Defendamos la ciudad

Editorial del Diario Financiero, 2 de julio de 2008. Un nuevo informe que confirma anomalías en la gestión municipal -en este caso la correspondiente a Recoleta- emitió esta semana la Contraloría General de la República. Específicamente, la indagación dio cuenta de una serie de irregularidades en seis contratos suscritos entre el edil de la citada comuna, Gonzalo Cornejo (UDI) y la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA), cuya gerencia general ocupó su ex jefa de gabinete, Jenny Acevedo Sepúlveda. Una dinámica lamentablemente de una índole similar a la comprobada en forma previa por el mismo organismo fiscalizador en lo que respecta a las municipalidades de Huechuraba y Viña del Mar. Y que, por lo mismo, corresponde atender y atajar con prontitud más allá incluso de si hay o no algún tipo de delito detrás del accionar cuestionado o sólo alguna figura de negligencia. Más allá de las responsabilidades involucradas, obviamente que no resulta casual que las municipalidades sigan generando a la fecha tantas suspicacias, las que -a su vez- conducen a investigaciones por parte de entidades como la misma Contraloría; y que, en muchos casos, acentúan una negativa evaluación de parte de la misma población. Cada vez está más extendido la concepción de que el reducto edilicio es una instancia para devolver favores políticos y/o responder a intereses particulares, que al final reditúan beneficios puntuales para quien encabeza el municipio o sus eventuales colaboradores. Un cuestionamiento que bien puede ser en muchos casos injusto y que, por lo mismo, habla de la importancia de avanzar hacia un esquema de ingresos y gastos más transparentes del gobierno municipal, lo suficientemente moderno para erradicar las posibilidades de desorden y más clave aún la ocurrencia de ilícitos. Un marco legal donde los integrantes del concejo municipal se constituyan en un contrapeso real para el alcalde, con los espacios adecuados para cumplir con una eficiente y rápida fiscalización. Esto, además, en el entendido -como señalan estudios- que las platas municipales casi se han cuadriplicado en los últimos 20 años, en circunstancias que la información sobre el destino de las mismas no ha ido de la mano, en especial en lo que respecta a los antecedentes que emanan hacia la ciudadanía. Es urgente, por ende, reconocer que Chile tiene un problema estructural, de fondo, en el ámbito de las municipalidades y que no es propio ni responsable para un país en vías de desarrollo seguir exponiéndose a un ineficiente uso de los recursos, que se convierte en terreno fértil para una eventual corrupción.