Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 23 de septiembre de 2008. El 10 de Septiembre pasado publicamos en El Mostrador la columna “Áreas Verdes: más amigos de la verdad” y un extracto de ella se publicó en El Mercurio. Pues bien, Carlos Estévez, Seremi de Vivienda y Urbanismo, nos respondió sólo en el Decano, afirmando que lo habíamos atacado personalmente y que nosotros insinuábamos acusaciones de favoritismo en su plan expansivo de la ciudad e incluso llegó al extremo de decir que éramos “ambiguos”. En síntesis, habilidosamente se victimizó, pretendiendo invertir la carga de la prueba. Nos invitó a que diéramos a conocer nuestras posturas, expresando que en el ejercicio de su función no se habían fagocitado áreas verdes. Recordemos que este funcionario actúa como autoridad metropolitana del Minvu desde hace pocos meses y si nos asegura que él ha preservado estas tipologías nos alegramos sobremanera, aunque le recordamos que en días recientes él mismo autorizó la construcción de una casa multifamiliar del Movimiento Schoenstatt en una porción del área verde Parque Intercomunal de La Reina, lo que no está permitido según el artículo 5.2.3.1. del PRMS. Ahora bien, creemos que ha sido muy útil el debate que se ha generado en torno a la propuesta de expansión urbana de Santiago y la utilización de declaración de áreas verdes como herramienta de manipulación de la oferta inmobiliaria. Por ello, sostenemos que Estévez, en su condición de funcionario público, debe rendir cuentas pormenorizadas de este proceso modificatorio, siendo su obligación proporcionar la información precisa para que todos los ciudadanos -sus mandantes- podamos juzgar si la política pública expansionista se enmarca dentro de la ley y la Constitución, y obedece a criterios de bien común. Así las cosas, cabe entonces formularle al Seremi algunas preguntas adicionales para ver si, en esta ocasión, ciñe sus repuestas a los cánones de un Estado de Derecho para con todos sus ciudadanos a la hora de beneficiar a unos y gravar a otros en sus patrimonios, obligándose a entregar datos concretos que podamos verificar en su oportunidad ante la Contraloría General de la República, la Fiscalía Penal o de Antimonopolios, y así establecer el eventual grado de información privilegiada y/o tráfico de influencias que pudieran existir o no entre los partícipes de este proceso de modificación del instrumento normativo urbanístico, a saber : 1) ¿Por qué el Seremi no se compromete, utilizando la base de roles del SII, a publicar a la brevedad en la página web del Ministerio el listado de las personas naturales y jurídicas que resultan ser propietarias de los inmuebles beneficiados con las futuras áreas de expansión urbana y, de las que resultan, a su vez, afectadas con la imposición de áreas verdes? 2) ¿Por qué no asume igual compromiso de publicidad respecto de las personas y empresas que ha contratado ese Ministerio, directa o indirectamente, para llevar a cabo la elaboración de la propuesta de modificación del PRMS, a fin de que la ciudadanía pueda verificar las interrelaciones con los beneficiados con ella? 3) ¿Por qué nunca se han publicado en la página web del Ministerio los estudios que respaldan los cambios propuestos para modificar el PRMS? ¿Se hicieron alguna vez? o ¿se están haciendo recién ahora para llenar un traje eventualmente hecho a la medida? 4) ¿Cómo explica que territorios que ya cuentan con usos de suelos industriales o habitacionales se les despoje de ellos, convirtiéndolos en áreas verdes, y se beneficie, en cambio, a predios vecinos, actualmente rurales, con su incorporación a la expansión urbana por el sólo hecho de haber presentado sus propietarios una solicitud en tal sentido ante el Ministerio? 5) ¿Cómo el Ministerio obligará a los dueños de estas áreas verdes proyectadas que las consoliden como tales, o sólo pretende que se mantenga la afectación y sean meras áreas cafés per secula? 6) ¿Por qué una empresa privatizada, con un 37% de participación del Estado, consigue que sus extensos terrenos agrícolas sean declarados urbanizables en desmedro de los aledaños reconvertidos en áreas verdes? ¿Habrá influido en esta decisión de gobierno algún personero político que ejerció como Ministro de Vivienda y Urbanismo? 7) ¿Por qué se privilegia la localización de viviendas al interior de canteras de extracción de áridos de empresas ligadas con la construcción, en lugar de reconvertir éstas en áreas verdes? 8) ¿Con qué clase de información contaban algunas empresas inmobiliarias cómo para decidir la compra de extensos terrenos sólo meses antes de que se publicara la propuesta de modificación del PRMS que los declaró urbanizables y no áreas verdes? Dado que hemos formulado estas preguntas a cara descubierta y en el entendido que Estévez es un activo militante del PS, partido político de la presidenta Bachelet, en aras de la transparencia y probidad que debe existir en el aparato del Estado, estamos ciertos que en el transcurso de los próximos días nos contestará las ocho preguntas en este mismo medio y publicará sus completas respuestas en la página web de ese ministerio. Debemos tener presente que nuestro país pretende ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ente internacional con sede en Paris, Francia, en donde participan países a los que Chile desea emular. No nos imaginamos que la reciente ley sobre transparencia de la función pública y acceso a la información de la administración del Estado será vulnerada por Estévez y desde este medio electrónico le manifestamos que nosotros no atacamos a las personas. Por el contrario, formulamos críticas a nivel institucional para mejorar las políticas públicas en los sectores de Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente. Y para pesar de muchos, continuaremos con ahínco en nuestra labor de fiscalización ciudadana porque nuestra condición de independientes nos permite ejercer en plenitud esta necesaria tarea.