Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Miguel Lawner, abril 2008. Las políticas de vivienda y urbanismo implementadas en Chile durante los últimos 30 años, han deteriorado severamente la calidad de vida de millones de chilenos, forzados a vivir en asentamientos urbanos desprovistos de un mínimo de dignidad, carentes de infraestructura social, respirando un aire contaminado, angustiados por su seguridad personal, y en el caso de los santiaguinos, exasperados además, con un sistema de transporte público inaceptable, que les consume sus escasas horas libres viajando hacia o desde sus lugares de trabajo, de educación o esparcimiento. Para nosotros, profesionales formados en las disciplinas del ordenamiento físico, resulta doloroso admitir que el derecho a la ciudad esté vedado para un número tan alto de nuestros compatriotas. Es cierto que históricamente las clases sociales dominantes se apropiaron de las mejores localizaciones y servicios, pero siempre observando algún grado de integración del resto de la población. El actual modelo de desarrollo y la globalización, han intensificado los niveles de marginación y de segregación social de millones de seres humanos en todo el planeta. En Chile, este proceso se precipitó a partir de las grandes transformaciones económicas y sociales impuestas por la dictadura desde fines de los años 70. Las erradicaciones de campamentos en Santiago, significaron en el lapso de cinco años -1979-1984- el traslado forzoso de 28.000 familias, desde las comunas de Las Condes, Vitacura y Santiago hacia la periferia sur y poniente de la capital. Unos 120.000 santiaguinos fueron desarraigados de sus raíces: transplantados en una operación brutal, destinada a revalorizar el suelo de los barrios acomodados, generando en la capital auténticos bolsones de miseria. Esta operación se complementó con la transferencia desde el estado a los municipios de los servicios básicos de salud y educación, que se han constituido en servicios de segunda clase para los residentes de las comunas periféricas Las erradicaciones representan un quiebre dramático en la vida familiar. Destruyen las redes sociales, comerciales, de trabajo, y de esparcimiento tejidas a lo largo de los años, y presionan sobre los sistemas de transporte público al incrementar el número de personas asentadas en la periferia, lejos de sus centros de trabajo o de educación. Por añadidura, las políticas de vivienda social aplicadas desde entonces y hasta ahora, contribuyeron a este proceso de segregación, al focalizarse en las mismas áreas destinadas a las erradicaciones. La comuna de La Pintana, por ejemplo, experimentó un crecimiento del 130% en el período intercensal 1982-1992. ( ). El Minvu levantó 5.000 viviendas en dicha comuna, sin reservar un solo terreno para servicios de infraestructura social. Entre 1980 y 2000, se construyeron en el Gran Santiago unas 200.000 viviendas sociales, que comprenden un universo de un millón de personas -es decir- un 20% del total de los habitantes de la capital, alojadas en unidades habitacionales de muy bajo estándar, como quedó en evidencia a raíz de los temporales de 1997, que pusieron al descubierto su vulnerabilidad, pasando a ser más conocidas como las casas Nylon. Se trata de viviendas entre 25 y 40 m2, dispuestas mayoritariamente en bloques de 3 o 4 pisos por lo cual carecen de la posibilidad de expansión, a lo cual debe añadirse la ausencia casi absoluta de espacios públicos y de infraestructura social. Resulta paradojal reconocer que el éxodo desde los asentamientos irregulares hacia las nuevas viviendas sociales ha representado para la mayoría de los pobladores una regresión en su calidad de vida. Provenían de asentamientos con un entorno más amable, disponían de recintos más amplios por muy precarias que fueran sus terminaciones; dotados de espacios públicos pobremente equipados, pero donde los niños podían corretear sin demasiado riesgo; con redes sociales, comerciales o de esparcimiento más próximas. Bajo un punto de vista cuantitativo y financiero, el esfuerzo