Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 06 de enero de 2009. Se ha configurado un extraño régimen de prebendas urbanísticas para negocios inmobiliarios que se ejecutan fuera de los límites urbanos. El sábado 3 de enero La Tercera editorializó sobre "Límites de la ciudad de Santiago y decisiones públicas", texto donde formula críticas al concepto de límite urbano como herramienta de planificación y ordenamiento territorial de las urbes, resaltando que, con más flexibilidades, se logran mejores estándares de vida para los habitantes de las nuevas urbanizaciones. El diario plantea sus puntos de vista con ocasión de la iniciativa del Minvu que desea expandir en 10 mil hectáreas la capital, regida por el Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), contemplando en esa cifra la proyección de 4 mil hectáreas como espacios verdes. También se refiere a las Zonas de desarrollo condicionado (Zoduc), asimilándolas a los Proyectos con desarrollo urbano condicionado (PDUC), en circunstancias que las primeras (8 mil hectáreas agrícolas) localizadas en la provincia de Chacabuco se incorporaron en 1997 en el PRMS y los segundos (90 mil hectáreas agrícolas) ingresaron en 2003 en el PRMS en 11 comunas periféricas del norte, poniente y sur de la Región Metropolitana. Dadas las falencias detectadas a través del tiempo en las Zoduc, la autoridad sectorial mejoró sustantivamente la normativa de los PDUC, lo que está reflejado en el muy bien concebido artículo 8.3.2.4. del PRMS. Ese editorial pone de manifiesto que "los proyectos presentados para nuevas Zoduc se encuentran detenidos a la espera de cumplir largas tramitaciones burocráticas, lo que desalienta el uso de esta alternativa que ya ha dado excelentes resultados". Al respecto respondemos que los particulares dueños de los predios calificados como Zoduc sí han logrado tener "excelentes resultados" patrimoniales con los cambios de uso de suelo y por no haber hecho lo que debían hacer por fallas y omisiones en la regulación urbana. Por otro lado, aclaramos que los proyectos en tramitación no son Zoduc, sino tres PDUC que consideran cambios de uso de suelo en 2 mil hectáreas rurales en la comuna de Pudahuel: se trata de los emprendimientos inmobiliarios Urbanya, Enea y Ciudad Lo Aguirre de los grupos Santa Cruz-Yaconi, Endesa y Hurtado-Vicuña, respectivamente, aprobados muy a la ligera hace siete meses por el Gobierno Regional Metropolitano. Es conveniente que se sepa que estos tres PDUC, verdaderos prototipos, por ausencia de prolijidad funcionaria, no se enmarcaron en los procedimientos establecidos en el aludido artículo 8.3.2.4. del PRMS. Entre otras cosas, incumplieron las obras de mitigaciones viales, no se consultó oportunamente la opinión técnica de los asesores urbanistas de las comunas adyacentes a Pudahuel y, en general, no se ciñieron a todas las condiciones de compensación y reparación exigidas en ese artículo. Por tales razones, nuestra fundación se vio en la necesidad de llevar el caso a la Contraloría General de la República para que no tomara razón de las resoluciones administrativas de la autoridad metropolitana y por ello se constata la dilación que La Tercera denuncia en su editorial. En nuestra opinión, en este caso se ha configurado un extraño régimen de prebendas urbanísticas para negocios inmobiliarios que se ejecutan fuera de los límites urbanos. Estamos hablando de proyectos jurídicamente excepcionales, porque la ley general correspondiente no los permite. Recordemos que, tanto las Zoduc como los PDUC, existen sólo en esta región por decisiones administrativas adoptadas por consejeros regionales, funcionarios que no han sido elegidos por votación popular. Ahora bien, como nuestra institucionalidad no considera la existencia de organismos especializados en la prevención de la corrupción, cuando se conozca el próximo dictamen de la Contraloría será la ocasión propicia para que funcione por primera vez el reciente convenio suscrito entre la anterior, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en resguardo de las buenas prácticas comerciales, más aun si sabemos que esos cambios de uso de suelo les generan a sus titulares ingentes beneficios pecuniarios. Por otro lado, si los funcionarios hubieran hecho bien las cosas, lo más probable sería que, a pesar de la crisis financiera, ya habrían comenzado las primeras etapas de esos PDUC y por ello destacamos que se haya puesto en el tapete público esta sensible materia que, lamentablemente, no está en la agenda de los parlamentarios.