Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 26 de febrero de 2008. En el último tiempo, la opinión pública ha tomado conocimiento de que la autopista Vespucio Sur, cuyo titular es la empresa española Sacyr, pone en riesgo la seguridad de los conductores de vehículos, porque en diferentes tramos no existen mallas que impidan el ingreso a sus calzadas de peatones imprudentes. También se objeta la ausencia de limpieza en sus costados y la carencia de áreas verdes materializadas. En el dictamen Nº 12109 del 16 de marzo de 2006 de la Contraloría General de la República, se dejó en claro que el titular de esta obra vial, contando con la ayuda del poderoso MOP y la inocua Conama, no sometió su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para así evitarse el costo económico que significaban las compensaciones y obras de mitigación a favor de las comunidades afectadas por su trazado. Estos globalizados conglomerados comerciales no tienen en sus países de origen este tipo de comportamientos: se aprovechan de la blandura y de la necesidad de inversión que tienen los países del tercer mundo para actuar de esta manera. Para justificar el proceder antisocial del titular de la concesión, el inefable MOP adujo que el proyecto de su regalona no era una autopista, sino que era una simple autovía, ardid semántico con el cual la empresa extranjera quedaba liberada de esa “engorrosa” tramitación ambiental, ya que sólo las autopistas ingresan al SEIA. En su dictamen, la Contraloría fue muy explícita al señalar que con este juego de palabras (autovía versus autopista) se vulneraron las normas legales del SEIA, ya que no se midieron y calificaron los riesgos de carácter ambiental inherentes a la ejecución del proyecto, concluyendo que los criterios empleados por los organismos estatales no se ajustaron a derecho, situación grave que debió haber sido sopesada a tiempo por el gobierno de continuidad de Michelle Bachelet, quien se comprometió a reordenar la feble institucionalidad ambiental. Los vecinos perjudicados con esta trampa del Gobierno han expresado públicamente que han sido sometidos a ambientes saturados de contaminantes atmosféricos cancerígenos y acústicos, lo que los ha llevado a daños irreversibles tanto para la salud mental como física. También han expresado que ha sido inhumano el trato que ese ministerio (MOP) les ha dado y por ello, en su oportunidad, “entregamos todos los antecedentes del caso a la comisión de Derechos Humanos de la ONU”. Nosotros no sabemos si han procedido en tal sentido, pero el hecho concreto es que el MOP, bajo la conducción de Carlos Cruz, tuvo un comportamiento despreciable, no sólo porque se infringió la ley sino que, a sabiendas, se perjudicó a la comunidad. Está claro que no estamos hablando de falta de fiscalización por parte de un servicio público, sino que lisa y llanamente la Unidad de Concesiones del MOP y el propio ministro de la época fueron cómplices del concesionario para reducir el costo de su obra caminera dentro de la ciudad. Ello es demostrativo del espíritu maligno que animan a estos gobiernos de la Concertación, cuyo exclusivo norte es quedar bien con los grandes inversionistas foráneos. Nosotros nos preguntamos: ¿por qué estas vergonzosas situaciones no tienen coberturas de prensa, ni menos son investigadas por comisiones de diputados? El esclarecedor documento mereció una solicitud de reconsideración por parte del MOP, la cual fue desestimada por la Contraloría en dictamen Nº 7.634 del 15/02/07 al respecto señalar que “se ratifica en todas sus partes el criterio manifestado en el dictamen Nº 12.109, de 2006, en orden a que el proyecto Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78, Av. Grecia, debe someterse al SEIA, sin perjuicio de las medidas y acciones implementadas para mitigar los impactos generados durante la construcción y explotación de la obra”. Un año después de esta nueva resolución de la Contraloría, el MOP continúa haciéndose el leso, ya que en estos días hemos revisado la página web de la Conama y nos hemos encontrado con la ingrata sorpresa que el titular de la autopista, aún no ingresa su obra vial al SEIA, lo que significa que con el decidido apoyo de su “padrino” está actuando en rebeldía contumaz. Los abogados de esta dupla saben que los pronunciamientos que emite la Contraloría revisten fuerza obligatoria para los órganos de la administración del Estado. El MOP actuó muy mal al pretender simplificar con ardides la tramitación de ese proyecto vial y en tal sentido esperamos que el nuevo ministro, Sergio Bitar, imparta inmediatamente las instrucciones respectivas para que la empresita Sacyr cumpla a cabalidad la ley de Bases del Medio Ambiente. No quisiéramos pensar que el MOP no ejercerá sus facultades ante Sacyr, consorcio constructor que está ejecutando otras autopistas en Santiago, ya que debe entender que si mantiene su lenidad se configuraría una situación gravísima al estar en tela de juicio el contrato de concesión suscrito por las partes y cualquier ciudadano estaría en condiciones de iniciar acciones de nulidad de derecho público, solicitando las penas del infierno en contra de esta curiosa asociación público-privada.