Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 10 de septiembre de 2008. Cuando los irritados discípulos de Aristóteles le recriminaron agriamente que se mofara sin misericordia de las ideas del ya anciano Platón, de inmediato, y sin dudar, aquel les retrucó que por muy amigo que fuera de su gran maestro, más amigo sería siempre de la verdad. Sírvanos entonces, esta magnífica lección de comportamiento ético y de juicio intelectual ante los dilemas a los que nos enfrenta la vida, y a nuestros más caros compromisos, para abordar la recriminación que, a su vez, nos hiciera Carlos Estévez, Seremi de Vivienda y Urbanismo, cuando diéramos a conocer hace algunos días atrás las adversas y unánimes posturas que mostraran las más importantes universidades convocadas por el Gobierno Regional acerca de la propuesta de expansión urbana de Santiago que impulsa el Minvu. El Seremi, a título de reproche, ante la revelación de tan inconveniente noticia para sus propósitos, se mostró sorprendido en declaraciones a El Mercurio de que, por nuestra parte, no valoráramos que su propuesta de expansión urbana en 10.000 hectáreas vendría acompañada de la instauración de una extensión de cerca de 4.500 hectáreas de nuevas áreas verdes como compensación. Como réplica a ese reproche institucional, que encubre el presente griego con que se nos desea halagar para que aceptemos la propuesta de expansión urbana, partamos, entonces, proclamando como dogma de fe que, sin duda, somos particularmente amigos de las áreas verdes -como bien lo saben todos aquellos seremis que lo han precedido a él y a quienes nos hemos enfrentado en sus afanes de desafectarlas-, pero más amigos somos siempre de la verdad. ¿Cuál es, entonces, para el Seremi, esa tan incómoda verdad que se esconde detrás de tan tamaña y generosa propuesta de áreas verdes cómo para creerla cierta y exenta de toda segunda intención? En primer lugar, esta verdad se manifiesta patente en la mismísima prodigalidad de la oferta, pues en su propia extravagancia, a la hora de llevarla a la práctica, se palpa, sin más, su mullida piel de oveja. Sin embargo, la realidad nos ha enseñado hasta el hastío que para superficies de tamaño muy inferior a las que ahora astutamente se nos ofrece, éstas no han pasado de ser más que áreas permanentemente cafés, acechadas y finalmente fagocitadas por las continuas desgravaciones promovidas por las mismas autoridades que se dicen llamadas a defenderlas, previa adquisición por aquellos personajes siempre tan oportunamente tocados por la varita de la suerte. Por tanto, nos perdonará el Seremi si somos más amigos de la experiencia práctica y dolorosa, en lugar de las quiméricas promesas que no están siquiera en nuestras manos cumplirlas. Ni menos legalmente exigirlas a la correspondiente autoridad de turno promotora de políticas que finalmente se revelan fallidas, pero que ya para entonces están cómodamente sentadas en el sillón de un directorio inmobiliario o en otro cargo de gobierno, pero, por cierto, fuera de todo alcance para demandar su responsabilidad. En segundo lugar, como bien sabemos los conocedores de los fenómenos de regulación urbana, la promulgación de nuevos planes reguladores no sólo son la ocasión propicia para favorecer a algunos concubinos del Estado con la extensión de las área urbanizables, sino son, además, la oportunidad para deprimir y sacar del mercado vastas áreas susceptibles de convertirse en competidoras de las recientemente favorecidas como PDUC (Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado) y transformarlas, de paso, en presa fácil para su adquisición posterior a vil precio, para ser reconvertidas, a poco andar, como urbanas. Sin ir más lejos, como botón de muestra, baste recordar lo ocurrido con la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) del año 1997. Mediante ella, y transcurridos tan sólo 2 años de haberse promulgado su texto original -destinado, como se vociferó por mar y tierra, a disminuir la superficie urbanizable de Santiago y la amenazante conurbación- permitió, luego de volver sobre sus propios pasos sin ninguna vergüenza, una nueva expansión de la ciudad de Santiago, supuestamente ahora, autosuficiente y destinada, en buena parte, a acoger la vivienda social. Sin embargo, vaya casualidad, ésta se autorizó a dedo sobre terrenos que habían sido previamente declarados de alto riesgo para asentamientos humanos. Demás está decir quienes los adquirieron tan oportunamente, y que para la ocasión tampoco faltó el discurso urbanístico hecho a la medida para justificar la expansión en función del bien común, el que luego, por cierto, no se cumplió. Estos desarrollos son hoy en día el ejemplo más patente de conurbación a través de las carreteras construidas ex profeso para los mismos. ¿Entonces, en qué se traduce finalmente esta tan generosa oferta de áreas verdes? ¿Es una nueva e ingeniosa forma de encubrir las prebendas para algunos en perjuicio de otros? ¿Es una forma de amordazar y presionar al propietario afecto a ellas, bajo la amenaza tácita de aumentarlas hasta cubrir toda su propiedad? ¿En una forma de coartar la competencia inmobiliaria? Afirmamos que sí es una forma arbitraria para transferir y concentrar aún más la riqueza en unos pocos al margen de los méritos empresariales o las fuerzas del mercado. En definitiva, sí es una demostración de poder de aquellos privados que han tenido la sagacidad para capturar a nuestro débil Estado. Por eso queremos reiterar que sí somos muy amigos de las áreas verdes, pero más amigos somos del imperio del derecho, de la transparencia, de la igualdad ante la ley y las cargas públicas, de la libertad de emprender, del derecho a vivir en un medio ambiente realmente limpio, y en definitiva, ante todo, de la verdad a toda prueba.