Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad publicada en El Mostrador el 07 de noviembre de 2008. No es extraño que muchos mantengan un silencio sepulcral ante esta clase de corrupción clasista, porque ellos, rigurosos y mediáticos fiscalizadores de las actuaciones falaces del gobierno, la amparan cuando se produce en su sector. Aquellos inmobiliarios top son los mismos que figuran sonrientes en las coloridas páginas de las revistas sociales que se venden en el sector oriente de Santiago. En ocasiones anteriores nos hemos referido en esta tribuna a los engaños urdidos al interior de la Municipalidad de Las Condes para favorecer económicamente al sector inmobiliario prime que, gracias a ellos, ha obtenido decenas de permisos de edificación con normas urbanísticas permisivas ya derogadas por el imperio de la ley, asunto que fuera informado con todo detalle por esta Fundación a los presidentes de la UDI y RN, al candidato presidencial Sebastián Piñera, como también a la Cámara de la Construcción y a los denominados think tank que asesoran técnica e ideológicamente a esos partidos políticos. No es extraño que muchos mantengan un silencio sepulcral ante esta clase de corrupción clasista, porque ellos, rigurosos y mediáticos fiscalizadores de las actuaciones falaces del gobierno, la amparan cuando se produce en su sector. Aquellos inmobiliarios top son los mismos que figuran sonrientes en las coloridas páginas de las revistas sociales que se venden en el sector oriente de Santiago y cuyas ediciones atrasadas son leídas a desgano en las peluquerías y en las salas de espera de los dentistas y médicos. Tales ardides se posibilitaron valiéndose de la circunstancia de que el alcalde Francisco de la Maza, renunció a su prerrogativa de aplicar, previo a la modificación del Plan Regulador Comunal de Diciembre de 2003, el artículo 117º de la Ley de Urbanismo y Construcciones que prohíbe el ingresos de nuevas solicitudes de anteproyectos y permisos de edificación en el período anterior a la publicación en el Diario Oficial de la nueva normativa. Como consecuencia de lo anterior se aprobaron en desmedro de los nuevos criterios urbanísticos unos 50 edificios con alturas muy superiores a las permitidas. A partir de la modificación urbana comentada, la elevación máxima en los sectores de alta densidad se fijó en 15 pisos, y en ellos, sin embargo, se han edificado torres de 30 o más pisos (sic). Para transgredir tal marco regulatorio, en esa municipalidad se urdió un tinglado con el cual los particulares que habían ingresado solicitudes de anteproyectos antes de la publicación del nuevo plan regulador, no dejaban constancia de las fechas de sus aprobaciones para que los plazos de sus vigencias, ampliándose irregularmente para evitar su caducidad, coincidieran con las fechas de las autorizaciones de los respectivos permisos de edificación. De esta forma la tramitación se adecuaba a lo ordenado en el artículo 1.4.11. de la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. En todo caso, hay que reconocer la habilidad de esos "emprendedores" que, como hemos visto, sí saben sacar ventajas en los negocios, en contraste con aquellos ingenuos, quienes por creer que existe un Estado de Derecho en Chile, se ciñen a las normas generales. Al respecto, la Contraloría General dijo: "Se concluye que el procedimiento ad hoc utilizado por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes en cuanto a considerar vigentes anteproyectos en que había caducado el plazo legal desde la notificación de su aprobación, y a prolongar esa vigencia durante todo el lapso en que no se pagaron derechos municipales a la sazón inexistentes, no se ha ajustado a derecho, por lo que procede hacer efectivas las responsabilidades administrativas que correspondan, sin perjuicio de que la Administración debe examinar si resulta procedente el rechazo o la invalidación de los respectivos permisos de edificación". Estamos hablando de actividades inmobiliarias "fuleras" que exceden los mil millones de dólares, razón por la cual, en su oportunidad, le solicitamos por escrito a ese alcalde que, como las construcciones ilegales en Chile no se demuelen, se contemplarán, al menos, como reparación, algunas formas de compensaciones ambientales. Pensábamos en la materialización de áreas verdes públicas en favor de las comunas más pobres de la región por parte de los privados que se vieron beneficiados por esa municipalidad. Buscábamos que por tales ganancias mal habidas, de unos 120 millones de dólares en conjunto, esas inmobiliarias resarcieran a la ciudad en esas comunas vulnerables en un monto equivalente a unos 80 millones de dólares. A tal propuesta de bien público el municipio simplemente nos contestó que ello no era posible porque la figura de la compensación no estaba contemplada en la ley. En consecuencia, en esa municipalidad, conocida por su desmedida vocación inmobiliaria, se otorgan permisos viciados, pero