habitacional realizado por el Minvu en los años de la Concertación representa un éxito, pero ha significado una inmensa frustración para sus supuestos beneficiarios, hacinados en viviendas minúsculas, y en un entorno llamado eufemísticamente como villa, pero deficitario de los mínimos servicios que debe proporcionar la ciudad. Para estos compatriotas, el sueño de la casa propia se transformó en una enorme decepción, y peor aún, experimentan la vergüenza de residir en zonas estigmatizadas por el resto de la sociedad Juan Carlos Skewes, investigador de la Universidad Austral describe así este cuadro: “En cuanto a los hijos, los padres prefieren mantenerlos dentro del hogar. El mundo exterior se ha vuelto peligroso y el diseño espacial no les permite controlarlos visualmente cuando salen a la calle. Los juegos nintendo y los equipos de música y televisión ayudan. Bajo estas condiciones, comienzan a germinar el individualismo y la desconfianza recíproca. No quedan en las calles grupos que no sean las pandillas que han hecho suyo el espacio público. La vida comunitaria se ha desintegrado, mientras que la privatización de la vida social toma cuerpo, privatización que cobra fuerza toda vez que los residentes se acuartelan en sus viviendas. Cada cual se preocupa de lo suyo.” ( ) Consciente de haber recibido como herencia un parque habitacional tan precario, el gobierno de la presidenta Bachelet formuló en Enero del año pasado la llamada Nueva Política Habitacional, orientada a mejorar la calidad de las viviendas sociales. Se aumentó el monto del subsidio en un promedio de 50 UF, haciendo posible que las unidades habitacionales puedan contar con dos dormitorios, y además se abrió una importante línea de subsidios destinada a financiar ampliaciones y/o mejoramiento de las viviendas sociales existentes, de sus entornos y de los barrios. Me parece una rectificación significativa cuyos resultados es prematuro aun poder evaluarlos. . Los medios de comunicación nos abruman con el incremento de los delitos comunes y conflictos intrafamiliares ocurridos diariamente. No debe asombrarnos que gran parte de ellos tienen lugar en Puente Alto, La Pintana o Pudahuel, comunas cuyo entorno resulta propicio para generar toda suerte de conflictos al interior de las familiares, o con los vecinos. Tengo claro que la causa fundamental de este cuadro es de carácter estructural, y debe atribuirse al modelo económico vigente que margina del sistema a un alto porcentaje de la población, privada del acceso a bienes fundamentales, y que hoy sobrevive gracias a una compleja red de subsidios. La persistencia de este sistema ha ido modificando la mentalidad de los sectores excluidos, que en otras épocas tenían conciencia de sus derechos y luchaban por alcanzarlos. Hoy parecen resignados a aceptarlos como una graciosa concesión del gobierno central o de las autoridades locales. En nuestro campo de actividades, el fenómeno se ha acentuado por el progresivo desmantelamiento del aparato estatal, que juega un rol mínimo en la planificación urbana, habiendo transferido al sector privado la gestión sobre estas materias. En definitiva hoy día son las grandes compañías inmobiliarias las que resuelven donde y como han de crecer nuestras ciudades. De esta manera, no hay posibilidades de velar por el bien común, prevaleciendo solo los proyectos que garantizan una adecuada rentabilidad de las inversiones. La más grave de las consecuencias de esta política es el valor desmesurado que ha alcanzado el suelo urbano. El diputado Carlos Montes señaló lo siguiente: “El mercado del suelo es un serio cuello de botella para crecer de manera constante y con mejor calidad. La liberalización del mercado de suelo y la falta de política de suelo ha agudizado todos los problemas de calidad de la ciudad. El problema no es el mercado, sino la falta de política pública, de política urbana, de política de ciudad”. Planificar la expansión del suelo urbano: Todas las doctrinas urbanísticas sostienen la necesidad de ejercer un control sobre el suelo urbano, limitando su