Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 27 de enero de 2009. En Noviembre de 1981, es decir, hace un poco más de 27 años atrás, en la esquina sur poniente de Apoquindo con Manquehue, comuna de Las Condes, se inauguró con gran despliegue de prensa y con presencia de Sergio Fernández, ministro del Interior de la época, el Cosmocentro "Apumanque" nombre mapudungun que significa cóndor jefe. Recordemos que en ese entonces Chile vivía una convulsión económica por las quiebras y rescates de bancos particulares y por ello los propagandistas del gobierno militar destacaban esa inversión como una muestra de confianza de la empresa privada en los destinos de nuestra nación. Ese centro comercial era el más grande e importante del país en esa fecha, teniéndose en cuenta que el Mall Parque Arauco, su competidor natural, localizado también en esa comuna, comenzó a funcionar 2 años después. El Apumanque fue recibido por la Dirección de Obras respectiva con un total aproximado de 20.000 m2 divididos en 964 unidades (locales comerciales, bodegas y estacionamientos) con amplios y cómodos espacios comunes peatonales unos, y de acceso restringido al uso público, los otros. La empresa constructora, tal como es habitual en los reglamentos de co-propiedad, se reservó el derecho de administrar el edificio durante un año para solucionar las posibles desinteligencias que podrían existir en la convivencia de tantos dueños de locales y además para dejar correctamente funcionado este prototipo mercantil. Una empresa continuadora de la anterior detenta hasta esta fecha la titularidad de ese derecho, suponemos porque los locatarios están atomizados y porque desconocen sus facultades. Los controladores del exitoso negocio (2 personas jurídicas relacionadas entre ellas) se quedaron con el 40% de los m2 construidos, aunque en la actualidad sus propiedades representan el 25% aproximado del total de la co-propiedad. Entendemos que, por incompetencias profesionales en prevención de riegos, se han producido algunos amagos y 2 incendios, los que han sido profusamente cubiertos por la prensa escrita y de TV. El primero de ellos en 1990 y el segundo a fines del 1992, en plena efervescencia navideña, siendo éste último de carácter catastrófico, de acuerdo a lo expresado por el Cuerpo de Bomberos, institución que actuó en ambos casos con denodados esfuerzos para controlar las llamas. Esta institución de sacrificados voluntarios denunció que su trabajo se vio dificultado por la no disponibilidad de planos del edificio en ese momento. El saldo de sus lesionados llegó a 100 de los 300 hombres que concurrieron al siniestro. Lamentablemente los bomberos no sabían cómo dirigirse al foco del incendio, entre otros motivos, porque el sector en donde se originó el mismo había sido modificado a la chilena, vale decir, sin autorización de la asamblea de co-propietarios : parte de un espacio común se incorporó a un espacio privado y se compensó en otro lugar. Además hay que agregar que una vía de escape se encontraba y aún se encuentra eliminada, por anexión a un local comercial, el que, sin permiso municipal, se utiliza como oficina de quienes regentan el Apumanque. Por otro lado, hay una distinta vía de evacuación que siendo la única de ese sector, está semi-obstruida por instalaciones de un restaurant. La Dirección de Obras de Las Condes, desde hace unos 15 años, está en conocimiento pleno de una serie de construcciones, demoliciones e instalaciones en los bienes comunes realizadas de facto por quienes actúan como dueños de la totalidad del Apumanque y su comportamiento siempre ha sido complaciente frente a tales irregularidades. A modo de ejemplo, en el núcleo central del nivel subterráneo existían bodegas ocupando unos 1.200 m2, las que, como producto de la anexión de sus correspondientes accesos y baños comunes, ampliaron su superficie total hasta llegar a los 1.500 m2. Ahora bien, este recinto así formado, incorporando 2 locales auténticos que sirven como acceso, por arte de magia, se transformó en un gran local comercial de los controladores. Después del incendio de 1992 este local se le arrendó a otras empresas hasta el día de hoy. Hace poco tiempo se intentó regularizar una de las tantas modificaciones estructurales ejecutadas sin permiso municipal. Nos referimos a nuevas superficies útiles construidas en el año 2007, fuera de la fachada del edificio, y para ello se pasó por alto una restricción establecida en un permiso referido a otro asunto. Afortunadamente apareció en este episodio la Contraloría General de la República, la que, al hacer sus observaciones puntuales, evitó indirectamente que se pasara un gato por liebre. Todos los alcaldes y muchos concejales de Las Condes, a partir de la instauración de la democracia, con distintos grados de amplitud y profundidad, han tenido conocimiento de las irregularidades que, muy sintéticamente describimos en esta columna, y nadie se ha atrevido a tomar el toro por las astas, lo que no nos debe extrañar porque en Chile, hasta ahora, la fiscalización es un mito y la impunidad está garantizada. Incluso algunos actuales senadores de la República, quienes en tiempos pasados se relacionaban con Las Condes, conocen la situación y optaron por no involucrarse. También el simpático y ocurrente Carlos Larrain, concejal en ese municipio y presidente de Renovación Nacional, quiso ordenar la casa pero la fuerza de los hechos consumados no se lo permitió. Como todos los inversionistas tienen la obligación de conocer las reglas del juego, es urgente que la probidad comercial esté presente en esa construcción y si Las Condes ha dado muestras de negligencia, quisiéramos que en ese municipio se implemente a la brevedad una reingeniería completa para que nunca más tengamos que estar revelando este tipo de actuaciones antisociales. Así las cosas, y ante esta denuncia pública de algunas de las irregularidades ocurridas, debemos esperar que los controladores se hagan un tardío mea culpa y como empresarios exitosos que son, empiecen a sanear todos los vicios que tiene esa edificación, sin esperar que la Contraloría General de la República se lo exija directamente a la Municipalidad de Las Condes. Si se procede en tal sentido, como debiera ser, sus miles de clientes lo reconocerán positivamente, ya que la seguridad es un bien público muy gravitante en toda sociedad civilizada.