Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Agrupación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 27 de agosto de 2008. La modernidad, de la cual se habla en las altas esferas del poder político, también significa adoptar decisiones concretas para proteger de verdad los derechos de la mayoría. La correcta traducción de esta palabra de origen escandinavo es Defensor del Pueblo, pero en nuestro país, posiblemente por temor a la palabra pueblo, se habla de Defensor del Ciudadano, institución de bien público que aún no existe. En el Gobierno de Ricardo Lagos se creó bajo el alero del Ministerio Secretaría General de la Presidencia una oficina denominada Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas (extenso título), con escaso poder a pesar de lo cual ha desarrollado una interesante labor. Su última directora ejecutiva fue Danae Mlynarz, militante socialista y concejala por Ñuñoa, que renunció para postular por la llamada Concertación Democrática al cargo de alcaldesa en esa comuna. Pese a las pocas atribuciones que tenía, se esforzó para ejercer dignamente su función en defensa de los ciudadanos y uno de sus tantos méritos fue el haber renunciado al día siguiente del instructivo presidencial en tal sentido. La comisión fue creada por decreto supremo en 2001 y ha abierto una expedita vía de canalización de reclamos de parte de los ciudadanos en pos del mejoramiento de la atención de los servicios públicos, el ejercicio de sus derechos y la solución de diversos problemas administrativos. Se ha dado como tarea el impulsar las condiciones para la creación del verdadero Ombudsman. En su consejo figuran representantes de ministerios, servicios públicos importantes y representantes de sociedad civil. Hasta ahora ha tenido tres titulares de designación presidencial y todos (un hombre y dos mujeres) han cumplido de manera ejemplar su cometido. Lo afirmamos por la experiencia de los diversos casos que nuestra Fundación ha llevado a esa Defensoría. Próximamente, el Gobierno debe nominar al cuarto titular de la comisión y en tal sentido sería más que razonable que se piense en algún personero representativo de la sociedad civil informada y, en nuestra opinión, específicamente del denominado Capítulo Chileno del Ombudsman, corporación pluralista, sin ataduras y transparente creada en 1985. Esta institución de la civilidad tiene una reconocida experiencia nacional e internacional en la materia y, lo más importante, no tiene tutoría partidista, de Gobierno u oposición: es autónoma. Ha participado activamente y con singular acierto en los proyectos legislativos presentados en los últimos años con la finalidad de crear el Ombudsman nacional, pero con los estándares internacionales para garantizar su efectividad. Sostenemos que, si se acoge esta propuesta, sería la oportunidad propicia para que el Gobierno se abra a las nuevas expresiones ciudadanas y, por otro lado, se entregarían claras señales de impulso a la figura del Ombudsman que todos queremos, vale decir, el defensor de los más débiles, vulnerables y desinformados, cuyo exclusivo norte será proteger sus derechos. Para despejar conclusiones equivocadas, en cuanto al sentido de nuestra proposición, declaramos que no formamos parte del Capítulo Chileno del Ombudsman, aunque sí conocemos a algunos de sus directivos. El proyecto de ley para crear la figura del Ombudsman se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y ya fue aprobado por unanimidad en la de Derechos Humanos. En el último tiempo hemos escuchado juicios de apoyo para su pronta entrada en escena de parte de la diputada RN Karla Rubilar, y el diputado del mismo partido Francisco Chahuán. El lunes 18 de agosto, a las 20 horas, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, el diputado PS Marcelo Schilling expresó que es urgente la instauración del auténtico Defensor del Pueblo para ir terminando con las arbitrariedades y abusos que se producen tan recurrentemente. Por ahora sólo esperamos que pronto nos pongamos a la altura de los países que ya cuentan con el Ombudsman. La modernidad, de la cual con tanta fruición se habla en las altas esferas del poder político, también significa adoptar decisiones concretas para proteger de verdad los derechos de la mayoría.