que, cuando son detectados, su autoridad se ampara en que la ley no considera reparación alguna por parte de los particulares que han lucrado excesivamente. Como vemos, Las Condes promueve el pecado capital de la codicia de lo cual tanto se ha hablado en el último tiempo, y tolera su impunidad para resguardar la obtención de utilidades privadas bastante mayores a las que se pueden obtener apegándose a la regulación urbanística. Además, como si lo anterior fuera poco, la Contraloría General, a solicitud del concejal PPD Hugo Unda y de una proba arquitecta, ratificó las denuncias de éstos, en el sentido que varios de esos empresarios pagaron montos muy rebajados por los derechos municipales por concepto de la calidad de la construcción. Para el caso, la Dirección de Obras de esa municipalidad tomó la iniciativa de alterar motu propio el formulario oficial -documento público tipo- elaborado por el ministerio de Vivienda y Urbanismo en donde se debían describir los atributos de cada construcción en trámite de permiso. Se trataba de un cuestionario en el cual se clasificaban los proyectos y que debía ser completado por un funcionario municipal. Sin embargo, esa dependencia municipal les traspasó dicha responsabilidad a los profesionales solicitantes de cada proyecto. Así fue como éstos, para favorecer a los propietarios de los negocios, completaron la información con categorías menores a las reales a fin de disminuir los montos a pagar al municipio. Estando así las cosas, el concejal Unda, adelantándose incluso a la Contraloría, presentó en el Ministerio Público una querella en contra de quienes resultaran responsables por los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de los mismos y fraude al Fisco. Estamos hablando de pérdidas para las arcas municipales del orden de los 4 millones de dólares. La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Brigada de Delitos Económicos, hizo su trabajo con esmero y dedicación, interrogando a una serie de funcionarios municipales de la Dirección de Obras y a empresarios inmobiliarios favorecidos o no con tal ardid. Entre otros, declararon representantes de empresas de las cuales es o era socio el alcalde de la Maza, quienes fueron parcos en sus dichos. Pero la clave la entregó la Directora de Obras, quien habló más de la cuenta al reconocer que había recibido una orden verbal para cambiar el “Cuestionario de Atributos para la Construcción”, no acordándose, eso sí, de quien se la había dado. Agregando, además, que ella nunca supo que se estaba utilizando el nuevo cuestionario, es decir, el apócrifo. Los detectives expresaron en su informe policial que hay incoherencia en los dichos de esa funcionaria. Los hechos que estamos dando a conocer a la opinión pública, demuestran que la “doctrina” de la presunción de buena fe, a la que se ha echado mano para excusar los actos de unos y otros en supuestos errores administrativos, y en la que se han amparado permanentemente los inmobiliarios y la propia municipalidad a la hora de legitimar esos permisos ilegales, no pasa de ser una mera ficción legal, cómoda, inclusive, para aquellos que estaban llamados a fiscalizar. Por tanto, ahora, esperamos que el accionar y la jurisprudencia administrativa se abran a la realidad de los hechos, cual es la ausencia en estos casos, de la manida buena fe, para que la pujante labor del Ministerio Público esté en condiciones de revelar la corrupción que todos los actores del sector conocen, pero que, en pos de mantener la tranquilidad institucional se ha silenciado. En honor a la verdad, es imposible no reparar en el hecho de que la Contraloría General, en la cruzada nacional de restauración de la probidad, en más de una ocasión no ha contado con el apoyo de los propios tribunales superiores de justicia, quienes sin medir las consecuencias, han imposibilitado que aquella ejerza una labor de fiscalización efectiva, relegándola a una tarea de control meramente formal de los actos administrativos. Sin embargo, ante el creciente ambiente de descomposición que estamos viviendo, la ciudadanía exige que los órganos fiscalizadores asuman con rigor todas las atribuciones que las leyes y la Constitución les entregan en resguardo del Estado Democrático de Derecho. A la codicia sin límites de algunos, capaz de corroer los cimientos mismos de la Nación, se le debe oponer una institucionalidad consciente de su deber, y sobre todo dispuesta a enfrentarse frontalmente a aquellos con convicción y a la altura de las circunstancias. Por lo relatado, estamos seguros que la Contraloría General y el Ministerio Público develarán todos los hechos desconocidos a la fecha, lo que se verá facilitado cuando los fiscales descubran quien era el personaje investido de autoridad que ordenó verbalmente a la desmemoriada Directora de Obras Municipales de Las Condes cambiar el documento público en donde se reflejaban los atributos para determinar la calidad de la construcción.