Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación “Defendamos la Ciudad” , publicada en El Mostrador el 18 de febrero de 2008. Hace unos años las empresas distribuidoras del gas licuado se unieron y dieron origen al consorcio Metrogas, para traer a nuestro país el gas natural que Argentina producía a raudales en aquella época. Este gas era muy barato y tiene la virtud de contaminar muy poco, razones suficientes para que esos “visionarios” empresarios armaran el negocio en la creencia de que el suministro de este tipo de gas sería permanente. Los ex presidentes Menem y Frei fueron actores relevantes en ese acuerdo comercial que, según decía la prensa, hermanaba a los pueblos de Argentina y Chile. Transcurrió el tiempo y los argentinos mejoraron sus condiciones de vida y por lo tanto consumieron más, lo que significó que la oferta del preciado gas natural se orientó al consumo interno de ese país, lo cual es de toda lógica. Es decir, en Chile hemos estado recibiendo menos combustible del que necesitamos, lo que ha generado un problema de proporciones sin que se avizoren soluciones en el corto plazo. Nos jugamos por depender de Argentina con la estúpida convicción que el envío ese necesario elemento estaba asegurado y como carecemos de sanas políticas energéticas, estamos con el agua hasta el cuello. Hubo aisladas voces que objetaban la dependencia, pero los economistas del sistema, es decir, los oráculos de la modernidad, pagados por Metrogas, los acallaban con palabrería vacua pero “convincente”. Y así fue que tal empresa necesitó disponer de una nueva planta de respaldo de gas propano-aire para que funcione en los períodos críticos: su emplazamiento estaba previsto en la comuna de Las Condes, ya que los mayores usuarios del gas natural se encuentran en esa zona de la ciudad, pero como se trata de una instalación peligrosa y los que mandan en Chile residen en esta comuna, se desechó la idea de construirla allí. Metrogas decidió motu proprio construirla en el sector alto de la comuna de Peñalolén, a pesar de que ya contaba con todas las autorizaciones para levantarla en un predio apto de la comuna de Puente Alto. Privilegió esta opción por razones de orden económico y no le importó mayormente que el frágil terreno elegido estuviera definido como Área de Preservación Ecológica, que no admite la construcción de ese tipo de industrias. Como el terreno estaba asignado al Ejército, el gobierno tuvo que intervenir para que esa rama de las Fuerzas Armadas se lo cediera por 20 años a la empresa gasífera. En todo caso, y suponemos que el gobierno no lo sabía, ya existía un compromiso previo formal de entregarle el terreno al Centro de Educación Ambiental Cantalao, que dirige la distinguida botánica y ambientalista Adriana Hoffmann. El Ejército, presionado por el gobierno, desconoció su palabra y transfirió el predio a Metrogas y para tranquilizar a Adriana se le compensó con un terreno cercano. Dado que era evidente la violación al marco regulatorio urbanístico vigente en la Región Metropolitana, dos días después (a fines de mayo del 2007) que la Corema hubiera autorizado provisoriamente el inicio de obras preliminares en dicho predio, presentamos con la compañía de vecinos que habitan en ese sector, una denuncia en la Contraloría General de la República, solicitándole la anulación de tal acto administrativo por las razones ya conocidas. El alcalde de Peñalolén también recurrió a la Contraloría objetando el proceder de la Corema y lo mismo hicieron los dos diputados del distrito. El ente fiscalizador elaboró un completo estudio técnico-jurídico de la situación y concluyó que esa obra no se puede construir en el terreno en cuestión porque el uso de su suelo no es apto para aquello, tal como lo ordena el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Y así fue como Metrogas, que ya había entregado sus puntos de vista en la Contraloría, hizo caso omiso del dictamen y presentó un recurso de protección en la 3ª sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual, después de un tiempo, falló a favor de Metrogas, pero sin analizar el fondo de la materia, razón por la cual y dada la apelación de los abogados de la Contraloría y del propio alcalde Orrego, la causa se encuentra radicada en la Corte Suprema, la que tendrá que resolver -suponemos- a mediados de marzo próximo. El jueves 14 de Febrero pasado sesionó la Corema para calificar el incompleto Estudio de Impacto Ambiental del titular del proyecto, a pesar de que, como todos sus integrantes sabían de antemano, el emplazamiento de la obra en ese lugar era inapropiado. Recordemos que Metrogas inició una campaña del terror en cuanto a que si no le permitían la construcción de su planta de respaldo en ese terreno, los habitantes del sector oriente de la ciudad iban a sufrir las consecuencias y el inocente gobierno de turno, desinformado como ha sido habitual, apoyó la posición de la empresa privada. Es más, algunos ministros hicieron lobby, tal como lo publicó El Mostrador.cl, para que la municipalidad de La Reina visara unos permisos para enterrar tuberías en la Av. Las Perdices que se conectarán a la planta. La sesión de la Corema, en la cual estaban presente, entre otros, Arturo Didier, de Defendamos La Reina, y el incansable concejal Francisco Olea, fue patética y ahí pudimos constatar la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental. Todos los miembros de ese cuerpo colegiado, a excepción de uno, eran políticos de la Concertación y por ello la votación fue tan favorable a Metrogas. Solo los consejeros regionales Viveros (RN) y Morales (DC) votaron en contra y el consejero regional Urrutia (PS) se abstuvo. Votaron 19 y 16 almas piadosas obedecieron disciplinadamente la instrucción recibida del Palacio de La Moneda. El consejero Viveros, en su exposición, nos dio una verdadera clase magistral sobre cómo debe operar el sistema económico social de mercado, haciendo hincapié que el Estado no puede ser tan obsecuente con algunos actores del sector privado. Dentro de los entretelones de la agitada sesión, en la cual estaban los dirigentes vecinales de los condominios aledaños a la riesgosa planta, recordamos que el proyecto no contempla una vía de escape de emergencia, a pesar de que el Seremi de Transportes lo había exigido. Al respecto, Metrogas adujo que le era muy complicado ejecutar dicha vialidad alternativa y como no había que ponerle trabas a la empresa, se pasó por alto este vital requerimiento. El ingeniero Javier Urrutia, representante de los vecinos, describió con lujo de detalles los errores de la autorización provisional, quien demostró una serie de procesos irregulares cometidos por Metrogas. Quedó en evidencia la ausencia de planes de contingencia en la eventualidad de accidentes e incluso el Director del Tránsito de La Reina expresó que él no sabía nada del acomodaticio estudio de impacto vial. En un momento dado, los sustitutos representantes del díscolo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con fingida seriedad, expresaron que el Área de Preservación Ecológica no existe porque no está limitada y que esa repartición pública apoya sin reservas el discutido proyecto: ¡era que no! Revisando unos papelitos de ayuda memoria exclamaron que esa tipología está desactualizada (sic). Se les replicó que estaban equivocados rotundamente y que el dictamen de la Contraloría reviste fuerza obligatoria para todos los órganos de la Administración y que su falta de aplicación significa, ya sea el incumplimiento de lo allí resuelto, como la trasgresión del artículo 9º de la Ley Nº 10.336. Ahora esperamos que la Contraloría actúe ante esta falta de acatamiento de su dictamen, no sólo por parte de los funcionarios del Minvu, sino de todos aquellos que hicieron la vista gorda con las normas de la planificación urbana. Este luctuoso episodio nos demuestra una vez que estamos regidos por un sistema político autoritario que privilegia sólo los intereses económicos de los empresarios más gravitantes. Ahora sólo nos queda esperar el fallo de la Corte Suprema y ahí veremos si la máxima instancia del Poder Judicial restituye el Estado de Derecho.