Defendamos la ciudad

Por Katia Cotoras, arquitecta de la Comisión Legislativa Territorial y Moisés Scherman, economista de la Red Ciudadana por Ñuñoa Rechazamos el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo. Al analizarlo en su articulado, sin considerar el mensaje que fundamenta la necesidad de una nueva normativa, concluimos que está escrito con bellas palabras que no se concretan ni son coherentes con lo propuesto, producen confusión e impiden entender que detrás del cambio de las palabras "territorio" por "urbano" se enmascara un libertinaje de las normas sin control interministerial ni menos de la ciudadanía. Es una planificación de carácter arbitrario, un retroceso en el proceso de planificación con incumplimiento de convenios internacionales de participación ciudadana. Cuando se revisa se concluye que se requieren cambios para las ciudades, pero en otra dirección. No queremos nuevas Chaitén, una situación previsible si se hubieran considerado los factores geológicos, los riesgos de inundación por su ubicación y el crecimiento poblacional. ¿Cuántas ciudades en Chile permiten la ocupación habitacional en áreas de inundación (por ejemplo las aledañas a Concepción) porque el municipio no dispone de fondos para estudios de cuenca, geológicos, hídricos, etc.? El Estado, mediante los planes regionales e intercomunales debe normar la ocupación de áreas de riesgo. El proyecto libera más aun al Estado de la obligación de velar por el bien común al retirar la obligación de considerar las normas del plan intercomunal en el plan comunal. En la Colonia existían criterios más exigentes que los propuestos en este proyecto. No queremos conflictos sociales en nuestras ciudades por la ubicación de proyectos inmobiliarios. Hoy existen reglas quizás insuficientes, pero que permiten ampararse a los ciudadanos en el plan regulador comunal. El proyecto aumenta los conflictos creando confusión y arbitrariedad al aplicar al mismo territorio planificación por zonificación y condiciones, al permitir seccionales según un esquema director, al crear zonas de desarrollo urbano condicionadas sin cumplir las mitigaciones básicas y externalidades negativas del crecimiento urbano en las áreas agrícolas. La especulación excesiva daña el derecho a la propiedad, creando una planificación caso a caso con faltas a la probidad y al derecho a la igualdad en los administradores de territorio que son los municipios. Queremos participar en las decisiones de planificación urbana de nuestro barrio. Chile firmó el convenio de la Agenda 21 reconociendo el derecho de participación. Cada chilena y chileno invierte su mayor sueño y patrimonio familiar en su casa, por lo que nuestra mayor inversión debe estar protegida de la excesiva especulación. Queremos plebiscitos en los planes reguladores comunales, como en muchos países con transparencia y democracia, y no esquemas directores confusos, ambiguos a la ciudadanía o "seccionales" que permiten modificar las normativas sin transparencia. Queremos que Chile sea reconocido por sus bellezas escénicas y la calidad de su turismo. Queremos continuidad, integración y coherencia en las políticas de Estado acertadas y bien evaluadas por la ciudadanía, como por ejemplo la proyección internacional que ha hecho Sernatur de un turismo de naturaleza que debe guardar coherencia con lo que el país ofrece. Las áreas protegidas requieren de resguardo sobre todo hoy, para mitigar los efectos adversos del cambio climático. Sin embargo, en vez de promover la presencia de la ley 19.300, que ni se nombra, el proyecto retira la aprobación del SAG de las decisiones de planificación en suelo agrícola. Queremos que cada día Chile sea más reconocido por su vocación exportadora de recursos silvio-agropecuarios, pero esto requiere que el área agrícola no sea invadida por la especulación de las zonas de desarrollo condicionado. El mundo agrícola requiere protección de la contaminación de las ciudades. Chile no es reconocido por la calidad de sus ciudades sino por la calidad de su territorio, de sus cultivos agrícolas. En este proyecto nada se dice de estos espacios interfaces entre lo agrícola y los poblados rurales o ciudades, según sea el caso; no se establecen mecanismos de mitigación adecuados permitiendo la aplicabilidad de las zonas de desarrollo urbano condicionado (Zoduc) en todo el territorio, otra incoherencia ahora que hablamos de medidas que protejan la seguridad alimentaria. Queremos ciudades ambientalmente sustentables. Somos un país con déficit energético que requiere disminuir sus costos de transporte. El sistema de crecimiento planteado por las Zoduc, sin considerar áreas de trabajo en sus centros, gestará un crecimiento urbano asociado a grandes costos de transporte por desplazamiento (casa, trabajo, escuela), produciendo externalidades negativas, las cuales a no estar debidamente mitigadas en la legislación terminarán siendo asumidas por el Estado. Queremos el fortalecimiento de la planificación en sus diversas áreas de acción: regional, intercomunal o metropolitana y comunal. A nivel regional, el Estado deberá entregar los estudios de cuencas, geológicos, etc. Al intercomunal, se necesita conformar la oficina de planificación dentro del Gobierno regional unificando las diversas oficinas fiscales y los diversos Seremis para abordar la planificación en forma integral e interdisciplinaria. En las tomas de decisiones territoriales nuestros alcaldes deben participar en forma vinculante en el plan intercomunal. A nivel comunal es imperativo que los directores de Obras Municipales y asesores urbanistas vuelvan a ser profesionales especializados y no simples asesores inmobiliarios. Lo que planteamos no son sueños sino acciones legales concretas basadas en nuestra Constitución, porque las limitaciones y obligaciones del dominio en nuestro sistema constitucional derivan de su función social. En la declaración de principios establece que el bien común impone al Estado asumir las tareas que no pueden ser abordadas por personas o grupos intermedios. El rol del Estado en su aplicación en el ámbito social, ambiental y económico adquiere una dimensión permanente, regulando la habitabilidad de las construcciones, seguridad, eficiencia, salubridad. En la habitabilidad del entorno predial, creando normas para dar protección al entorno, respeto por las condiciones naturales sean geológicas, hidrológicas, con una densidad urbana adecuada. En la habitabilidad del espacio urbano, cuidando la calidad del medio ambiente, suficiencia de infraestructura sanitaria y energética, suficiencia de la infraestructura vial, respeto a la zonificación del plan regulador. Una Ley General de Urbanismo debe propender al mejoramiento de la habitabilidad de los asentamientos humanos velando porque las construcciones en sí mismas den seguridad y salubridad a las personas que las habiten, determinando las condiciones mínimas para que la edificación no deteriore el entorno de los predios vecinos y ordene el espacio urbano para proveer a la comunidad un hábitat adecuado, todo ello en cumplimiento de velar por el bien común conciliando los intereses particulares desde una perspectiva superior. Si llevamos al texto propuesto nuestros principios constitucionales de habitabilidad, sacaríamos por conclusión que no aborda la primera prioridad de la planificación, la función social, y por tanto las limitaciones urbanísticas propuestas vulneran la esencia de los atributos y facultades del dominio, creando además desigualdad ante la ley, pérdida de la conservación del patrimonio ambiental y pérdida de la utilidad y salubridad pública de todos los ciudadanos. Si además consideramos los compromisos internacionales adquiridos de habitabilidad, el proyecto rompe el convenio base de nuestra legislación internacional, la Agenda 21, acuerdo marco para los convenios comerciales. Considerando todas estas causales, la ciudadanía y las organizaciones que la representan concluyen que este proyecto debe ser rechazado. *Katia Cotoras, arquitecta de la Comisión Legislativa Territorial/ Moisés Scherman, economista de la Red Ciudadana por Ñuñoa