Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario Estrategia el 06 de marzo de 2008. El Congreso Nacional resolverá si las empresas constructoras continúan beneficiándose con la exención del IVA en las viviendas, a la luz del proyecto del gobierno que limita esta franquicia solo para las que tienen precios de hasta UF 2.000, reduciendo gradualmente el subsidio hasta UF 4.000. De esta cifra en adelante todas las casas o departamentos nuevos que se vendan se verán afectadas al pago de IVA, mismo tributo que tienen todos los otros bienes y servicios que se transan en el mercado. Es decir, las personas naturales que dispongan de los capitales necesarios podrán seguir comprando las viviendas que deseen, de precios medios, situadas en comunas como Santiago, Providencia, Ñuñoa o Las Condes y continuarán aprovechando la referida exención total o parcial. Como vemos, estamos ante una franquicia que el Estado le otorga a la oferta y como los menores ingresos fiscales son cuantiosos sostenemos que la regalía se debería orientar a la demanda, pero no para todos los demandantes, sino para aquellos que requieran esta asistencia económica. Para que el mercado de la vivienda funcione adecuadamente, lo deseable sería terminar en un plazo prudente de tiempo con esta exención del IVA para todas las viviendas, sin importar sus precios y estableciendo bonificaciones diferenciadas para los compradores de unidades de hasta UF 4.000. Pero para que haya justicia social y redistribución, esta ayuda a la demanda debiera ser para aquellos que no sean rentistas, es decir, quienes tendrían derecho a recibir por una sola vez ese beneficio serían aquellos que vivan en su propias casas. Si el gobierno y las coaliciones políticas entiendan que este tipo de subsidio se debería focalizar para quienes efectivamente lo requieran y no para la industria, se le simplificaría enormemente la labor de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos (SII) y se terminaría con el comercio irregular de facturas emitidas por quienes venden insumos de construcción para que otros aprovechen el descuento del IVA, fraude muy conocido y tolerado porque es difícil su control. Ahora, si se desea abordar integralmente esta materia, también más adelante se debería terminar con la figura de las “viviendas económicas” DFL2 de 140 m2 construidos, las que se amplían después de que son recibidas por las direcciones de obras municipales, porque a su amparo se distorsiona la correcta asignación de recursos en una economía de libre mercado como la nuestra.