Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, pubicada en El Mostrador el 12 de noviembre de 2008. El sábado 8 de Noviembre pasado se publicó en El Mercurio la carta "Santa Rosa de Las Condes", suscrita por los conocidos arquitectos Fernando Castillo Velasco, Borja Huidobro y Cristián Boza, quienes hicieron valer el derecho de propiedad intelectual respecto de las creaciones y proyectos elaborados por los profesionales de la arquitectura, criterio que compartimos plenamente y que, por lo demás, lo hemos reiterado en reuniones llevadas a cabo en el Colegio de Arquitectos. Dicha carta fue publicada dentro del contexto de la controversia que existe entre los arquitectos Gonzalo Mardones y Eduardo San Martín, quienes, criticando a su colega Abraham Senerman, lo han llevando al Tribunal de Ética de la respectiva asociación gremial. Los acusadores diseñaron 3 torres de 23 pisos cada una, refrendadas por un permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras de Las Condes, compelida por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, al Club Deportivo de la UC. El proyecto se contempla en el terreno que conocemos como Estadio Santa Rosa de Las Condes. Sin embargo, haciendo un poco de historia en torno a cómo se cae en esta ramplona reyerta, el espectro que realmente pena la ética de las instituciones ligadas a este asunto, está relacionado con el hecho de que el terreno donde se levantarán las torres es un área verde denominada Parque Metropolitano Río Mapocho. Se trata de 6 hectáreas, correspondientes en su origen a un bien nacional de uso público, que le fueron donadas, mediante escritura del 2 de Septiembre de 1970, a la Pontificia Universidad Católica por el Estado de Chile, con el único propósito de que se usaran en actividades deportivas de los socios del club de esa casa de estudios. Para ello se conformó una Fundación que respetó la obligación modal hasta que sus directivos sacaron cálculos económicos para, previa violación de ella, rentabilizar su patrimonio. En efecto, a partir del año 2001, los diestros directores de ese club deportivo llegaron a la conclusión que había que aprovechar el boom inmobiliario en la zona denominada Sanhattan, y para ello le solicitaron a los arquitectos Mardones y San Martín que se relacionaran con el Minvu a fin de escarbar la fórmula más acomodada para conseguir ese objetivo. Ese ministerio fue "buena persona", y procedió a modificar, "a la carta" el artículo 2.1.31. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), con lo cual se posibilitó la obtención del permiso de edificación, requisito sine qua non para que algún agente inmobiliario adquiriera esa área verde. Y así fue como hace un año atrás, Senerman, con los controladores de Falabella, compraron en 35 millones de dólares esas 6 hectáreas, incluyendo el propio permiso de edificación que contenía el proyecto de sus colegas. Este negocio inmobiliario está previsto ejecutarse en el 20% de la superficie del terreno, ya que así lo estipula la OGUC cuando las áreas verdes no están consolidadas. Pero, curiosamente, el Estadio Santa Rosa de Las Condes, sí era un área verde materializada. Prueba de ello es que el Servicio de Impuestos Internos nunca cobró contribuciones de bienes raíces al club, pues este tipo de instalaciones deportivas están exentas del impuesto territorial, en razón de los beneficios sociales y ambientales que generan. Por tales motivos, en el año 2005, la Contraloría General de la República, previa denuncia de la Fundación "Defendamos la Ciudad", objetó las autorizaciones entregadas por los servicios públicos sectoriales al proyecto, pero, a pesar de la solidez del dictamen del ente fiscalizador, los tribunales superiores de justicia, acogiendo un recurso de protección de ese club, se encargaron de dejar sin efecto el dictamen de la Contraloría. En sede jurisdiccional se ha inventado la frívola teoría de que la Contraloría carece de atribuciones para pronunciarse sobre el fondo de los actos administrativos, intentando relegarla únicamente a un control formal de los mismos, con lo cual se pretende coartar su rol en favor del control de la probidad y el cumplimiento de las leyes. Otro componente de esta historia, está dado por el misterio que las torres sean de 23 pisos, en circunstancias que la altura máxima de edificación en Las Condes corresponden a 15 pisos. Pero como el enigmático asunto ya está zanjado por la Corte Suprema, y existen derechos adquiridos, retrotraer la operación comercial es imposible. Así las cosas, en un tiempo más tendremos más torres en Sanhattan, incrementando exponencialmente el ya existente colapso vial. Al respecto debemos tener presente que si el permiso de edificación se hubiera otorgado para que se construyeran las torres con el número de pisos que autoriza la regulación urbana, es decir, con los indicados en el párrafo anterior, Senerman le habría pagado a los dueños del terreno una suma inferior de dinero. Y, más aún, si el Minvu no hubiera modificado la OGUC, el terreno no se habría transado comercialmente. Como vemos, el precio del terreno dependía de lo que pudiera edificarse allí. En síntesis, los actores públicos y privados relacionados, sabían que el permiso de edificación era un requisito esencial para darle valor económico al predio, y por ese motivo era impensable que no formara parte de la transacción. También sabían que Senerman, en su suelo, jamás iba a construir torres que no fueran de su exclusivo diseño. Ahora bien, San Martín y Mardones lograron que las instituciones públicas, modificando la OGUC, accedieran a los deseos del club deportivo universitario. Esos arquitectos, según publicaciones de prensa, recibieron un millón de dólares por los servicios prestados a su mandante. Debido a lo anterior, Senerman compró el sitio con el permiso incluido en el precio de mercado para edificar sus torres. Ante la mansedumbre pública relatada, nos gustaría que el Colegio de Arquitectos, en lugar de analizar las insignificantes rencillas de sus adscritos, investigara a fondo la razón por la cual el Estado de Chile, desentendiéndose de su deber, no preservó esa área verde metropolitana, y permitió que el Club Deportivo de la Universidad Católica violara la escritura pública de la donación modal. Esto es lo importante, y no las escaramuzas llevadas a su Tribunal de Ética por los arquitectos que proyectaron las torres con el único propósito de que el terreno se pudiera vender en un altísimo precio a un tercero. En el supuesto de que Senerman, pudiendo obtener un nuevo permiso de edificación, pero ahora a su nombre, para dar por terminada así la discusión con sus colegas, el Tribunal de Ética debe dar respuesta a la ciudadanía porqué los arquitectos funcionarios del Minvu, con el objetivo de entregarle un lucrativo traje a la medida de ese club deportivo, redactaron un Decreto Supremo ex profeso, firmado por Jaime Ravinet, para modificar la OGUC. Con ese acto administrativo se originó la pérdida del área verde, se le entregó una arbitraria plusvalía patrimonial al privado poseedor de ella, se obligó a los socios del Estadio Santa Rosa de Las Condes a irse muy lejos para practicar sus deportes preferidos, y se originó este estúpido conflicto entre privados. Independientemente de lo poco que pudiera hacer el Colegio de Arquitectos en este vergonzoso episodio, es urgente que los comportamientos blandengues del Estado chileno no se repitan más. La ciudadanía no quiere ministros que, una y otra vez, sucumben, cuando no participan, ante los influyentes grupos de poder. Los mercaderes de alto vuelo son necesarios en toda sociedad civilizada pero tienen que someterse, como el resto de los ciudadanos, a reglas de juego parejas para todos. Un país sin un Estado responsable va inexorablemente al despeñadero y todo es cuestión de tiempo. Por ello, y para evitar lo peor, evocamos al presidente Barack Obama, en términos que en Chile es inaplazable el cambio en la forma de gobernar.