Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 29 de diciembre de 2009. Nuestra Fundación ingresó hace un tiempo en la Contraloría General de la República una denuncia referida a las anomalías cometidas por organismos del Estado con ocasión de una transacción comercial de una parte de un terreno definido como área verde que le pertenecía al Ejército, en la Villa Militar Cordillera, en la amenazada comuna de La Reina. Se trata de una fracción de 3 hectáreas situada en la Avenida Las Perdices, entre las calles Talinay y José Arrieta, la cual fue vendida por esa rama de las Fuerzas Armadas a la Municipalidad de La Reina. La operación se hizo mediante una licitación pública llamada por el comprador y en la cual el Ejército fue el único oferente. Debemos tener en cuenta que en razón de las restricciones que para edificar comercialmente tienen las áreas verdes, el mercado inmobiliario les asigna a ellas un precio muy reducido. Ante esta situación restrictiva, bajo la alcaldía del distinguido arquitecto Fernando Castillo Velasco, se había convenido una donación condicionada del terreno a la municipalidad a cambio de una mejora, vía Plan Regulador, en las normas de edificación para otros predios con los que contaba el Ejército en la comuna, convenio que, por motivos desconocidos, no prosperó. El terreno en discusión es colindante al Canal Las Perdices, por lo cual está calificado como "área verde adyacente a cauces", de acuerdo al artículo 5.2.3.4. del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y en tal calidad, se encuentra impedido de utilizarse en actividades distintas a las mencionadas en dicho instrumento de planificación urbana. En La Reina, bautizada por la actual autoridad edilicia como comuna parque, existen 3 canales que ostentan tal calificación: Canal San Carlos, Canal Las Perdices y Canal El Bollo, existiendo en los 2 primeros parques consolidados en sus entornos. Según hemos sido informados, en un principio el Concejo Municipal había tomado conocimiento de que el terreno estaba avaluado en más de 500 millones de pesos, según documentación del Servicio de Impuestos Internos (SII). Posteriormente este servicio redujo ese valor a 121 millones, y al final el negocio se formalizó por 203 millones; precio que resultó ser igualmente excesivo. Ello por cuanto, aparte de las razones antes mencionadas, el subsuelo del mismo está conformado por rellenos inestables (basurales), y lo cruzan líneas de alta tensión que impiden legalmente levantar construcciones, hacer plantaciones y obras de cualquier naturaleza que perturben el libre ejercicio de las servidumbres establecidas dentro de su franja e inmediaciones tal como lo manda la Ley General de Servicios Eléctricos. Firmada la escritura de compraventa respectiva por la fracción del terreno negociada, el municipio de La Reina inscribió el correspondiente dominio en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), pero sin haberse efectuado el proceso de división afecta del terreno, ya que una parte de él había sido donado con anterioridad, con lo cual se infringieron conocidísimas disposiciones de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Le expresamos ello al titular del CBRS, a sus profesionales en planos y a la ministra visitadora de la Corte de Apelaciones, sin que tengamos a la fecha noticias de la investigación judicial que se debió haber efectuado. A pesar de lo anterior, el municipio celebró un contrato de arrendamiento del terreno, sin llamar a licitación pública, con la empresa Express de Santiago Uno S.A., una de las tantas concesionarias del polémico y venido a menos Transantiago. Posteriormente, el Ejército ingresó en la Dirección de Obras Municipales un expediente de división del terreno, el cual fue revisado, aprobado, calculados y pagados los derechos e inscrito en el CBRS en el acto: los especialistas que se desenvuelven en estas materias técnicas nos han dicho que tan extrema celeridad en este proceso es un nuevo récord mundial que tiene Chile en velocidad administrativa, lo cual debiera ser celebrado por todos aquellos que critican la burocracia. Dentro de las curiosidades de esta fantasmagoría, debemos destacar que los derechos municipales de unos cuantos millones de pesos fueron pagados por la empresa de locomoción colectiva en vez del Ejército, como en rigor correspondía. Más de algún lector se preguntará si el Alto Mando de la institución castrense está al tanto de tales singulares procedimientos administrativos, y nosotros le respondemos que sí, porque tuvimos la transparente decisión de informarle por escrito a su Comandante en Jefe de las rarezas de esa transacción comercial y no sólo a él, sino también se lo representamos al alcalde y a todos los concejales que ejercían en el período pasado. Obviamente, ninguno de los destinatarios de nuestra documentación acusó recibo de la misma, ni menos nos agradecieron el amable gesto. Producto de los malabares reseñados, en la actualidad figuran dos inscripciones del terreno área verde en el CBRS y el avispado municipio ya no se conforma con arrendarlo, sino que ahora pretende venderlo directamente a la empresa concesionaria del Transantiago, para lo cual solicitó en forma oportuna la autorización respectiva al Ministerio de Hacienda, la que no ha sido otorgada hasta el momento. Independientemente de las irregularidades señaladas, más otras que no describimos por falta de espacio, insistimos que las municipalidades no pueden eliminar sus áreas verdes aunque no estén debidamente materializadas, porque éstas son indispensables en ciudades contaminadas como la nuestra, pero éste no es el primer caso ni será el último, porque en Chile existe la cultura de la viveza y porque muchos sostienen que los marcos regulatorios son sólo de carácter indicativo. Por otra parte, el Plan Regulador Comunal (PRC) de La Reina prohíbe expresamente las subdivisiones en predios calificados como áreas verdes, como el caso en comento; en el cual no se ha tramitado cambio de suelo alguno. Sin embargo, se han producido subdivisiones, se ha construido un terminal de buses con un permiso de edificación provisorio (sic) y el municipio pretende construir un conjunto de viviendas acogido al tristemente conocido artículo 6.1.8. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Recordemos que el Minvu pasa por alto las normas que se han dado las propias municipalidades en sus PRC, a través de una interpretación muy antojadiza de ese artículo. (Ver columna ¿Se mantendrá el poder discrecional? publicada el 15/12/08 en El Mostrador). De acuerdo a lo señalado en los dos párrafos anteriores, se ha producido un grave atropello a los fundamentos ambientales de la planificación local, por una parte, y a la planificación intercomunal por otra, y como si fuera poco, también a las disposiciones de la Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, por lo cual nuestro colectivo ciudadano en días recientes ha planteado la denuncia respectiva en la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado para que éste, cumpliendo su rol, y ante el daño ambiental ya ocasionado, persiga las responsabilidades de quienes han vulnerado nuestra feble legislación. Pase lo que pase con este amargo episodio, una vez más le expresamos al gobierno que modifique la legislación sectorial con la idea de establecer una relación directa entre la cantidad de habitantes y áreas verdes por hectárea en cada comuna. Así todos los alcaldes inmobiliarios podrán aumentar las alturas de las edificaciones en sus territorios y con ello densificar, pero para tal propósito deberán preocuparse de tener más espacios públicos verdes para sus vecinos. Sabemos de antemano que esta propuesta no será acogida por quienes aún detentan el poder, porque en nuestro aporreado país el desarrollo urbano es una utopía y esperamos que La Reina y el Ejército, ahora que se ha hecho público la forma que tuvieron para que el terreno área verde cambiara de dueño, nunca más la repetirán porque las leyes y sus reglamentos existen para ser cumplidos por todos.