Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Hermam de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 05 de noviembre de 2008. Los arquitectos Eduardo San Martín y Gonzalo Mardones han anunciado, con características de escándalo, que acusarán al arquitecto Abraham Senerman de apropiarse del proyecto de tres torres de 23 pisos elaborado por ellos para que el directorio del Club Deportivo de la Universidad Católica pudiera vender el Estadio Santa Rosa de Las Condes al mejor postor. El conflicto, que todavía no llega a los tribunales de justicia, está radicado en el Comité de Ética del Colegio de Arquitectos. Haciendo un poco de historia, debemos recordar que el terreno en donde se levantarán las tres torres es un área verde denominada Parque Metropolitano Río Mapocho, porque está localizado en su ribera sur, al lado de la Embajada de EEUU. Se trata de 6 hectáreas que en 1970 fueron regaladas por el Estado de Chile a la Pontificia Universidad Católica con el exclusivo propósito de que se usaran en actividades deportivas de los socios del club de esa casa de estudios. Para ello se formó una fundación que respetó la obligación modal hasta el año pasado. En efecto, a partir de 2001 los diestros directores del club deportivo sacaron cálculos y para aprovechar el boom inmobiliario en la zona lograron que el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Las Condes, con artificios interpretativos, accedieran en sus respectivos roles a autorizar la construcción de las mentadas torres. El arquitecto San Martín, por cuenta de esos directores, debió emplear todos sus conocimientos e ingenio para que el ministerio modificara la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones y así se posibilitara la consecución del permiso de edificación, requisito sine qua non para que algún actor inmobiliario comprara el predio. Hace un año, Senerman, con los controladores de Falabella, compró las seis hectáreas en 35 millones de dólares, a sabiendas que su proyecto inmobiliario lo iba a desarrollar en 20% de la superficie del terreno, porque así está estipulado en esa ordenanza cuando las áreas verdes no están consolidadas. Curiosamente, el Estadio Santa Rosa de Las Condes sí estaba materializado como tal, porque en sentido contrario no se hubiera justificado que el Servicio de Impuestos Internos nunca le haya cobrado contribuciones de bienes raíces: las áreas verdes están exentas de este tipo de impuesto. La Contraloría General de la República, a nuestro requerimiento, había rechazado el procedimiento utilizado por los servicios públicos que, como vimos, consintieron en darle luz verde al negocio. Pero, pese a la solidez del dictamen del ente fiscalizador, los tribunales superiores de justicia, acogiendo un rebuscado recurso de protección de ese club, también con otro artilugio, dejaron sin efecto la resolución de la Contraloría. En la sede jurisdiccional se ha inventado la fútil teoría de que la Contraloría carece de atribuciones para pronunciarse sobre el fondo de los actos administrativos, relegándola solo a un control formal de los mismos, con lo cual se le coarta su función en favor de la probidad y el apego a la ley. Ahora bien, estimamos que la controversia es artificial porque San Martín y Mardones lograron que las instituciones públicas accedieran a sus deseos y por ello Las Condes otorgó un permiso de edificación a nombre del club deportivo y ya recibieron sus honorarios. Senerman, debido a que sus colegas hicieron un buen trabajo para favorecer a su mandante con una elevada plusvalía, compró el sitio en un precio de mercado para edificar sus torres y no las diseñadas por los anteriores. Para nosotros es un misterio que las torres sean de 23 pisos, en circunstancias que la altura máxima de edificación en Las Condes son 15 pisos, pero como el asunto ya está resuelto por la Corte Suprema que validó lo que hizo la Católica y como retrotraer la operación es imposible, en un tiempo más tendremos más torres en Sanhattan y los socios de Santa Rosa de Las Condes tendrán que irse a otros lugares más lejanos para practicar sus deportes favoritos. Nos gustaría que el Colegio de Arquitectos, en lugar de analizar las peleas de sus adscritos, investigara a fondo porqué el Estado no preservó esa área verde metropolitana y porqué no le exigió al privado el cumplimiento de la donación modal. Esto es lo importante y no las escaramuzas llevadas a su Comité de Ética.