Defendamos la ciudad

Editorial de El Mostrador, 23 de abril de 2008. En medio de un ambiente político mediocre y enrarecido, el nuevo secretario regional ministerial (Seremi) de Vivienda dio a conocer una propuesta de modificación del Plan Regulador Metropolitano, que implicaría ampliar el radio urbano de la ciudad en alrededor de 11 mil hectáreas, de las cuales más de 9 mil son actualmente rurales. Tal propuesta, que ha pasado casi desapercibida, viene a confirmar que el gobierno de la ciudad se encuentra a la deriva. Antes de que su funcionamiento asimile los enormes cambios originados en la vialidad urbana concesionada, y de normalizar su transporte público luego de un caótico cambio de sistema, las autoridades ya plantean su expansión, que sin duda traerá nuevos problemas de servicios, congestión y contaminación. La propuesta, que debe ser aprobada por el Gobierno Regional Metropolitano, plantea un crecimiento dirigido hacia La Pintana, Puente Alto, San Bernardo, Maipú y Quilicura, sectores con enormes deficiencias de conectividad, infraestructura social y de servicios. Por lo que tal expansión, que eventualmente pudiera satisfacer las expectativas de grandes inversionistas inmobiliarios, no queda claro en qué beneficiará a la ciudad. La iniciativa se caracteriza por su enorme extensión territorial. Tiene su antecedente en la acción libre de las fuerzas del mercado a fines de los años 70, que no contó con un modelo de crecimiento compacto y careció de preocupación por su densidad, cuyo promedio de habitantes por hectárea es uno de los más bajos en las ciudades del mundo. La deficiente regulación y la falta de una planificación sostenible en el largo plazo determinaron que el crecimiento de Santiago se tornara rápidamente en un problema estructural, al “urbanizar” grandes cantidades de los mejores terrenos de cultivo, mientras las áreas centrales y pericentrales quedaron escasamente pobladas y con dotaciones de infraestructura con deterioro creciente. Ello tuvo serias consecuencias en la segregación espacial, social y funcional de la ciudad, y en el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes, particularmente por carencias de infraestructura y servicios en lugares apartados. Ejemplo de ello es el alto costo económico y de tiempo que tiene el transporte para la población más pobre. La ciudad genera más de 8 millones de desplazamientos diarios, de los cuales un tercio se realizan por razones de trabajo y otro tercio por razones de educación, siendo muy largos debido a las distancias y la ubicación disfuncional de las viviendas en relación a las actividades. A ello se agregan altos índices de contaminación ambiental, y deficiencias en las actividades sociales, recreativas y culturales de la ciudad, ya sea por carencia de infraestructura o de tiempo. Ante la constatación de esta realidad, no queda claro qué pretende la autoridad con su propuesta actual. Sobre todo porque, además, ya existen normativas que facilitan la ampliación de la ciudad, a condición de que se cumplan determinados requisitos de mitigación, lo que hace innecesario y ambiguo volver a un instrumento tan antiguo como la ampliación del límite urbano. En 1997 se crearon las zonas urbanas de desarrollo condicionado (ZUDC), mediante las cuales –al menos en teoría- el desarrollo inmobiliario quedaba sujeto al pago de grandes obras de infraestructura vial por parte de los propietarios beneficiados. El año 2003 se volvió a introducir un cambio al autorizar los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), también con exigencias de mitigación a través de costos y estándares de urbanización que obligaban directamente a los inversionistas. Es decir, se garantizaba –ello sigue vigente- que el poblamiento de la periferia no ocasione problemas al resto de la ciudad, y pague sus impactos, ya sean viales o ambientales, en la propia ciudad. Por esta vía, además, se disminuía la discrecionalidad de la autoridad para determinar qué terrenos serían beneficiados por el cambio de uso de suelo. La actual propuesta vuelve atrás en esta materia. Carlos Estévez, Seremi de Vivienda, ha declarado públicamente, no se sabe si creyéndolo o no, que la iniciativa permitirá convertir a Santiago “en una ciudad más verde, integrada y competitiva”, con claros objetivos de integración social, sustentabilidad ambiental, conectividad y consolidación de subcentros urbanos. Y ha agregado, en un colmo de optimismo mediático, que se garantizará “la participación ciudadana a través de gremios, municipalidades, universidades” para estudiar posibles cambios a la iniciativa gubernamental. Lo que no queda claro, y genera suspicacias, es cómo se hará todo esto. Al efecto, tienen que coordinarse 13 organismos públicos diferentes superpuestos, y ello en un ambiente de clara desconfianza ciudadana ante la ausencia de información de fondo. Y, no puede dejar de agregarse, en una situación aún caótica en los desplazamientos por la ciudad. Posiblemente aquí hay trabajo para la modernización del Estado planteada por el Ministro Pérez Yoma.