Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 18 de septiembre de 2008. Si queremos barrios integrados, debemos avanzar sin miedo con el proyecto de ley mejorado; es decir, en los términos que hemos planteado. Entre el jueves 11 y viernes 12 de septiembre se efectuó en el ex Congreso el seminario internacional Integración social urbana y negocio inmobiliario ¿una sociedad posible?, donde expusieron distinguidos representantes del sector inmobiliario, profesionales extranjeros, académicos de las universidades Católica y de Chile y algunos diputados conocedores del tema. Ese acto público, curiosamente no cubierto por la prensa, fue financiado con fondos del Estado y pese a ello los organizadores -el Ministerio de la Vivienda y la Cámara de Diputados- optaron por no invitar a ningún actor de la sociedad civil como expositor. ¿Miedo a las expresiones ciudadanas? Básicamente, en la reunión se trató el proyecto del Gobierno que busca la integración efectiva en el uso del suelo para que así las familias de escasos recursos, sobre todo de la Región Metropolitana, tengan la posibilidad de acceder a suelos centrales, cercanos por tanto a los diferentes tipos de equipamientos y servicios, lo que -como se comprenderá- es muy deseable. Por ello se contempla que todos los proyectos habitacionales entreguen 5% del suelo a viviendas sociales, considerándose que aquellos privados que no deseen ceder esa superficie paguen como compensación ciertos montos en dinero para que, con los recursos, en otros sectores se levanten esas viviendas para los más vulnerables. Este proyecto de ley ha sido analizado en las comisiones de Vivienda y Urbanismo de la Cámara y el Senado con distintos resultados. Esta política sería el primer paso en la tarea que busca el término paulatino de la inequidad socio-espacial en nuestras ciudades. Hemos leído por ahí que en los países desarrollados la cesión corresponde a porcentajes mayores -de 30% en promedio-, lo que demuestra lo débil de nuestra institucionalidad en su función ordenadora del territorio. Dada las características del proyecto, en términos que no obliga al titular del proyecto inmobiliario a ceder efectivamente 5% para la construcción de viviendas sociales, sino que deja la posibilidad que pague al municipio por no integrar, estamos en desacuerdo con la iniciativa del Minvu, entre otros motivos porque los inmobiliarios se las van a arreglar para pagar ínfimas sumas, que no servirán de nada y continuaremos con los guetos en extramuros. En el seminario, los representantes del sector inmobiliario se opusieron a la medida, pero por razones de corte clasista. Esto indica que el proyecto carece de piso para ser tratado en el Congreso. Es más, los apologistas del libre mercado salvaje le llaman a esta cesión "impuesto específico". En todo caso, y para emparejar las cargas que tienen los distintos sectores de la economía, quisiéramos que el Ministerio de Hacienda aborde en su integridad el aspecto tributario del sector de la construcción, porque éste siempre ha sido un privilegiado en las políticas públicas por el buen manejo que han demostrado tener sus relacionistas en las altas esferas. Recordemos que las dos asociaciones gremiales inmobiliarias que figuran en la prensa dando a conocer sus opiniones sobre el desarrollo del país, tienen línea directa y comparten socialmente con las autoridades. En todo caso, si el Minvu se convence que el proyecto de ley, en una primera etapa de cinco años, tiene que obligar a los inversionistas inmobiliarios a ceder ese pequeño 5% para viviendas sociales, sin contemplar la acomodaticia fórmula de la compensación, sería necesario un acuerdo político transversal para apoyar tal iniciativa legal, más aún si en una segunda etapa (quisiéramos) dicho porcentaje aumente a 10%, cifra bastante menor a las vigentes en los países a los cuales miramos con respeto. Si queremos barrios integrados, debemos avanzar sin miedo con el proyecto de ley mejorado; es decir, en los términos que hemos planteado.