Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario Estrategia el 23 de septiembre de 2008. Existe en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca la integración en el uso del suelo para que así las familias de escasos recursos, sobre todo de la Región Metropolitana, tengan la posibilidad de acceder a suelos centrales, cercanos por tanto a los diferentes tipos de equipamientos y servicios, lo que -como se comprenderá- es muy deseable. En ese proyecto se contempla que todas las iniciativas habitacionales entreguen el 5% del suelo a viviendas sociales, considerándose que aquellos privados que no deseen ceder esa superficie paguen como compensación ciertos montos en dinero para que, con dichos recursos, en otros sectores se levanten esas viviendas. Esta política pública sería el primer paso en la tarea que busca el término paulatino de la inequidad socio-espacial en nuestras ciudades. En los países desarrollados la cesión corresponde a porcentajes mayores -de 30% en promedio-, lo que demuestra lo débil que ha sido nuestra institucionalidad en su función ordenadora del territorio. Dada las características del proyecto, en términos que no obliga al titular del proyecto inmobiliario a ceder efectivamente el 5% para la construcción de viviendas sociales, sino que deja abierta la posibilidad que pague al municipio por no integrar en su territorio jurisdiccional, estamos en desacuerdo con la iniciativa del Minvu. En días pasados asistimos a un seminario en Santiago sobre el asunto y ahí pudimos constatar que los representantes del sector productivo se opusieron a la medida y que otros más recalcitrantes le llaman a esta cesión "impuesto específico" para descalificarlo de plano. Sostenemos que si el Minvu se convence que el proyecto de ley, en una primera etapa de cinco años, tiene que obligar a los inversionistas a ceder ese pequeño 5% para viviendas sociales, sin contemplar la acomodaticia fórmula de la compensación, sería necesario un acuerdo político transversal para apoyar tal iniciativa legal, más aún si en una segunda etapa (como quisiéramos) dicho porcentaje aumente a 10%, cifra menor a las vigentes en los países a los cuales miramos con respeto. Si queremos barrios integrados, debemos avanzar sin miedo con el proyecto de ley mejorado; es decir, en los términos que hemos planteado.