incluso para mantenerla. Las quiebras de pequeñas y medianas empresas están alcanzando récords históricos. Absurdo pensar que la inversión pública pudiera llenar el vacío, después de decenas de años de privatizaciones de todo tipo. Pero la crisis no es sólo económica, sino de legalidad. Alguien tan poco sospechoso de posiciones anticapitalistas como Hernando De Soto lo ha dicho de forma patética: si no se establecen el orden, la precisión y la credibilidad de los mercados financieros, y la confianza en las relaciones jurídicas que les subyacen, no habrá solución a la actual crisis. Pero es poco probable que ello se logre. Se están comprometiendo trillones de dólares de recursos públicos a un puñado de empresas y bancos, sin exigencias ni control alguno, de lo que siguen aprovechándose descaradamente para enriquecerse privadamente quienes los administran. Tan sólo en EE.UU. la cifra ascendía hasta la última semana a 11,8 trillones de dólares, la mayor parte proveniente del fisco. Peor aún. Con EE.UU. a la cabeza, se pretende ahora reinventar la confianza en los mercados inyectando fondos públicos a bancos, fondos, seguros y empresas productivas a cambio de papeles "intoxicados", o sea, que no valen nada. La contrapartida es la explosión de la deuda pública. De manera completamente ilegal, y seguramente anticonstitucional, los propios Bancos Centrales han comenzado a comprar bonos públicos, encubriendo esto como operación de crédito. Como si por arte de magia el Estado pudiese prestarse dinero a si mismo. ¡Ya quisiéramos poder hacer esto con nuestras finanzas personales! La intención es descontaminar al sector privado; el efecto es contaminar al Estado. La confianza en el sistema crediticio privado pretende ser restablecida con procesos que necesariamente culminarán en la desconfianza generalizada en las finanzas públicas. Esta estrategia predominante defraudará a De Soto y muchos otros. Ella está plagada de incertidumbres y contradicciones. Su lógica supone que el Estado puede fijar legalmente precios a papeles que el mercado ya ha descartado, y que la compra de estos papeles tóxicos por el Estado será reversible. Es decir, que en el futuro los mercados financieros serán capaces de reabsorber los papeles que ahora se están transfiriendo al Estado, y que su precio será por lo menos similar a lo que ahora se está pagando por ellos. Esto sólo sería posible si estos papeles representasen efectivamente algún valor. Pero por su origen fraudulento no lo tienen. Al comprarlos, los Estados se están haciendo cómplices de encubrimiento de los más gigantescos fraudes de la historia capitalista. El final de cuentas, esta complicidad de los Estados terminará ahogándolos fiscalmente. Mientras prosiga la recesión, el nivel general de los ingresos de la economía mundial seguirá bajando, y con ello, los ingresos tributarios. Los compromisos financieros estatales, en cambio, irán aumentando, sin beneficio alguno para la coyuntura económica, ni para la población en general. Los aparatos regulatorios deberán seguir ciegos e insensibles, como en todo el período anterior a la crisis, ahora con mayor razón, frente al deterioro financiero público y privado, bajo amenaza de ser responsabilizados del colapso del sistema financiero internacional. El control estatal pasará a manos de una burocracia estatal atiborrada de papeles tóxicos. No se requiere mucha imaginación para adivinar al lado de quien estará en el futuro esta burocracia. Su complicidad con los causantes de la actual catástrofe es parte de la actual estrategia para restablecer la confianza. Los papeles que el Estado está adquiriendo se manejarán de manera conjunta con quienes los han creado, supuestamente compartiendo eventuales ganancias o pérdidas. Sea cual fuere su color político, el "éxito" y sobrevivencia de esta administración dependerá de la ilegalidad. En eso tiene razón De Soto: bajo esas circunstancias nos espera un infierno. Evitarlo significará un esfuerzo mucho mayor que sólo desintoxicar el sistema financiero.