expansión indiscriminada, y la especulación. Sólo al Estado o a los Municipios les corresponde la misión de definir el uso y destino del suelo urbano, y no a los promotores inmobiliarios privados. Chile conoció en el pasado experiencias exitosas al respecto, a partir de la creación de la CORMU (Corporación de Mejoramiento Urbano), entidad formada en 1965, junto con la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, durante la administración del presidente Frei Montalva. A estas alturas, visto el curso que han tomado los acontecimientos, la experiencia de la Cormu bien puede considerarse como la era dorada de la planificación en Chile. La Ley otorgó a la Cormu los mecanismos legales que hicieron posible el manejo del suelo urbano. Yo ejercí el cargo de Director Ejecutivo de esa institución durante todo el período del presidente Allende, y nosotros hicimos pleno uso de las efectivas atribuciones contenidas en la Ley, las cuales nos permitieron adquirir terrenos en forma expedita y a precios razonables, en las zonas concordantes con los anhelos expresados por los postulantes a la vivienda. En el primer año de Allende, la Cormu adquirió 2.000 predios, cantidad cinco veces superior al promedio anual registrado en la anterior administración. Siempre nos ceñimos a la legislación vigente, que autorizaba a fijar los precios conforme al valor del avalúo fiscal, y no al valor comercial, y a tomar posesión del predio aun cuando prosiguiera el juicio en los tribunales, si es que la Junta Directiva de Cormu declaraba los terrenos como de “urgente necesidad y de utilidad pública”. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos se obvió la acción judicial llegando a un común acuerdo con los propietarios,. Los especuladores urbanos recibieron un golpe mortal, produciéndose una notable caída en las expectativas de precio. Desafío a alguien que pueda exhibir un solo caso de adquisición o expropiación de terreno que pueda calificarse de abusiva o arbitraria. Me cupo responsabilidad directa en este campo, y sé muy bien lo que afirmo. Esto permitió la realización de ambiciosos proyectos habitacionales, no en la periferia sino que poniendo el acento en las áreas centrales deterioradas de las zonas metropolitanas que exigían alguna remodelación, o cuya baja densidad aconsejaba su densificación. Los proyectos cubrieron todo el país, y se ejecutaron en el marco de planos seccionales cuidando su necesaria integración con la trama urbana adyacente. En Santiago cabe destacar el seccional Mapocho Bulnes, el Parque Intercomunal Poniente Che Guevara, hoy llamado Santa Anita, el Seccional Tupac Amaru, ex polígono de Tiro en Avenida Perú, -a mi juicio el mas exitoso desde el punto de vista espacial y por la notable participación de la comunidad- el seccional Santa Mónica en Conchalí, el seccional Ramón Allende, ex Padres Carmelitos y Cuatro Alamos en Maipú, el seccional El Salvador, ex Iracheta en Renca, y otros de menor alcance. En Valparaíso, se ejecutó la Remodelación El Almendral; en Concepción el seccional Hermanos Peredo, y en Lota la Remodelación Baldomero Lillo; en Iquique la Remodelación La Puntilla; en Antofagasta el seccional Soquim, y en Arica la Remodelación Chinchorro. Todas las obras se destinaron preferentemente a los sectores de bajos ingresos, pero ejecutadas con alto nivel de calidad constructiva y de diseño arquitectónico, por lo cual no generaron impacto negativo alguno en su entorno próximo. Recordemos también el concurso internacional de arquitectura para la Remodelación de Santiago Centro Poniente, un proyecto que comprendió 16 manzanas en torno a la Avenida Norte Sur, hoy llamada Avenida Central que estaba en construcción por entonces. Triunfó un equipo de arquitectos argentinos, que incluso se trasladaron a vivir a Chile para realizar este proyecto, dejando totalmente listo los planos para la construcción de la primera etapa, consistente en el cuadrante en torno a la Iglesia de Santa Ana, pero que desgraciadamente no alcanzó a materializarse, ya que la junta militar canceló dicho proyecto. En