Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 30 de abril de 2008. Últimamente hemos tomado conocimiento de que el extenso terreno que entrega a la megalópolis servicios ambientales situado justo al sur del ex aeropuerto Los Cerrillos y definido como cono de aproximación se incorpora en plenitud al área urbana. Ya dimos a conocer (La Nación, 25/02/08) los efectos negativos de la expansión de la ciudad. Ahora entregamos otros antecedentes que desaconsejan esta iniciativa del Ministerio de Vivienda, porque contradice la política ambiental. Los proyectos de desarrollo urbano condicionado (PDUC) están reglamentados en el artículo 8.3.2.4 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Este tipo de planes se ejecuta en aquellos terrenos periféricos de 300 hectáreas agrícolas, con densidad de 85 habitantes por hectárea e incluye la construcción de cualquier clase de viviendas, también sociales. Esto considera a once comunas de Santiago y las zonas urbanas de desarrollo condicionado (ZUDC) de la provincia de Chacabuco. Sin embargo, este sistema no contempla garantías reales que caucionen los incumplimientos de las obligaciones que impone el Estado a los privados que hacen negocios inmobiliarios según esta figura. Lo mismo pasará ahora con la nueva expansión que se pretende realizar, lo que configura un hecho grave. Sabemos que el ministerio ha enviado al Congreso un proyecto que sí incorpora las "condiciones" y las respectivas fianzas por las mitigaciones para evitar que Moya pague las externalidades negativas. También se debe saber que hoy, en cualquier territorio rural del país y sin ninguna compensación, se pueden levantar conjuntos habitacionales de hasta mil unidades de fomento por vivienda debido a la desafortunada aprobación parlamentaria acaecida hace unos seis años. La ministra de Vivienda ha dicho que este crecimiento horizontal en diez mil hectáreas se promueve para "solucionar" los problemas derivados del PRMS de 1994 y asegura que, entre otros, la falta de infraestructura, la perversa segregación y los daños ambientales y urbanos se deben a ese instrumento normativo. No compartimos estas aseveraciones. Si nos hubiéramos ceñido de modo escrupuloso a las normas, como a las 140 medidas del PPDA de 1998, la calidad de vida en la región sería sustancialmente mejor que la actual. Algunos alcaldes se oponen a la expansión y otros, como Alberto Undurraga, de Maipú, desconocen el proyecto pese a que el ministerio ha sostenido que está procediendo con transparencia y participación ciudadana. Hace unas semanas, nuestra fundación fue recibida por la ministra para conversar acerca de esta materia. Queríamos saber cuáles eran los terrenos seleccionados por el ministerio que se beneficiarían con la modificación del uso de suelo y nos contestó que no sabía, porque el proyecto se encuentra en una etapa muy preliminar: sabemos que esta decisión ministerial es una respuesta a diversas solicitudes de privados y que no todas fueron acogidas. Últimamente hemos tomado conocimiento, por la prensa, de que el extenso terreno que entrega a la megalópolis los necesarios servicios ambientales (corredor de ventilación) situado justo al sur del ex aeropuerto Los Cerrillos y definido como cono de aproximación de esa instalación, se incorpora en plenitud al área urbana, entregando cuantiosas plusvalías a sus dueños, entre ellos una conocida inmobiliaria, que posee 35% de la superficie total. Estamos en desacuerdo con estos regalos que el Estado hace a algunos privados y reiteramos que se debe legislar para que el fisco capture un porcentaje de las ganancias producidas como consecuencia de las decisiones del aparato público en los cambios en las normas de edificación y las modificaciones en el uso del suelo rural a urbano como, asimismo, en las recurrentes desafectaciones de áreas verdes públicas o privadas para negocios de construcción. Valga la ocasión para destacar que echamos de menos la oposición a este cambio en las reglas del juego del PRMS de parte de los parlamentarios de la bancada verde y más aún observamos con incredulidad que los legisladores que representan a las regiones no suscriban un proyecto de acuerdo transversal dirigido a la Presidenta Bachelet expresando que Chile se debe desarrollar con equidad territorial y que el crecimiento centralista que postula el ministerio va en la línea contraria.