Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en La Nación, 17 de abril de 2008. La opinión pública está en conocimiento que muchos privados levantan viviendas sobre las cotas máximas definidas en el instrumento normativo urbano metropolitano y por ello celebramos que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ante las denuncias de particulares respetuosos de las normas vigentes, esté empeñado en hacer valer las reglas. Tenemos conocimiento de que a partir de sus atribuciones, ha iniciado acciones judiciales en contra de algunos que han construido sobre la cota 1.000 msnm en la comuna de Lo Barnechea y en contra de otros que han loteado terrenos del bosque esclerófilo en la cima del cerro Lo Curro, en la comuna de Vitacura. Lo más decidor es que en el primer caso los dueños de las construcciones lo han hecho sin contar con los permisos de edificación de la Dirección de Obras de Lo Barnechea y los segundos, sí han contado con los permisos de la dirección de Vitacura. Esto nos indica que el despelote del cual nos hablaba el contralor general es una realidad pero no en todas partes. Nos preguntamos por qué una municipalidad procede apegada a la ley y la otra, con manga ancha para posibilitar buenos negocios. Debemos dejar en claro que nuestra fundación está denunciando desde hace años este tipo de violaciones en todos los organismos públicos sectoriales y aparentemente el Ministerio de Vivienda ha entrado en razón, porque en el último caso llevado a la Contraloría General de la República expresó hace poco que se desistía de apoyar una subdivisión predial de un fundo de 400 hectáreas localizado sobre la cota 1.300 en la zona precordillerana de Lo Barnechea, la más apreciada por los loteadores brujos. La semana pasada nos reunimos con el presidente del CDE, Carlos Mackenney, para presentarle situaciones anómalas en el ámbito urbanístico, con la idea de que el consejo tome cartas en el asunto. Le entregamos la documentación asociada al intento de una inmobiliaria de usar un terreno fiscal del Metro de Santiago, con el que obtenía en el plano los metros cuadrados necesarios para que su proyecto de edificación en Las Condes se acogiera a la figura de conjunto armónico. Esto le permitía obtener una mayor altura e incrementar el coeficiente de constructibilidad. Esta irregularidad se la habíamos informado previamente al Conservador de Bienes Raíces de Santiago y a otras instancias, pero sin lograr avances en la investigación, porque este tipo de asuntos son considerados delicados y el establishment estima inapropiado detectar las trampas que se cometen en la actividad productiva que absorbe mayor mano de obra. También le dimos a conocer a Mackenney una transacción comercial de un área verde en la comuna de La Reina cuyo vendedor era el Ejército y el comprador, la municipalidad respectiva. Posiblemente por desconocimiento de los que intervinieron en el negocio se pretende cambiar el uso de suelo de un tramo del Parque Canal Las Perdices, tipología denominada Parque Intercomunal en el Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación del PRMS, área que está protegida por la legislación ambiental dado el déficit de zonas verdes que tenemos en esta región. Este caso, con anterioridad, se lo habíamos informado por escrito al comandante en jefe del Ejército para que iniciara en su institución el sumario administrativo que corresponde, porque en la operación comercial existieron una serie de "desinteligencias" sospechosas, que deben ser aclaradas. Le pedimos al presidente del CDE que se hiciera parte en la denuncia formulada ante el Ministerio Público por el concejal Hugo Unda de Las Condes contra aquellos que se coludieron con el propósito de que las inmobiliarias pagaran menores derechos municipales por los atributos de sus construcciones. Los pícaros llegaron al exceso de reemplazar el formulario de cobro fijado por la autoridad central competente y por ello están siendo investigados por la Brigada de Delitos Económicos. Estamos seguros de que en los casos descritos el CDE asumirá su rol en defensa del interés público.