Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nacion, 26 de marzo de 2008. En Chile se construyen cada año unas 125 mil viviendas. La recuperación del IVA por una vivienda social de 500 UF es de 47 UF y por una de 10 mil UF es de 645 UF. La industria inmobiliaria, liderada por la Cámara de la Construcción, fue convincente en su espectacular lobby destinado a que el Gobierno modificara su proyecto sobre el término de la exención del IVA en las viviendas de buenos estándares de edificación. Así fue como se aprobaron cifras distintas a las previstas en la propuesta original. Ahora se mantendrá la franquicia para todas las viviendas de hasta tres mil unidades de fomento (UF) y de este precio hasta las cuatro mil 500 UF se contempla un descuento fijo de 225 UF. Entonces, sólo las obras residenciales de un costo superior a los 90 millones de pesos considerarán íntegro este tributo. El 17 de marzo pasado expusimos ante la Comisión de Hacienda del Senado apoyando la mantención de la franquicia hasta las dos mil UF y el cobro de IVA para las que se encuentran desde cuatro mil UF hacia arriba. Planteamos a los senadores que el cambio legal, aunque meritorio, debía perfeccionarse con la idea de que en los próximos meses se definieran criterios más equilibrados en el ámbito tributario. Constituye una burla conservar la exención del IVA a la oferta de viviendas, porque este mecanismo sólo beneficia a las empresas inmobiliarias y distorsiona una correcta asignación de recursos, debido a que los agentes económicos, al no existir reglas impositivas parejas para todos, desvían sus inversiones hacia los sectores comerciales que ofrecen unas mayores garantías de rentabilidad. Como hasta ahora las viviendas nuevas que se ofrecen en el mercado no pagan IVA, todos aquellos que pertenecen al 5% más poderoso de nuestro país se dan el lujo de comprar residencias subsidiadas en la nieve, en el lago, en la playa y en las zonas agrícolas para ir los fines de semana a sus parcelas de agrado. También compran casas en las ciudades para arrendarlas, porque estos rentistas, si los inmuebles se consideran "viviendas económicas" DFL2, cuentan con la garantía de no incorporar los ingresos monetarios que ellas les generan en la declaración anual de sus impuestos. Enterados de esta inequidad, que también es conocida por los parlamentarios, por quienes se desempeñan en el aparato público y por todos los que se desenvuelven en el mundo de los negocios, en la Comisión de Hacienda propusimos una modificación tributaria de fondo, de modo que el Estado, cumpliendo su rol, colabore sólo con las personas más vulnerables y con quienes lo requieran. Planteamos a los integrantes de este grupo parlamentario que resulta una medida indispensable focalizar el subsidio a la demanda, mediante un bono cuyo monto debe relacionarse con el precio de la vivienda y por una vez a cada receptor, sólo para las personas naturales que adquieran viviendas para ser ocupadas por ellas. El propósito es que todas las residencias estén afectas al IVA, entre otras cosas con el objetivo de evitar las utilizaciones engañosas con la emisión de facturas. En Chile se construyen cada año un promedio de 125 mil viviendas y hasta ahora la recuperación del IVA correspondiente a una vivienda social de 500 UF alcanza a 47 UF, en circunstancias que para una vivienda de 10 mil UF alcanza a 645 UF. Luego, el Estado ayuda en casi catorce veces más a quienes no necesitan el subsidio (sic). Esta abismante diferencia desmiente la oportunista aseveración de "ayudar a la clase media" propalada por los promotores del mantenimiento de la exención tributaria. En todo caso y para que se adopten las decisiones que correspondan, informamos que los decisores políticos cuentan con un estudio en donde se concluye que del total de la exención tributaria del IVA aplicada a las empresas constructoras, sólo 19,4% de ese monto benefició a los compradores de viviendas sociales, 34,7% a sectores de ingresos medios y 45,9% a los adquirentes de residencias que podríamos calificar de lujo. Así las cosas, esperamos que el Gobierno y la oposición, en función de mejorar y hacer más justa la tributación, acuerden las modificaciones legales para terminar con el enriquecimiento ilegítimo de la industria, centrando el subsidio -vía bono- a los demandantes de viviendas, incluso manteniendo el beneficio adicional que tienen todos los compradores que se acogen a créditos hipotecarios, con lo cual descuentan de sus declaraciones anuales de impuestos una parte de los doce dividendos mensuales por todo el período del servicio de la deuda.