Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, de la Fundación “Defendamos la Ciudad”, publicada en revista "Tecnología & Construcción" del portal www.seconstruye.com, 8 de enero de 2008 Un grupo de propietarios de casas construidas hace unos 35 años atrás frente a la Av. Escrivá de Balaguer, solicitaron a sus autoridades municipales que modificasen las normas de edificación porque contaban con interesantes ofertas de compra por sus inmuebles. Otros vecinos de la Av. Kennedy Oriente, en donde se localiza la antigua Villa El Dorado, apoyados estratégicamente por ciertas inmobiliarias que ya habían comprado terrenos, pidieron lo mismo. El Concejo Municipal de Vitacura aprobó sin más trámite estas propuestas “crecedoras”. Pero los integrantes de ese cuerpo colegiado se equivocaron porque la ciudadanía dijo no a esa forma de “modernidad” que iba a brindar gruesas plusvalías patrimoniales a la minoría que vendería sus propiedades. Por el contrario, la mayoría de los vecinos asumiría una minusvalía por sus casas, ya que éstas –las situadas enfrente de Escrivá– tendrían como telón de fondo hacia el norte un muro casi continuo de concreto conformado por los edificios proyectados. Los vecinos perjudicados con la iniciativa de sus autoridades se organizaron, revisaron la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades e hicieron lo que la opinión pública ya conoce: juntaron ante notario las firmas necesarias (correspondientes a un 10% de los inscritos en los registros electorales de la comuna) para obligar al alcalde Raúl Torrealba que convoque a plebiscito para zanjar el conflicto. El alcalde, un tanto molesto con el éxito logrado por los disidentes, los llamó “demagógicos” y “populistas” y señaló con singular aplomo que no iba a convocar a la elección porque desconocía un cierto número de firmas. Con esto los vecinos no llegaban al 10% exigido por la ley. Los contestatarios promovían la conservación de sus estilos de vida pacífica en base a que eligieron esa comuna como su lugar de residencia porque se le promocionaba como un solar de tranquilidad y áreas verdes de esparcimiento. Como las posiciones eran irreconciliables, el asunto fue zanjado por la Contraloría General de la República. Esta entidad le dio la razón a los vecinos: los futuros cambios urbanísticos en dicha comuna, tanto uso de suelo como normas de edificación, serán resueltos democráticamente. Dado que la ley impide estos plebiscitos en los años en que hay elecciones municipales, y en el 2008 las tendremos, este ejercicio se llevará a efecto en el transcurso de la segunda quincena de marzo de 2009, pese a que los habilidosos integrantes del Concejo Municipal querían hacerlo en enero de ese año, fecha en que la mayoría de los residentes están disfrutando de unas merecidas vacaciones. La ley dice que el resultado del plebiscito será vinculante sólo si votan el 50% de los inscritos. Es la primera vez que en Chile la ciudadanía, por su propia decisión, resolverá civilizadamente un asunto de la mayor trascendencia, lo que deberá servir de ejemplo para que en las otras comunas se haga lo mismo. Esto será más fácil de aprobar con las propuestas legales desarrolladas por algunos parlamentarios: incorporar en la Ley General de Urbanismo y Construcciones algunos artículos que describan en detalle cómo la opinión de los residentes de las distintas comunas será considerada en las modificaciones de los PRC. Por lo tanto, el futuro es promisorio si en el Congreso Nacional los diputados y senadores se allanan a aprobar los necesarios cambios legales que permitirán la participación ciudadana de verdad, y con ello, la consolidación del sistema democrático en el ámbito del desarrollo de las ciudades.