Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 04 de febrero de 2009. Debemos considerar que los inmobiliarios que construyeron esta torre son los concesionarios del Casino de Viña del Mar, tradicional e influyente institución de juegos de azar, siempre muy ligada a la municipalidad y con buenas relaciones con los poderes fácticos porteños y los políticos. Un grupo de vecinos del sector de las dunas El Encanto de Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, denunció a las autoridades que la extensa calle sin salida Las Peñas, que sirve a la torre habitacional Euromarina II, no cuenta con la aprobación municipal y que el edificio carece de acceso apropiado para que los bomberos, ante eventuales incendios, puedan prestar auxilio a los residentes. Esta calle ciega tiene más de 300 metros de longitud y en la actualidad se realizan obras para extenderla otros 50 metros. La normativa aplicable a este tipo de obras permite un largo máximo de 100 metros; es decir, se violó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Debemos considerar que los inmobiliarios que construyeron esta torre son los concesionarios del Casino de Viña del Mar, tradicional e influyente institución de juegos de azar, siempre muy ligada a la municipalidad y con buenas relaciones con los poderes fácticos porteños y los políticos. ¿Qué respondieron los funcionarios públicos ante las irregularidades descritas? Reconocieron que el largo de la calle sin salida excede las normas vigentes, pero para justificar su existencia, expresaron que la arteria es efecto directo de un procedimiento judicial que incluso originó otros lotes. Es decir, como la calle no fue generada por una operación inmobiliaria normal, carecía de una aprobación municipal y el reclamo se desechó, porque "no corresponde dar aplicación a la norma por tratarse de un caso excepcional" (sic). En todo caso, no queda claro si esta calle tiene la calidad de bien nacional de uso público, al igual que todas las calles del país. En relación con la exigencia legal (artículo 4.3.20. de la OGUC) de que "los edificios de siete o más pisos deberán contar con acceso desde la vía pública hasta la base de dichos edificios, tanto para ambulancias como también para carros bomba y/o de escalas, el que tendrá una resistencia adecuada y un ancho suficiente para permitir el paso expedito de los mismos", las autoridades respondieron que la norma no forma parte de las que compete cautelar a la Dirección de Obras Municipales para los efectos de otorgar los permisos de edificación. Se les dijo que la responsabilidad de cumplir esa disposición preventiva recae sólo en los arquitectos proyectistas y en los revisores independientes, si éstos hubieran intervenido en la tramitación del permiso de edificación. Recordemos que los anteriores son particulares, a quienes no se les puede exigir nada, porque debido a que no forman parte de la administración del Estado aparecen y desaparecen, según sus motivaciones. Muchos de estos profesionales son muy responsables, pero el Estado no puede dejar en manos privadas materias tan serias. También se respondió a los recurrentes que todos los proyectos aprobados por la Dirección de Obras en la calle ciega se han ajustado a la norma, pero esto se contradice con lo que aducen los vecinos y nosotros, por experiencia, siempre le creemos a los últimos. En la documentación que tenemos figuran oficios firmados por el arquitecto Fernando Durán, en su condición de director subrogante de obras municipales de Viña del Mar y aprovechamos la circunstancia de pedirle a Virginia Reginato, carismática alcaldesa, explicar a la opinión pública y a nosotros cómo se justifica que el director de obras titular no ejerza su función desde hace quince años y si durante estas prolongadas vacaciones involuntarias, la municipalidad le ha seguido pagando el sueldo. E stamos seguros de que la edil aclarará con transparencia la consulta y si ella no está disponible, será el administrador municipal quien recogerá el guante. A la luz de lo acontecido y para que se resuelvan las incoherencias mencionadas, lo más prudente sería que los bien informados vecinos de Reñaca eleven los antecedentes a la sede regional de la Contraloría General de la República, para que ésta, cumpliendo su rol, investigue las curiosidades que se dan en el hermoso balneario del Festival de la Canción, al cual, naturalmente, asistiremos en los próximos días.