Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 11 de septiembre de 2008. Dado que estábamos en conocimiento de esta irregularidad, el 7 de agosto, junto con el Movimiento Acción Ecológica, la denunciamos ante la Contraloría. Mediante la resolución 107 del intendente metropolitano (publicada en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 2003) fue aprobada la polémica figura de los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en áreas agrícolas de la región. Este texto "flexibilizó" la normativa sobre uso del suelo. Con ese propósito se introdujo el artículo 8.3.2.4. en la ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) estableciéndose que los PDUC son las intervenciones inmobiliarias en terrenos de al menos 300 hectáreas que se emplazan en las áreas de interés silvoagropecuario que cumplan con todas las condiciones y exigencias señaladas en ese artículo. Debemos reconocer que la descripción del aludido artículo 8.3.2.4. es completísima, lo que es indicativo del excelente trabajo que hicieron sus redactores. Se inicia la tramitación de estos negocios con un "informe previo favorable" de parte de una serie de servicios públicos y después de la decisión técnica del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el seremi de Agricultura, la municipalidad en donde está prevista la operación urbanística debe emitir un "informe técnico favorable definitivo" con la opinión fundada del asesor urbanista para asegurar que el proyecto en ciernes es coherente con el plan de desarrollo comunal y que no altere los equilibrios económicos de la municipalidad, lo cual es bastante lógico. Según el artículo 2.1.9. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), la modificación del PRMS debe ser consultada a las municipalidades cuyos territorios son vecinos al del territorio que cambia su uso de suelo en ese instrumento normativo y el responsable de la gestión de esta exigencia es el seremi de Vivienda y Urbanismo. La posición de las municipalidades consultadas debe ser validada de forma técnica por informes de cada asesor urbanista, profesionales que tienen una visión de mediano y largo plazo del desarrollo territorial de sus comunas. Pues bien, el Gobierno Regional Metropolitano aprobó las Resoluciones 77, 78 y 79 de los PDUC de los grupos económicos titulares de Urbanya, ENEA y Ciudad Lo Aguirre, respectivamente, para ejecutarse los tres en la comuna de Puhahuel sin que los asesores urbanistas de las ocho comunas circundantes hayan emitido sus informes. Estamos hablando de millonarias inversiones inmobiliarias, que se plasmarán en un horizonte de 30 años en Pudahuel y en las zonas vecinas de Lampa, Quilicura, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Estación Central, Maipú y Curacaví no sabían nada de ello porque no fueron consultadas de forma oficial. Dado que estábamos en conocimiento de esta irregularidad, el 7 de agosto, junto con el Movimiento Acción Ecológica, la denunciamos ante la Contraloría, así como otras omisiones en los días siguientes, que no es del caso mencionar. De acuerdo con nuestra práctica y por tratarse de una materia de interés público, dimos a conocer a los medios de prensa esos "olvidos" ministeriales con la idea de que no se repitan. En conocimiento de que se había detectado la omisión relatada, el mencionado seremi emitió el 21 de agosto la extemporánea Circular 029 en la que dice lo que sabíamos. Vale decir, en su oportunidad, antes de que el gobierno regional decidiera, ese seremi había ignorado el procedimiento legal de la consulta a los profesionales de las comunas circundantes a la de Pudahuel para que la instancia metropolitana tomara una decisión informada respecto de esas intervenciones inmobiliarias fuera de los límites urbanos. Pero no sólo el seremi había sufrido de este olvido, sino el gobierno regional, llamado éste último a conocer y estudiar los proyectos en cuestión antes de emitir su voto. Ahora, qué utilidad tendrán los futuros pronunciamientos de los asesores urbanistas de esas comunas ante la presión implícita que significa que el gobierno regional ya aprobó estos proyectos de expansión urbana en Santiago. Hoy, tal como están las cosas, esos asesores están en pie forzado y también nos debemos preguntar si quedarán realmente condicionados tales proyectos de desarrollo urbano. Por lo que sabemos, afirmamos con certeza que no.