Defendamos la ciudad

Columna de opinión del arquitecto Miguel Prieto de la Agrupación Defendamos la Ciudad. A través de la historia se han estimado diferencias importantes entre las normas morales y las jurídicas, aunque ambas tienen como objetivo regir la conducta humana. Las pautas morales, buscan la elección del bien común como valor supremo de la ética mientras que las normas jurídicas, que también tienen valoraciones éticas, tienen como objetivo final que la conducta del hombre esté dentro de los valores de la justicia. Esta idea doctrinal, ha ido evolucionando al considerar que tanto las normas morales,como las jurídicas, están sustentadas por valores compartidos, además de tradiciones, realidades y cultura lo que ha hecho necesario normar principios de conducta ética en convenios internacionales y en leyes especiales. La indiscutible necesidad de lograr en el menor plazo posible la modernización del Estado en Chile, para responder a los desafíos de un mundo globalizado y el desarrollo de una efectiva lucha contra la corrupción, fundamenta la consideración del Estado como una persona moral emergente de un fenómeno de tipo social y consiguientemente, establece que la personalidad moral del Estado no es una ficción, porque está respaldada por una Realidad Social, que es la idea del bien público, que permite considerar a éste como una persona moral o colectiva, distinta de las personas individuales que la integran como requisito indispensable que nos enseña la realidad moral. Igualmente importante, es averiguar cual es el fin del Estado como una comunidad inserta en el orden moral o ético, por ello no es errado sostener que el fin del Estado surge de un orden natural, cuyo objetivo principal debe ser el bien común, que apunta a la vida en comunidad para satisfacer plenamente las necesidades del hombre. El bien común o público, es el que nos lleva al análisis integral de los ciudadanos de un Estado, porque concierne a la masa total de individuos y grupos sociales, incorporados dentro de una generalidad que es el objeto de la justicia social. No obstante de la sustentación doctrinal antes mencionada, es válido preguntarse si en un mundo globalizado económicamente, cuyos resultados han dado lugar a un incremento inaceptable de pobreza crítica y del desempleo, ¿es posible buscar como ideal el bien común como objetivo de Estado, cuando lo inmediato es tratar de subsanar las necesidades básicas de la mayoría de los latino americanos? o, debemos limitarnos a que los actores principales de los esfuerzos asuman a fondo las responsabilidades éticas que les competen, pidiendo ética en el liderazgo político, compromiso de servicio íntegro de los funcionarios públicos y comportamientos éticos en toda forma de organización civil que inmediatamente debe ser afrontado por los Servidores Públicos integrantes de la Administración Pública”, considerada como un sistema que tiene por finalidad el dirigir y coordinar la actividad del Estado para la obtención de los objetivos que se ha propuesto para el beneficio de la Nación. Y es precisamente en beneficio de Chile y de toda Latinoamérica, cuya realidad compartida de índices de miseria y desocupación, nos obliga a luchar en forma conjunta contra la corrupción y otras prácticas anti-éticas de exclusión social, reformulando nuestros planteamientos, hacia fines, aspiraciones y beneficios comunes, guiados por fundamentos éticos que deberían estar incorporados en una normatividad que considere la creación de un organismo dedicado exclusivamente a luchar contra la corrupción y que proponga a futuro,una Ley de Etica para el Ejercicio de la Función Pública. La corrupción, cuya equivalencia es la destrucción de los sentimientos morales de los hombres; se presenta mediante hechos en todos los ordenes de la vida nacional, pero fundamentalmente en lo económico y político, lo que ha dado lugar a la aparición con caracteres alarmantes de una crisis estructural de orden moral que socava los principios mismos de la credibilidad y confianza en el sistema democrático. La corrupción pública, que es la que me interesa a los fines del presente artículo se materializa en la falta de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública. Sus características señalan, que toda acción corrupta es una violación de una norma legal, realizada para obtener un beneficio personal estando en ejercicio de una función pública que busca ser encubierta por el responsable; en síntesis, la corrupción es una manipulación o trasgresión encubierta de las normas que rigen una determinada organización, con la finalidad de obtener un ilegal beneficio y, por consiguiente, involucra a importantes decisiones que son tomadas por motivaciones ajenas al bienestar colectivo, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que pueden producir para el resto de la sociedad.