Defendamos la ciudad

Columna de Eduardo Engel, publicada en La Tercera, 6 de enero de 2008. ¿Inaugurar o fiscalizar?, ese es el dilema que enfrentan los ministerios sectoriales. Por una parte se espera que promuevan la actividad de su sector, por ejemplo, que la ministra de Vivienda inaugure complejos habitacionales, que la de Minería facilite la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros, que el de Obras Públicas corte una gran cantidad de cintas. Por otra parte, los ministros sectoriales deben fiscalizar los contratos de su cartera, exigiendo a los contratistas privados altos estándares de calidad y costos razonables. Las presiones para privilegiar la promoción son enormes. En primer lugar está el mundo político que desea tener un gran número de inauguraciones durante períodos electorales. Poco importa que las obras inauguradas se financien reduciendo el gasto en la conservación de obras ya existentes. También está el riesgo de captura del ministerio por parte de la industria del sector, llevando a que los proyectos seleccionados no sean los más beneficiosos para la sociedad y que el precio que se paga sea mucho más alto del necesario. Las actividades de fiscalización y regulación, en cambio, suelen ser poco atractivas para los ministerios sectoriales, pues la responsabilidad tras los incumplimientos contractuales muchas veces es compartida entre los privados y la autoridad política. Así, por ejemplo, el incumplimiento puede deberse, al menos en parte, a un contrato mal diseñado por parte del ministerio sectorial. Alternativamente, un diseño contractual poco prolijo permite al privado amenazar con hacer públicas las deficiencias contractuales si el ministerio ejerce su rol fiscalizador de manera estricta. El dilema fomento-fiscalización se resuelve separando estas actividades, por ejemplo, sacando la fiscalización del ministerio sectorial. Fácil en teoría, difícil en la práctica, porque tanto en el sector privado como en el mundo político existen actores poderosos opuestos a estas reformas. Es por eso que es digno de elogio, y merece todo el apoyo ciudadano, la creación de la Superintendencia de Obras Públicas que el gobierno ha propuesto recientemente al Congreso. Se trata de un organismo eminentemente técnico, con grados importantes de independencia del gobierno de turno. El superintendente será designado mediante el sistema de Alta Dirección Pública y tres de los cuatro consejeros serán designados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (cuyos miembros son designados por el Banco Central). Entre sus objetivos destacan velar por el cumplimiento de los niveles de servicio, tanto en obras concesionadas como en obras financiadas directamente por el MOP, promover y cautelar los derechos de los usuarios y emitir informes técnicos sobre las bases de licitación y convenios complementarios. Al saber que los contratos serán evaluados y fiscalizados por un organismo independiente, el MOP será más cuidadoso al diseñarlos. Y al saber que un ente independiente evaluará los convenios complementarios, las empresas tendrán mayores incentivos para hacer sus utilidades siendo más eficientes, más que aprovechando escenarios propicios para renegociaciones. La modernización del MOP va más allá de modificar la Ley de Concesiones y crear la Superintendencia de Obras Públicas. También es clave separar la formulación de la ejecución de políticas, protegiendo al ministerio de presiones cortoplacistas sobre cuáles proyectos ejecutar. Esto le permitirá el MOP concentrarse en desarrollar una visión de largo plazo respecto de las obras públicas que requiere el país. También es importante mejorar las remuneraciones de los profesionales del ministerio, asociando dichas mejoras a una gestión moderna centrada en el cumplimiento de metas. El MOP jugó un rol importante contribuyendo a que Chile duplicara su ingreso per cápita desde el retorno a la democracia. No obstante lo anterior, para alcanzar a los países desarrollados se requiere un ministerio similar al de aquellos países. No es casual entonces que fuera la Presidenta quien anunciara recientemente la modernización del MOP. Chile se lo merece. Luego de que la tesis del desalojo no diera los frutos esperados, la oposición ha optado por la tesis de la siesta, según la cual el gobierno está dormido en sus laureles, desperdiciando los años de bonanza para realizar las reformas que el país requiere para potenciar el crecimiento futuro. La modernización del Ministerio de Obras Públicas es uno de muchos ejemplos que desmienten esta crítica. Dicha modernización llevará a mejoras importantes de productividad, la cuales traerán consigo mayor crecimiento e, igual de importante, servicios de infraestructura de mejor calidad y a un menor precio. Eduardo Engel Department of Economics, Yale University Mail Address: Box 208268 Yale Station New Haven, CT 06520-8268 Courier Address: 28 Hillhouse Ave. New Haven, CT 06511 Tel: 203 432-5595 Fax: 203 436-2626 http://cowles.econ.yale.edu/faculty/engel.htm