Defendamos la ciudad

Columna de opiniòn de Patricio Herman de la Fundaciòn Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 13 de febrero 2009. A mediados del año pasado el Gobierno Regional Metropolitano, como ya es habitual, aprobó con una serie de omisiones e irregularidades tres mega negocios inmobiliarios de sendos grupos económicos, denominados Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en los sectores rurales de la comuna de Pudahuel, uno de ellos, colindante con el Centro Nuclear Lo Aguirre, en donde en la actualidad existe un espacio, debidamente resguardado, para botar los residuos radiológicos que se generan en la región. Los titulares de los proyectos denominados Urbanya, Enea y Ciudad Lo Aguirre son los conglomerados Santa Cruz-Yaconi, Endesa-España y Hurtado Vicuña, y entre los tres se han propuesto modificar el uso de suelo de 2.000 has. de interés silvoagropecuario, para transformarlas en urbanas, con las consiguientes y automáticas plusvalías patrimoniales para sus poseedores. A modo de comparación, a fin de apreciar la magnitud de la operación comercial en curso, señalamos que la totalidad de las áreas urbanizadas de las comunas de San Ramón, Lo Prado e Independencia llegan a las 2.035 has., es decir, prácticamente la misma superficie de los PDUC que comentamos. El fundamento teórico de esta ventaja urbanística era permitir la expansión de la ciudad fuera de los límites urbanos, siempre y cuando cada titular de una PDUC se obligara a asumir íntegramente los costos asociados al crecimiento de tales expansiones, es decir, que se pusiera oportunamente, o garantizando, con las obras de mitigación que paliarían las externalidades negativas que su proyecto generaría para el resto de la megalópolis. Tengamos presente que los cambios de uso de suelo se producirían en toda la extensión de sus predios y se concretarían con la hipotética toma de razón de ellos por parte de la Contraloría General de la República, con lo cual sus titulares, al no tener la obligación de mantenerlos en su poder, podrán vender sus vastos terrenos, ahora urbanos, a terceros sin obligación de realizar las obras de mitigación contempladas en la normativa. Este interesante y discutido ensayo urbanístico, producto de una simple resolución administrativa firmada por el intendente de turno, se lleva a cabo exclusivamente en la región metropolitana y sólo existen en tramitación los tres reseñados en esa comuna del sector poniente. En todo caso, sabemos que el gobierno, atendiendo solícitamente las exigencias del sector de la construcción, incluyó esta moderna fórmula en el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación urbana, la que está un tanto detenida en el Senado por las fundadas objeciones que ha merecido de parte de distintas agrupaciones ciudadanas, de profesionales y académicos del ramo. Ya hemos descrito las peculiaridades de estos tres PDUC en las columnas "Los pícaros cambios de uso de suelo" (partes I y II), publicadas el 25 y 27 de Noviembre de 2008 en El Mostrador, y por tal motivo no nos referiremos a ellos por razones obvias. La Contraloría General de la República todavía no toma razón de las respectivas resoluciones porque fueron impugnadas, con variados y fundados antecedentes, por nuestra Fundación, por el Movimiento Acción Ecológica y, también por empresarios, todos a la espera del resultado de las denuncias. Así las cosas, por sanidad informativa y por transparencia en el devenir de las actividades empresariales, traemos a colación el vistoso reportaje "Hurtado Vicuña y Cruzat detienen megaproyecto por US$ 2.000 millones", publicado el domingo 25 de enero de 2009 en La Tercera, con infografía suministrada por el interesado en dar la "noticia" que más parecía una inserción. Recordemos que el domingo es el día de mayor tiraje de los diarios. El epígrafe de la crónica advierte "En 2008 la autoridad dio el vamos a un nuevo modelo de desarrollo inmobiliario en Santiago, pero la Contraloría aún no lo aprueba. Resultado: el grupo dejó stand by, en forma indefinida, su proyecto de una ciudad en Pudahuel" (sic). Está sumamente claro que lo que se buscaba era presionar a la Contraloría para que le diera el visto bueno al negocio. Creemos que ese grupo económico tomó un camino equivocado, pues el ente fiscalizador actúa siempre apegado a la ley y, conociéndolo, sabemos que no hace concesiones a nadie por más influyentes y renombrados que sean los interesados. Ya que estamos hablando de temas de ciudad, estimamos necesario reconocer el aporte que ha hecho Mideplan al antojadizo proyecto de expansión urbana que promueve el Minvu, ya que ha puesto sólidos reparos a la forma de asignarle la condición de áreas verdes a casi 4.000 hectáreas que hoy tienen otros usos. En el proyecto modificatorio del PRMS queda en el limbo la materialización y posterior mantención en el tiempo de estas nuevas áreas verdes. En la actualidad tenemos infinidad de parques, plazas y espacios de recreación definidas como tales en los instrumentos intercomunales y comunales y un altísimo porcentaje de ellos son peladeros porque en Chile ningún organismo público tiene el deber de preocuparse de estas tipologías. El ejemplo más evidente y patético es lo que acaba de suceder con el Parque Metropolitano Laguna Carén de 1.011 hectáreas, el cual, por malabares interpretativos, ha perdido su calidad de área verde. Por último, no nos gusta que el arquitecto José Ramón Ugarte, ex presidente del Colegio de Arquitectos de Chile y, según hemos escuchado, futuro ministro de Vivienda y Urbanismo en el eventual gobierno de Piñera, se desempeñe como asesor de Patricia Poblete, ministra del ramo y, en paralelo, como asesor de las municipalidades de Las Condes y Vitacura, cuyos alcaldes, Francisco de la Maza y Raúl Torrealba, respectivamente, son miembros de los dos partidos políticos que conforman la Alianza por Chile. En nuestra opinión, dado que el Seremi Metropolitano de Vivienda y Urbanismo tiene la obligación de supervigilar y fiscalizar las actuaciones de los Directores de Obras de esas dos municipalidades, consideramos prudente y necesario que Ugarte, ante este evidente conflicto de interés, se decida por asesorar sólo al Minvu, o en su defecto, a las dos municipalidades del sector oriente de la ciudad capital. Como no puede desempeñarse profesionalmente en ambos lados, él tendrá que tomar una decisión: gobierno central de la Concertación o gobiernos locales de la oposición, más aún, ahora, que los electores a fin del año tendremos que decidir entre Frei, Piñera y Navarro.