Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Waldo Lopez, sociólogo de la Fundación Defendamos la Ciudad Conforme recién lo diera a conocer la Fundación Defendamos la Ciudad, sucede que como país, estamos sumidos en una práctica que deteriora todo concepto ciudadano de bien legislar, entregados a que una cierta comisión de asesores de la Cámara Chilena de la Construcción y de los Senadores que integran la Comisión de Vivienda y Urbanismo, se encuentre elaborando las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones que, en materias de desarrollo urbano, patrocinara el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, “el Minvu”(Boletín Nº 5719-14). Para lo cual, se vienen reuniendo los días jueves de cada semana, en las dependencias del propio Ministerio, bajo el mando del Jefe de la División de Desarrollo Urbano, quien es secundado por un asesor del Gabinete Ministerial, reconocido por su afinidad a la Alianza por Chile. En los hechos, se trata de una comisión ad-hoc, que es de corte político puro, y donde además del Minvu y de la Cámara Chilena de la Construcción, están representados la DC, el partido RN y la UDI. Es decir, una abrumadora mayoría de intereses neo-liberales. En sus primeras sesiones, también estuvo presente el PS, pero sus representantes observaron la impertinencia que el Minvu pudiera subrogar una función privativa de los Senadores de la República, y optaron por excluirse de participar. Esto, y además, sin perjuicio que el trabajo de esta curiosa comisión básicamente consista en tomar acuerdos para anular, trabar o diferir cualquier innovación o mejora al articulado propuesto que le interesa al Minvu y a sus aliados; en levantar un acta de mayoría, con los “acuerdos” que pasen estos controles por simple votación de todos sus integrantes, es decir, en “pasar una aplanadora política”; en llevar los “acuerdos” así logrados al seno de dicha Comisión del Senado, y en presentárselos a los parlamentarios para que los aprueben, conforme a lo resuelto por sus asesores, en esta comisión, tal como “consta en actas” (sic). Obviamente, todos estos asesores son profesionales idóneos, fieles a su respectiva camada política, y curiosamente, en su mayoría casi total, afines con las “posturas técnicas” del Minvu. Así no obstante, gracias a la buena fe de los Senadores, quienes parten de la base que en esta comisión de sus representantes se analizan democráticamente cada una de las muchas indicaciones en tabla, y con ello, además, que son resueltas por su mérito para el bien general; lo real es que estamos a las puertas de encontrarnos abruptamente con que el bien común, en materias del desarrollo urbano nacional, va a ser claramente de neto cariz neo-liberal, o desregulado al máximo, excepto como para que la DDU no pierda el control hegemónico con que impone sus puntos de vista. Y que como se aprecia ahora mismo, gana terreno a alto nivel de respaldo. Si a este horizonte en ciernes se le suma lo que ya ocurre con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que está siendo administrativamente aplicado por el Minvu a todo el territorio de la región, y no solo a la “unidad urbana” correspondiente a esta extensa ciudad, como lo prescribe la ley vigente que debiera ser, quiere decir que como país estamos listos para empezar a hacer crecer nuestras propias burbujas inmobiliarias en cualquier terreno de su superficie, donde hay otros 16 centros urbanos distintos y distantes. Detalle que es del caso tener presente, no solo para restituirlo a su cauce legal, sino porque llama la atención que el Minvu lo haya mantenido sin darle publicidad desde que rige, hace dos años atrás, y porque hasta hace poco, tenía previsto cambiar el Art. 1º de la ley para incluirle que la “división del suelo” fuese uno de sus fines, postura que optó por dejar de lado a última hora. Presumiblemente, para no tocar en ningún documento inicial del trámite ante el Senado, este muy trascendente “logro” que le proporciona el PRMS así modificado, que lo convierte en un supra-ministerio territorial en la Región de Santiago; ya que de esta manera, no arriesga las potencialidades que le da para crear nuevos “nichos de negocios” en pleno centro del país. Capaz que ahora que el PS no está participando en esta comisión de asesores, y entonces, por simple afinidad de intereses técnicos y económicos, ocurra que se vuelva a la idea que la “división del suelo” sea uno de los objetivos de la principal ley que en estas materias rige en el país. Habría que ver si el régimen interior de procedimientos del Senado permite o no que, en la Comisión, o en la Sala, y sin que medie una indicación previa del Ejecutivo, se pueda aprobar una determinada disposición no previamente contenida en el articulado del Mensaje respectivo. Tal vez, con el acta de la comisión ad-hoc que así lo recomiende, sea suficiente para conseguirlo. Como quiera que una temática como la precedente está prácticamente al margen del buen saber y entender de la gran mayoría de los ciudadanos; como quiera que existan diversas visiones del tipo de sociedad que queremos para convivir; como quiera que haya otros sectores del Estado con competencias propias que no debieran verse entrabadas por una ley de urbanismo que exceda su ámbito propio, y como quiera que el Senado de nuestra República sea una institución abierta a la participación para legislar a todo evento, resulta del perentorio que esta primera oportunidad histórica para pronunciarse sobre una ley al respecto, no debiera ser frustrada por causa de un procedimiento que resultó inapropiado. Se necesita un cambio de actores, una visión universalmente prometedora de nuestro ordenamiento territorial, urbano y no-urbano, y por sobre todo, hoy día, se necesita una voluntad política por hacer las cosas bien, donde esté garantizado que solo se utilizarán “buenas prácticas”. Sean estas en lo ético, en lo económico, en lo social, en lo técnico, o en lo ambiental. La opción política del día, en un período cuyos ámbitos se hallan engalanados con una diversidad de espejos políticos que enfrentan diferentes posturas, todos con miras a las próximas elecciones, los horizontes aparecen distorsionados. No es el momento de hacer transformaciones estructurales de nuestra legislación urbanística, que sin ser perfecta, o con algunos ajustes para corregir errores, primero tiene que ponerse a pensar en principios antes que en rehacer planes reguladores.