Defendamos la ciudad

¨Columna de opiniòn de Waldo Lòpez de la Fundaciòn Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 20 de febrero de 2009. Durante el letargo vacacional del Febrero se cumple el plazo de 60 días que tienen los 30 municipios de la Región Metropolitana a los que el Minvu les enviara su última propuesta para volver a modificar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que data de 1994, con el objeto de recoger su respectiva opinión, o, en su defecto, para tomar nota de su silencio administrativo. Y así, de este modo, con el fin de quedar con el primero de los dos requisitos legales que se le exigen para presentar esta propuesta al Consejo Regional Metropolitano debidamente cumplido, a fin de que este resuelva si la aprueba o la rechaza. El segundo requisito que se le exige es que, antes, la CONAMA haya emitido una resolución ambiental favorable a esta modificación, emanada de los méritos técnicos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que este caso requiere. Respecto de esto último, es del caso destacar lo trascendente para la salud pública de los más de 6,5 millones de habitantes con que cuenta Santiago, aquella objeción que han dado a conocer varios especialistas nacionales de este rubro, expertos del urbanismo, organizaciones ciudadanas, e, inclusive, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su Agencia Internacional de Energía, quienes han sostenido, diciéndolo con meridiana claridad y diplomacia, que esta iniciativa del Minvu "no contribuye a disminuir el material particulado de Santiago". Si a esta evidencia se le suma que Chile ha aparecido en los diarios de estas últimas semanas como el segundo peor país del mundo que más aporta CO2 a la atmósfera, después de China, resulta bastante irreflexivo que hasta aquí, este Ministerio no haya entregado absolutamente ninguna información ambiental sobre esta nueva modificación del PRMS. El punto político clave de esta omisión informativa es que "los ciudadanos ya no admiten que los procesos de planificación y gestión urbanística sean elaborados y ejecutados por un grupo reducido de técnicos y agentes económicos". En los hechos, una práctica como esta, entroncada como un sistema cotidiano usual en nuestra burocracia a cargo, "transmite un ambiente de oscurantismo y discrecionalidad difícilmente admisible en una sociedad democrática". Por de pronto, el hecho que se permita aún más superficie para dispersar CO2 sobre Santiago, gracias a los 300 kilómetros de nuevas vialidades que conlleva esta ampliación; el que se nos quiera "explicar" que este efecto ambiental negativo se mitiga con "el dibujo de unas áreas verdes en el plano de la ampliación", y que sea esta "argucia" la forma oficial como se cumple con la evaluación ambiental requerida, es una forma de oscurantismo neto, y por cierto, una discrecionalidad a todas luces. Peor aún si en el presente caso, al igual como sucediera con la evaluación ambiental del proyecto urbano de Los Cerrillos, el Minvu volviera a valerse de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para salvar este segundo requisito. Si lo hace, significaría que bajo el "juramento oficial" que este mecanismo de la ley le impone efectuar, estaría enmascarando una situación ambiental delicada, por las vía de ejercer un voluntarismo que en nada lo favorece. La participación social, la opinión informada, y la gestión transparente, son valores de las políticas públicas que los ciudadanos aspiramos a que efectivamente prevalezcan en la ciudad real, y que en este caso particular, llaman al Minvu para que informe a la opinión pública sobre la verdadera incidencia ambiental de esta quinta modificación del PRMS; y con ello, específicamente, de lo que a este respecto haya establecido el EIA requerido. El cual, obviamente, necesita ser válido y confiable, técnica y financieramente hablando. La ciudad real, Santiago, una ciudad cuyo deficitario medioambiente es imprescindible mejorar ya, mediante actuaciones reales y conducentes, es otra y distinta que su imagen-objetivo, visualizada en un horizonte de largo plazo,... en un plano.