definitiva, opino que para planificar con la voluntad de velar por el interés de la comunidad y no por los intereses del inversionista, el Estado debe tener las atribuciones para fijar una política respecto al suelo urbano, haciendo accesible este bien a todos sus ciudadanos. Mutilarse las manos en este campo, admitiendo un mero rol subsidiario del Estado ha llevado a nuestras ciudades a un peligroso nivel de segregación social. Fin a la segregación social urbana. Acabar con la segregación urbana fue un objetivo fundamental del gobierno de Allende. Este es un estigma impugnado por los urbanistas de cualquier signo, ya que consagra la inaceptable división entre una ciudad para ricos y otra para los pobres. Ayer como hoy, los sin-casa reclamaban su derecho a permanecer en las comunas de su residencia, rechazando la erradicación a otras zonas, que representa una ruptura con sus lazos y arraigos sociales, y eventualmente la pérdida de sus fuentes de trabajo. Durante el gobierno de Allende, nuestra política respecto al suelo urbano permitió eliminar su especulación, favoreciendo la instalación de los grupos de bajos ingresos en zonas compatibles con sus legítimas aspiraciones. Un caso emblemático fue la construcción de la Villa Compañero Ministro Carlos Cortés ( ), ubicada en el ex fundo San Luis, una vasta extensión de terreno situada en el corazón de la comuna de Las Condes, que había permanecido sin edificarse, debido a prolongados litigios judiciales. Esta obra se programó en beneficio de los grupos sin-casa de esa comuna, instalados en su gran mayoría en las márgenes del río Mapocho. A partir de Abril de 1972, y hasta el golpe militar, alcanzaron a entregarse 1038 departamentos. Varios comités y cooperativas como las llamadas “El Esfuerzo” y “El Ejemplo”, que habían postulado durante muchos años a alguna solución habitacional, vieron finalmente cumplidos sus anhelos. ( ) Las mil familias asignadas en este programa, cumplieron con todos los requisitos de postulación, y comenzaron a cancelar sus dividendos mensuales, sin embargo, Pinochet desconoció estas legítimas asignaciones, y ordenó el desalojo de estos modestos asignatarios, pretextando que se había tratado de una toma. Algunos fueron simplemente lanzados a la calle. Otros fueron instalados en viejas poblaciones del Ejército situadas en Renca o en La Granja, donde residía personal de la institución, y estos suboficiales o cuadros del ejército entraron a sustituir a los legítimos asignatarios. Lo que resulta incomprensible es que en 1991, es decir durante el gobierno de Patricio Aylwin, el Ejército lograra legitimar este despojo con la complicidad del Ministerio de Bienes Nacionales, que mediante la dictación de dos decretos reservados, destinó el conjunto para uso institucional de la institución, estableciendo sin embargo, que “si el Ejército no utilizare los inmuebles en los fines señalados, o si los cediere a cualquier título, se pondrá termino de inmediato a la destinación” ( ) El Ejército hizo caso omiso de esta restricción. En 1997 lanzó a la calle o trasladó a otro lugar al personal de sus filas que ocupaba los departamentos hasta ese momento, y sin mediar licitación alguno anunció que había vendido el terreno con todos sus edificios a una Sociedad Inmobiliaria, en el valor de 88 millones de dólares. La inmobiliaria adquirente del predio, inició la demolición de los edificios, anunciando en su lugar, la construcción del gran centro de negocios de Santiago. Organizó una ceremonia para dar comienzo públicamente a lo que calificó como el megaproyecto más espectacular construido hasta entonces en Chile. Joaquín Lavín, por entonces alcalde de Las Condes, encabezó esta ceremonia, y empuñó los mandos del primer bulldozer, que inició la demolición de los muros mas nobles jamás levantados en esa comuna. Las Ultimas Noticias publicó lo siguiente en su edición del 16 de Julio de 1997. “Lavín de un plumazo derribó un mito: el anhelo del gobierno de la Unidad Popular de abrir las comunas pudientes a los sectores mas desposeídos.” Avergûenza constatar