Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman, publicada en diario La Nación el lunes 14 de enero de 2008. Las normas urbanísticas sobre el uso del suelo otorgan beneficios patrimoniales a aquellos propietarios de terrenos en los que los municipios permiten la construcción en altura. Al contrario, esto mismo genera perjuicios económicos a quienes tienen predios con una regulación restrictiva. Así son las reglas del juego de la planificación urbana, porque sería irracional que en todas partes existiese libertad para que cada uno haga lo que desee. A lo mejor, los apologistas del libre mercado llevados a su máxima expresión podrían estar de acuerdo con una política libérrima de este tipo. Lo anterior es con respecto a los actores que se desenvuelven en el mercado de los negocios de la construcción e inmobiliarios, quienes, aprovechando sus tradicionales buenas relaciones con las autoridades sectoriales, compran terrenos baratos por estar localizados en zonas de densidad baja o fuera de los límites urbanos. Los mantienen en engorda durante algunos años y luego, cuando se modifican los planos reguladores aumentando las condiciones de edificación o permitiendo construir, respectivamente, inician sus negocios. Estas cosas suceden porque en Chile el manejo privilegiado de la información técnica es la suprema regla para ser exitoso. Hace unos doce años se construyeron centenares de viviendas en la zona urbana alta de Peñalolén, en zonas que limitaban al oriente con una gran área de preservación ecológica, situada sobre la cota 900, reglada por las normas del PRMS, instrumento que ordena nuestra saturada megalópolis. Es decir, estos vecinos cuando tomaron sus decisiones de compra lo hicieron seguros de que los sectores de la precordillera se debían preservar en función del equilibrio y calidad del medio ambiente. Y también sabían que las actividades que allí se podían desarrollar eran científicas, culturales, educativas, recreacionales, deportivas y turísticas, con las instalaciones mínimas necesarias para su habilitación. Las reglas del juego vigentes hasta el día de hoy les otorgaron a esas familias unos derechos urbanos adquiridos por el imperio de la ley. Por eso, nos llama la atención el desenlace judicial que está teniendo el conflicto ocasionado por el interés de Metrogas y las autoridades sectoriales de que se instale una planta de gas propano-aire de respaldo sobre un terreno que el Ejército había cedido al Centro de Educación Ambiental Cantalao, que dirige Adriana Hoffmann, localizado justo en esa área protegida por el instrumento de planificación urbana que no admite ese tipo de industria. La Contraloría ya había dictaminado que el permiso ambiental que posibilitaba la iniciación de obras de la planta en un espacio equivocado era contrario a derecho, interpretando de forma correcta el texto de la ordenanza que le otorga a los planos reguladores facultad para autorizar las diversas instalaciones en los terrenos que cuentan con normas. La empresa gasífera hizo valer sus argumentos en la Contraloría, pero como le fue mal en esta instancia presentó un recurso de protección ante la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal autorizó el proyecto energético siempre y cuando la Corema apruebe el Estudio de Impacto Ambiental todavía en trámite. Los integrantes de esta sala, en un fallo dictado el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, adujo que la Contraloría carece de atribuciones para pronunciarse sobre el fondo de la legalidad de los actos administrativos, fórmula utilizada en otros tantos casos anteriores similares para impedir el control de la legalidad que ejerce el órgano fiscalizador. Es decir, la corte no demostró en su resolución que la Contraloría estaba equivocada al emitir su dictamen, sino que no podía ejercer su rol. No sabemos qué sucederá más adelante, porque el Consejo de Defensa del Estado ha apelado con razón ante la Corte Suprema. Lo que sí está claro es que estamos frente a una contienda de competencia que, necesariamente, tendrá que ser dilucidada por el Tribunal Constitucional o por el Senado. La ciudadanía espera que funcione el Estado de derecho, de modo que sean cumplidas a cabalidad las normas urbanísticas y ambientales que nuestras autoridades legislativas y ejecutivas han establecido.