Defendamos la ciudad

Carta al director de Eduardo Bitran, ex Ministro de Obras Públicas, publicada en blogs de El Mercurio el 22 de noviembre de 2008. Señor Director: La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados señala que el "ex ministro Bitran tuvo responsabilidad política al no haber detenido" el problema de las cárceles concesionadas. Esta imputación me parece un "chiste de mal gusto" que demuestra poca seriedad de la comisión. Al iniciar mi gestión (año 2006) encontré el siguiente panorama: en el grupo de cárceles 1 (La Serena, Santiago y Rancagua), una demanda por 2,6 millones de UF del grupo liderado por Besalco, por supuesta responsabilidad del Estado en la gestión del contrato de concesión en el periodo 2002-2004; las cárceles del grupo 2 (Antofagasta y Concepción), también de Besalco, paralizadas por 17 meses y en franco deterioro por una inexplicable orden de no innovar acogida por el tribunal arbitral; el grupo de cárceles 3 (Santiago 2, Valdivia y Puerto Montt), atrasado respecto a lo programado, con una demanda de más de dos millones de UF por parte de la concesionaria francesa y con amenazas de paralizar las obras. En todos los casos existían grupos de proveedores que se sentían abusados por los concesionarios. En mi periodo tomé las siguientes decisiones: a) Cancelé el contrato de concesión con Besalco por el grupo 2, rescatando las cárceles a medio construir para hacerlas como obra pública. Ya está en construcción la de Concepción y en fase previa la de Antofagasta. Ambas estarán terminadas en este Gobierno. b) Negocié la terminación de las cárceles del grupo 3, pagando menos de un tercio de la demanda de la concesionaria. Las tres cárceles están en operación. c) Respecto de la estrambótica demanda del grupo 1, desafortunadamente el tribunal arbitral condenó al MOP a pagar 2,6 millones de UF y a extender significativamente el plazo de concesión, fallo al que concurrió con su voto el señor Manuel Díaz de Valdés, ex miembro de la directiva de la UDI, quien había sido designado por el ex ministro Jaime Estévez como representante del MOP en el Consejo de Concesiones y en el tribunal arbitral precisamente para representar los intereses del fisco. Lo inexplicable es que Díaz de Valdés había propuesto al MOP, en el Consejo de Concesiones, conciliar por un máximo de 1,3 millones de UF (1,6 millones de UF con intereses) y luego votó en contra de su mandante en el tribunal arbitral. Este fallo adverso unánime nos dejaba en mal pie, y recurrimos a la Corte de Apelaciones de Santiago y luego a la Corte Suprema, la que, por primera vez en democracia, dejó sin efecto el fallo de un tribunal amigable componedor. Esto ocurrió a los pocos días de que yo había dejado el ministerio. Mi sucesor negoció un pago de 2,2 millones de UF (más intereses), en vez de los 2,6 millones de UF (más intereses) que demandaba la concesionaria. Por último, junto con denunciar públicamente que los concesionarios de cárceles tenían al Estado como rehén, envié al Congreso un proyecto de ley que corregía varios problemas que dejaban al Estado y a los proveedores a merced de eventuales concesionarios oportunistas. Con estos antecedentes, que puse en conocimiento de la Comisión Investigadora, tengo derecho de exigirles una explicación a los señores diputados que la integran.