que hay quienes se ufanan de semejante despojo, tanto como lo es la complicidad de las autoridades de los regímenes democráticos que ampararon dichas acciones. Mil unidades habitacionales sólidas de inmejorable calidad fueron demolidas sin que se alzaran voces de protesta por semejante hecho. El Estado de Chile no sólo despojó de sus legítimos derechos a mil familias, sino que desde un punto de vista económico, derrochó un patrimonio financiado con recursos provenientes del presupuesto nacional, sólo con la finalidad de revalorizar el suelo en beneficio de los sectores de altos ingresos. En la Nueva Política Habitación formulada por el MINVU se tuvo presente la imposibilidad de los sectores de bajos ingresos para acceder a localizaciones mejores debido al alto valor del suelo, y se acordó la creación de un subsidio a la localización, de cuya operatividad no estoy debidamente informado, pero que obviamente es un síntoma positivo. Días atrás, la Ministra de Vivienda y Urbanismo presentó ante el Consejo Regional de Santiago una propuesta de modificación del Plano Regulador Metropolitano de Santiago de 1994, en donde señaló lo siguiente: “Santiago, es definitivamente una ciudad segregada. Mientras algunos viven en una ciudad del primer mundo, y gozan de todos los beneficios del desarrollo, otros siguen viviendo en el tercer mundo, con todas las consecuencias que ello tiene para la sustentabilidad del desarrollo y la democracia. Un entorno homogéneo de pobreza restringe las oportunidades y mata la esperanza de surgir. Esta segregación se traduce además, en acceso desigual a bienes y servicios públicos, que impactan directamente en la calidad de vida y en las oportunidades de desarrollo de las personas.” ( ) El planteamiento me parece absolutamente razonable, pero ¿como piensa materializarse? En el proyecto de Ley enviado al parlamento por el ejecutivo para modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se propone la creación de las Areas de Desarrollo Urbano Condicionado, en terrenos de una superficie no inferior a 100 hectáreas, y cuyos proyectos consultarán simultáneamente la urbanización junto con las obras de construcción. A modalidad de desarrollo, se le impone la obligación de incorporarr con una cuota de viviendas económicas (inferiores a un valor de 1000 UF) y de viviendas sociales. En total estas viviendas deben comprender no menos de un 20% del total de unidades proyectadas, de las cuales las sociales deben ascender a un mínimo del 5%. Esta disposición pareciera señalar la intención de combatir la segregación social, pero una vez mas se descansa en la iniciativa de las grandes compañías inmobiliarias, las únicas capaces de emprender proyectos sobre 100 hectáreas. ¿Porqué el MINVU se limita a establecer normas y no actúa directamente? ¿Qué sentido tiene generalizar la obligación de construir viviendas sociales en todas las nuevas áreas de desarrollo? Lo probable es que no exista demanda de vivienda social, o que sea muy reducida en determinadas zonas de la ciudad, y que en otras -en cambio-esta demanda sea mucho mayor que un 5% Por otra parte, hay municipios como La Pintana, resueltos a impedir la construcción de nuevas viviendas sociales en su territorio, incentivando proyectos destinados a sectores medios, a fin de equilibrar la estructura social de la comuna. ¿Qué ocurrirá en este caso? El Minvu tiene registradas todas las postulaciones de vivienda y sabe perfectamente donde están situadas sus aspiraciones de localización. Si realmente desea satisfacer las demandas de los postulantes en determinadas áreas de la ciudad, no veo razones que le impidan adquirir directamente los predios necesarios para cumplir con ese objetivo, y convocar después a licitaciones para la construcción de las viviendas. Termino afirmando que para extender el Derecho a la Ciudad a todos los ciudadanos, es indispensable recuper un aparato estatal capaz de planificar el desarrollo urbano, fijando una política respecto al suelo urbano que lo haga accesible, -donde sea necesario- a todos los sectores sociales.